A 50 días de que se hiciera cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade ha quedado a deber todo.

Ninguna de las tareas a las que se comprometió el día que el presidente Enrique Peña le tomó protesta se ha cumplido, según se informa en una nota del periódico Reforma.

La principal encomienda que le instruyó Peña fue que investigara si existía un conflicto de intereses en la adquisición de la llamada "Casa Blanca" a Grupo Higa y en la venta que el mismo consorcio le hizo a Luis Videgaray de una residencia en un club de golf en Malinalco.

Hasta el momento, la SFP no había informado del resultado o avances de esta indagatoria, la cual estaría dividida en tres fases.

La primera sería revisar todos los contratos otorgados a Higa en la Administración; la segunda, la revisión patrimonial de Peña, Videgaray y Angélica Rivera, y la tercera, determinar si los funcionarios que asignaron directamente los contratos incurrieron en alguna falta.

Asimismo, Peña encargó a Andrade crear una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, que aún no ha sido designada.

La SFP también ha incumplido la encomienda de emitir reglas de integridad, así como establecer protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.

Consultada por el diario Reforma sobre el tema, la SFP rechazó emitir un pronunciamiento.

Prometen aprobar sistema nacional anticorrupción

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa, previó que las reformas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción saldrán en tiempo y forma.

En conferencia de prensa, el también coordinador de la bancada perredista señaló que “el Sistema Nacional Anticorrupción va a salir”.

Sin embargo, refirió que como coordinador de los senadores del PRD estableció cuatro elementos a discusión: la inclusión del titular del Ejecutivo en las responsabilidades derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción; que la Auditoría Superior de la Federación sea un verdadero tribunal de cuentas; la no prescripción de los delitos derivados de actos de corrupción, y la extinción de dominio para bienes incautados por la persecución de esos delitos.

Aunque dijo: “No le vamos a quitar nada de lo que trae (la minuta), inclusive esa intención que hay de algunos gobernadores de que las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación, no fiscalice los recurso en los estados, de ninguna manera lo vamos a sacar, porque ya andan en las oficinas cabildeando”.

De acuerdo con otra nota del diario Crónica, respecto a los pendientes legislativos, el perredista poblano añadió que propondrá al presidente de la Cámara de Diputados  reunirse junto con los representantes de las juntas de coordinación política de ambas cámaras para determinar los temas a desahogar antes del 30 de abril.

Dijo que ha identificado 22 temas, sin detallarlos, de los cuales cuatro “difícilmente algún grupo aunque sea el partido en el poder, va a permitir sacar”, y propuso hacer en julio un periodo extraordinario de sesiones para sacar el rezago, ya que en el Senado hay unas cien minutas que enviaron los diputados y en Cámara de Diputados hay 151 minutas que envió el Senado.

En otro tema, Barbosa se refirió al fideicomiso para dar becas a estudiantes de la UNAM, que tendría una base de 50 millones de pesos, signado en diciembre del 2013, el cual, aseguró, “hay que clarificar”, ya que ni el fideicomiso ni el convenio que tuvieron se concretaron.

“Los senadores no podemos inventar fideicomisos, no podemos destinar el recurso que es para labores legislativas a propósitos que no sean los legalmente procedentes”, dijo Barbosa, quien añadió que la intención de reducir el sueldo a los legisladores y a recortar el gasto, lo procedente sería devolverlo a la Secretaría de Hacienda, “pero yo estoy explorando también que haya fines sociales como destino del recorte de los rubros en el presupuesto del Senado de la República”.