San Raymundo Jalpan.- La diputada Vilma Martínez Cortés de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la LXII Legislatura de Congreso del Estado, presentó ante el Pleno Cameral la Iniciativa de Ley, para reformar el artículo 28 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca.

 La legisladora Martínez Cortés indicó que la Reforma que propone señala que tratándose de la solventación de practicadas al último ejercicio fiscal de un Ayuntamiento, donde exista un cambio de administración municipal, se deberá dar intervención a las personas que hayan ejecutado el ejercicio fiscal auditado, a efecto de que presenten la documentación respectiva o manifiesten lo que a su derecho convenga.  

En el caso específico de los Ayuntamientos, los cuales duran en su encargo un periodo de tres años, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son fiscalizables tres ejercicios, es decir, uno por año de mandato.

Abundó que en la práctica cuando la ASE fiscaliza el último ejercicio fiscal de determinada administración municipal, generalmente ya se encuentra en funciones una administración municipal diferente a la del ejercicio fiscal que se está auditando, lo que impide en muchas de las ocasiones que la autoridad en funciones envíe la documentación comprobatoria completa al órgano fiscalizador, generalmente porque se trata de expedientes, documentación y recursos públicos que ellos no ejercieron.

La representante popular explicó que en el cambio de administración municipal debe existir un dictamen de Entrega-Recepción, donde se detalle con exactitud el estado que guardan los bienes y documentos del ayuntamiento al momento de ser entregados, sin embargo, en la práctica los dictámenes son elaborados de manera muy básica, principalmente en los Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos.

La legisladora aseguró que la gravedad de asunto radica en que las nuevas autoridades desconocen la documentación comprobatoria y técnica que los soporta, por lo que no pueden demostrar lo gastado por la administración anterior y los procedimientos y sanciones  se emiten en contra de particulares, a los cuales generalmente se le inicia un procedimiento para fincar responsabilidad resarcitoria.

 Finalmente pidió Comisiones Permanentes Unidas de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado; y de Administración de Justicia que al momento de dictaminar la Reforma planteada se realice buscando no dejar en estado de indefensión a las ex autoridades, ya que esto iría en detrimento de su garantía de audiencia y le imposibilitaría la oportunidad de defenderse.