Oaxaca.- Habitantes de Arroyo Plátano, pertenecientes al municipio de San Juan Lalana claman al gobierno del estado ayuda para no ser expulsados de su localidad, luego de que el pasado mes de febrero las autoridades comunales decidieran emplazarlos para entregar los solares que les pertenecen y en las que han vivido desde siempre.

En entrevista Isaías Pérez Antonio y Abel Pérez Antonio, a nombre de 10 familias de su localidad, sostuvo en junio de 2011 por decisión propia decidieron ingresar al programa COSOMER, por el que fueron indemnizados con la cantidad de tres millones 200 mil pesos, repartidos de acuerdo a la cantidad de terreno que les fue expropiado.

Las 500 hectáreas de tierras que entregaron fueron repartidos entre los comuneros, pues desde años atrás habían causado la división en la comunidad, por lo tanto para detener el conflicto agrario se determinó la repartición equitativa del predio, que ha sido utilizado para la siembra de los habitantes que las reclamaban.

El predio por el que fueron indemnizados no incluía 4 hectáreas donde se asentaron, y donde se localizaban sus viviendas; en esta zona mantenían a sus familias y animales para su sustento, sin embargo el 10 de febrero las autoridades comunales los emplazaron a dejar los solares.

Sin embargo tras enterarse el comisariado Estanislao Bautista Manzano, en contubernio con Rodrigo Campo Pérez, Francisco Enríquez Pérez y Eleucadio Pérez Velasco, de la indemnización, estos quisieron retirarles el resto de las tierras, por lo que desde entonces han sufrido acoso.

Los indígenas chinantecos explicaron ocho días después del emplazamiento firmaron una minuta de trabajo con intervención de la Secretaría General de Gobierno, acordando se respetarían sus propiedades, pues estas no formaron parte del acuerdo con la COSOMER, quien no puede indemnizar cuando los predios están habitados.

Sin embargo pese a esta situación las autoridades exigieron la devolución de los predios violentando flagrantemente sus derechos, pues los desalojaron quedando sus documentos y los de sus menores hijos en sus casos, lo que provoca no puedan ser inscritos en alguna otra institución educativa.

El día 26 de febrero la autoridad de Bienes Comunales de Arroyo Plátano  envía un oficio de numero 10/2015 en donde nos piden cumplir con la minuta mencionada en el párrafo anterior, en la que no llegamos a ningún acuerdo.    Tomando una decisión unilateral.   

“…Lo grave es que como solo se encontraban las madres de familia  con nuestros hijos, fueron   alrededor de 40 personas las se constituyeron adentro de las casa y sacaron a la fuerza a todos llevándose  a mujeres y niños a la cárcel de la agencia y sacándolos aproximadamente como a las 10 de la noche para llevarlos a la carretera que comunica con la agencia Arroyo Blanco que queda como a una hora de nuestras casa. Quedando a la intemperie y bajo la lluvia a  10 familias completas”, dijeron.

A partir de esa fecha han tenido que vivir en una comunidad aledaña, de donde temen ser sacados pues el comisariado envía oficios indicando “deben negarle el derecho de vivir en ese sitio”.

“… Sin documentos personales, nuestros hijos no reciben educación básica y mucho menos tenemos derecho a recibir atención médica,  y obligados a vivir por el momento  bajo una lona en un lugar prestado y casi a la intemperie. Todo por la ambición de unos cuantos que quieren posesionarse de todos los terrenos”, dijeron.

Por lo anteriormente expuesto solicitan al Secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval de prioridad a este caso pues requiere intervención para nombrar una comisión  que se constituyan en la población para entablar una mesa de diálogo que resuelva  este asunto.