El porcentaje en que la iniciativa privada participará en los proyectos de infraestructura, explotación, distribución, facturación y cobro de agua potable al usuario final será decidido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como se define en el dictamen de la Ley General de Aguas promovido por el gobierno federal a través de PRI y PAN en la Cámara de Diputados.

‘‘La intervención de las empresas en los proyectos hidráulicos se remite a un reglamento interno de la Conagua que no conocen los legisladores, porque no se nos permite acceder a él’’, cuestionó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Gerardo Gaudiano Rovirosa, según una nota del diario La Jornada.

El legislador perredista explicó, en entrevista, que si bien él participó por acuerdo de su grupo parlamentario en las negociaciones iniciales para la iniciativa –la cual se dictaminó la semana pasada–, el gobierno de Enrique Peña Nieto introdujo adiciones al texto original que van hacia la privatización del agua en México.

‘‘Pudimos lograr algunos acuerdos, como sacar todo un capítulo sobre la fractura hidráulica, pero de último momento cambiaron el dictamen; incluso intervino la Secretaría de Hacienda para modificar la iniciativa y el PRD no puede acompañar ese documento’’, dijo.

–¿Qué introdujo Hacienda en el dictamen?

–Ocurrió en la madrugada del miércoles. El proyecto de dictamen lo circularon a altas horas de la noche y todavía Hacienda presentó sus consideraciones. Eliminó, por ejemplo, todo lo relacionado con la acuacultura e incluso el orden y redacción de los artículos, con lo que se altera el sentido de la iniciativa para abrir el sector del agua a la iniciativa privada.

‘‘Se elevan las concesiones de 25 a 35 años y eso no garantiza el derecho humano al agua; por eso no podemos votar esa ley en la sesión de este martes. Es una ley nociva que da entrada a las empresas en asignaciones directas. Si bien logramos la obligación de informar semestralmente el padrón de concesionarios, se nos impidió (realizar) cambios de fondo.’’

–¿Y qué fue lo que se modificó del proyecto de la Conagua?

–Que se suprimiera todo el capítulo de fracturación hidráulica, pero aun así, PRI y PAN introdujeron la figura de ‘‘uso industrial’’ del agua para la extracción de hidrocarburos.

–Los trasvases, ¿cómo afectarán regiones abundantes en agua, como Tabasco?

–Trasladar volúmenes de agua de una cuenca abundante a otra con escasez será necesario, pero no por el capital privado; en la ley eso no queda regulado. Por eso dejamos la negociación, ya que no vamos a avalar una ley que es nociva para la sociedad.

El PRI niega que se vaya a privatizar el agua

El coordinador priista, Manlio Fabio Beltrones, dijo que el contenido del dictamen sobre aquella iniciativa de ley “no significa privatizar el agua”, sino asegurar el uso eficiente del recurso con criterios de sustentabilidad, equidad y suficiencia, además de que une los esfuerzos de gobierno y sociedad”.

Sin embargo, el líder de la bancada perredista, Miguel Alonso Raya, advirtió que la propuesta de ley implica “un robo desvergonzado”, ya que, sin más, se deja en manos de particulares la explotación, uso, disposición y aprovechamiento de los recursos hídricos y anula el derecho humano al agua.

Según otra nota del periódico Crónica, diputados federales y locales del PRD, encabezados por la vicepresidenta de la Cámara baja, Aleida Alavez, llamaron a una movilización social mañana en San Lázaro, para detener “el ultraje en contra de la mayoría de los mexicanos” que significa esa nueva Ley General de Aguas que quieren aprobar PRI, PAN, PVEM y Panal.

En un comunicado de prensa, ayer, el jefe de la bancada tricolor, Manlio Fabio Beltrones, señaló que la gestión responsable del agua no sólo es un tema asociado con la sustentabilidad del desarrollo, la justicia social y con la calidad de vida, sino que el agua también “es un asunto de seguridad nacional y uno de los temas cruciales para afianzar el futuro”.

Expuso que esta ley propone que el capital privado se sume a las inversiones públicas, actualizar el régimen de concesiones, permisos, tarifas y sanciones, así como consolidar la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales mediante instrumentos de planeación como la Estrategia Nacional de Agua, el Sistema Nacional de Información del Agua, la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua y los Consejos de Cuenca.

Sostuvo que el objetivo es asegurar la dotación de agua para sus distintos usos, incluyendo el agrícola, industrial y de servicios, y garantizar que cada mexicano reciba la dotación mínima de 50 litros diarios, a la que todo ser humano tiene derecho.

En sentido contrario, el coordinador perredista en la Cámara baja, Miguel Alonso Raya, subrayó que la Ley General de Aguas que pretende imponer el Ejecutivo “es una transgresión a la Constitución, ya que nulifica el derecho humano al agua para permitir su acaparamiento por agentes privados, para quienes además se fortalece la posibilidad de traficar con los títulos de concesión, incluso en zonas de baja disponibilidad del recurso”.

Alonso Raya dijo que “alguna de esas formas de acaparamiento son el trasvase o explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca a otra por agentes privados, lo que les permitiría acaparar y sobreexplotar el agua del país durante 30 años, con derecho a prórroga.