Mientras la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió realizar un análisis jurídico a la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, Senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM dijeron que el nombramiento del fiscal anticorrupción será postergado hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará en septiembre.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, el vocero de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez de la Garza, informó que, por decisión de los coordinadores, la minuta será revisada jurídicamente, dado que para aprobarla el Congreso de la Unión requiere de la facultad constitucional para la emisión de cualquier ley.

Facultad que por el momento en este tema no se tiene la certeza de ostentarlo, asentó, de ahí que será la Dirección Jurídica de la Cámara Baja la que señale si habrá de modificarse el artículo 73 de la Carta Magna.

“Se decidió que la Mesa Directiva de la propia Cámara de Diputados solicitará un análisis jurídico de la reforma en materia de hidrocarburos que nos llega por parte del Senado —esto debido a que se trata de una nueva ley—, para que se revise la constitución de la misma, de que no exista ningún vacío que pueda generar que las sanciones puedan ser impugnadas por inconstitucionalidad”, afirmó.

El priista sostuvo que la duda que existe por parte de los diputados sobre la nueva ley consiste en saber si tiene o no atribución constitucional para ser emitida por el Congreso, toda vez que la reforma trae consigo cambios al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales a nivel federal.

“Lo que se solicitó es un análisis para que no sea turnado a comisiones hasta que no tengamos este dictamen en lo particular, independientemente de que cada uno de los grupos parlamentarios empecemos a analizar alternativas. La preocupación es que posteriormente pudiera ser impugnada por inconstitucional”, acotó.

En tanto, el coordinador parlamentario del PRD, Alonso Raya, indicó que la minuta que ellos turnaron al Senado buscaba modificar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales para efecto de tipificar como grave el delito de robo de combustibles, y con ello tener la tipificación correspondiente en la ley.

“Ellos deciden en el Senado no atender la minuta que mandamos, sino hacer una ley general. Puede ser que tengan razón, nada más que la ley general implica que primero nosotros nos demos facultades para hacerlo, y esa facultad no la tenemos, por eso hemos modificado tanto el (artículo) 73, para darnos facultad en materia de educación, telecomunicaciones, pero no nos hemos dado la facultad en este rubro de reglamentar, por eso la opinión a jurídico”, añadió.

El líder perredista comentó que lo enviado por el Senado no se ajusta a la Constitución, y por ello es importante que el jurídico señale en qué situación se encuentra para poder dictaminar, pues desde su punto de vista, “no hay un respaldo para proceder en la dictaminación, por eso tenemos que modificar el artículo 73, para poder discutir la minuta”.

“Lo que nosotros planteamos era modificar al Código Penal y de Procedimientos para que la autoridad tuviese elementos para considerar delito grave el robo de combustible, que iban tipificados de tantos litros a tantos litros; en función de lo que robas están tipificados los delitos, pues hay una clasificación”, detalló.

Alonso Raya refirió que el análisis se hace con la intención de evitar que se piense o establezca, se diga o sospeche, que las Cámaras —tanto del Senado como de Diputados— “estamos protegiendo a los delincuentes que roban el combustible”.

Apuntó que el paso a seguir es “construir un acuerdo con ellos para convertir esa ley general en minuta, reformando el Código Penal y de Procedimientos, o meter una iniciativa que modifique la Constitución y más adelante considerar lo procedente”. “Estamos convencidos de no podríamos votar eso, hasta que no haya una modificación a la Constitución”

En tanto se lleva a cabo el análisis de la minuta, mañana se discutirá en el pleno un punto de acuerdo, sobre sancionar a todos los expendedores de gasolina que no estén despachando litros completos.

Dan largas al sistema anticorrupción

La falta de aprobación de reformas legislativas, como el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Transparencia y la iniciativa presidencial en materia de seguridad y justicia, así como la ausencia de acuerdos sobre los aspirantes a ocupar la fiscalía anticorrupción, aunado al poco tiempo que le queda al actual periodo ordinario de sesiones, son los factores que llevaron al aplazamiento de la elección del funcionario que combatirá la corrupción.

Además, los legisladores aún deberán ponerse de acuerdo sobre el proceso de designación, que comenzó en noviembre del año pasado y quedó en impasse en diciembre.

A decir del pevemista Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, hay que determinar si es una convocatoria para ampliar el número de participantes (que actualmente son 33); emitir una nueva convocatoria para reponer el proceso totalmente, o que sea por invitación a tres o cuatro personalidades "platicar con ellos y que se hiciera en específico la invitación a alguno (para ser fiscal)".

Consideró que la falta de certidumbre sobre las funciones y facultades del nuevo fiscal anticorrupción "desdibujó" el registro, y que en una primera etapa de la convocatoria sólo se inscribió un candidato, por lo que fue necesario ampliar el plazo de registro.

"A mí me parece que cerrando un poco el círculo (de normas y leyes vinculadas con el combate a la corrupción), todos los que quieran aspirar a la fiscalía tendrán un panorama completo", dijo Escudero según otra nota del periódico Crónica.

El perredista Alejandro Encinas, quien descartó la elección antes del 30 de abril, indicó que deberá reponerse el proceso, al no existir acuerdo senatorial.

Dijo que "el PRD quiere que se cree una Comisión Anticorrupción, no sólo un fiscal, sino un órgano colegiado".

La panista Marcela Torres, tras confirmar que el nombramiento del fiscal no será en el actual periodo ordinario de sesiones, destacó que la persona que sea nombrada como titular de la fiscalía no debe ser una cuota de partido ni responder a la lógica del poder político.

"Debe ser alguien con credibilidad, con conocimiento, con independencia de criterio, porque va a tener que enfrentar desde el Presidente de la República, jueces, magistrados, senadores, diputados; entonces, tiene que ser una mujer o un hombre muy autoafirmado y con mucho conocimiento", expresó Torres.

La priista Cristina Díaz consideró que se debe continuar con el actual proceso de selección y no emitir otra convocatoria, pues "hay gente que ya se anotó y que está esperando ser recibida en audiencia".

Cuestionada sobre si una opción como fiscal podría ser la ministra Olga Sánchez Cordero -a quien le quedan siete meses de labor en la Suprema Corte de Justicia-, Díaz consideró que se trata de una mujer talentosa, con amplia preparación y experiencia.