A unos días de haber entregado el Informe de la Cuenta Pública 2013, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, reconoció que no hay “peces gordos” en la cárcel por corrupción porque no hay políticos “tontos” y ellos no son los que firman o llevan a cabo las operaciones.

En entrevista con el periódico El Universal, recordó el caso de Tabasco, donde fue evidente que en el desfalco participaron el ex gobernador Andrés Granier y su secretario de Finanzas, José Manuel Sáiz, sin embargo, ambos no aparecían en ninguna documentación; se logró su detención y están en la cárcel, pero lamentó que no todos estén ahí.

Portal adelantó que para el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2014 no evadirán su responsabilidad y atenderán las peticiones que tienen para investigar todos los contratos que haya realizado el gobierno federal, los estados de la República o los órganos descentralizados con Grupo Higa, que dirige Juan Armando Hinojosa.

Sentado desde su oficina en avenida Coyoacán en la colonia del Valle, Juan Manuel Portal se comprometió a que las revisiones de los contratos de Grupo Higa y su posible relación con la adquisición de la llamada “casa blanca”, de la primera dama Angélica Rivera; de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, se harán con profesionalismo, ética e imparcialidad.

Pero adelantó que por las características que existen, “pareciera que sí hay conflicto de intereses”, pero pide esperar para conocer los detalles de los contratos, fechas y firmas.

Después de que en el informe se detectaron observaciones o presuntas irregularidades por 67 mil millones de pesos en varios estados, el auditor aseguró que —sin distingo de partidos— los gobernadores tienen “controlados” a sus órganos fiscalizadores, lo que impide una rendición de cuentas eficaz.

De acuerdo con Portal, también se carece de una cultura de la legalidad, lo que da pie a los actos de corrupción.

Reconoció que actualmente hay “impunidad” en México, y se debe avanzar en el ámbito educativo para que con el paso del tiempo se pueda acabar con este fenómeno.

“(Se deben hacer) muchas cosas y no es de un día para otro, no hay que crear falsas expectativas de que con esto al día siguiente, no, no, no. Es una cultura y hay que ir avanzando y en la medida de que haya una libertad, decisión y voluntad para hacerlo pero que se demuestre que vamos a avanzar para acabar con la impunidad”, señaló.

Coincidió en que la impunidad también tiene que ver con quienes sancionan, y finalmente acaban de ver los casos, es decir los jueces.

Puede ser, explicó, que un caso esté perfectamente sustentado, pero el señalado alcanza la libertad. Entonces, hay que reforzar la integridad en el caso de los jueces, comentó.

¿Cómo se encuentra el país después del informe que presentó?

—Muchos sectores se sienten conmocionados de ver de golpe tanta información, tantos datos, observaciones y la posibilidad de que se promuevan pliegos de observaciones o que se lleguen, inclusive, a presentar denuncias. Es impactante porque de golpe se presenta el resultado de mil 403 intervenciones que tuvimos a más de 200 entes auditados y son muchas las acciones que promovemos no sólo en el Ejecutivo, sino en los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno. Y será para que el gasto público se ejerza con mayor calidad.

¿No se saben usar los recursos o tenemos políticos muy abusivos?

—No es que sean directamente los políticos; el origen de este cúmulo de observaciones se basa en que hay una falta de control, de cultura de la legalidad, de la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia y de la honestidad e integridad. Si los servidores públicos fueran más honestos y tuvieran una competencia técnica sobre la materia en que nos contrataron tendríamos mejores resultados.

¿Y los estados?

—No hay una independencia de los entes fiscalizadores en los estados, desafortunadamente no ha caminado la cultura de la fiscalización al ritmo que lo ha hecho la Auditoría en los estados. Prácticamente están casi comandados por el gobernador, aunque dependen y los nombran el Congreso local, las instrucciones y la cercanía, influencia y el ambiente que se da en los estados hace muy difícil la labor de un auditor superior; si hiciera público todo, pues lo quitan, y no sólo es que lo quiten, sino que no puede conseguir trabajo y sus hijos y esposa viven y trabajan en esa comunidad, es muy complicado. Y también hay estados con debilidad en sus Congresos, en muchos estados el gobierno en turno tiene influencia en los Congresos.

¿Qué consecuencia tiene que los fiscalizadores estén controlados por los gobernadores?

—Que tienen menos resultados y públicos, porque en algunos de los estados los fiscalizadores no tienen facultades para hacer públicos los programas, ya no digamos los informes.

Hay dos estados que no nos envían la información a tiempo (Puebla y Guanajuato), porque sus Congresos tienen una fecha para revisar la fiscalización local y mientras no lo revisen y aprueben esas cuentas públicas no lo pueden enviar y mientras no se homologuen las leyes que soportan la fiscalización con las leyes de responsabilidades seguiremos con deficiencias y se requiere la voluntad política.

¿Por qué no hay ‘peces gordos’ en la cárcel?

—Una forma muy llana de decirlo es porque los ‘peces gordos’ no son los que firman, no son los que llevan a cabo la operación directamente, no aparecen y como siempre se ha dicho, se les puede acusar de deshonestos, pero no de tontos. ‘Peces gordos’... gordos tendría que haber ya. Voy a poner un ejemplo, en Tabasco, es evidente que quienes participaron en esto fueron el ex gobernador (Andrés Granier) y el secretario de Finanzas (José Manuel Sáiz), sin embargo, ellos no aparecían en nada, a través de las imputaciones se logró que hubiera una detención con los elementos y están en la cárcel y muchos más ‘peces gordos’ están, pero no todos.

Detectan en el INE 171 aviadores

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó pagos a 171 empleados fantasma o aviadores por 30 millones 163 mil 507 pesos, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El desfalco, según el Informe de la Cuenta Pública 2013, se produjo por contrataciones bajo el régimen de honorarios, cuyos trabajadores recibieron su salario pero no se acreditó la realización de sus labores.

De acuerdo con otra nota del diario 24 Horas, la auditoría fue realizada en 2013, último año del organismo como Instituto Federal Electoral (IFE) y cuando el consejero presidente era Leonardo Valdés Zurita. En total, según la ASF, se hallaron desfalcos por 36 millones 477 mil 984 pesos, de los cuales más de 30 millones corresponden a pagos irregulares en el régimen de honorarios.

Según la observación por pagos a trabajadores fantasma, “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 30 millones 163 mil 507.27 pesos, correspondientes a pagos de honorarios a prestadores de servicios que no se sustentaron con los reportes quincenales o mensuales, relativos a las actividades efectuadas por dichos prestadores de servicios”.

Ante las irregularidades detectadas, la ASF recomendó al órgano electoral fortalecer “los mecanismos de control y supervisión que garanticen que las funciones asignadas a los prestadores de servicios se sustenten en los informes o reportes de las actividades realizadas y se deje evidencia de la validación de la recepción satisfactoria de éstos, con el fin de constatar el avance y desarrollo de la prestación de los servicios contratados”.

Asimismo, “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por el monto total de 5 millones 931 mil 420.97 pesos, de los cuales, 155 mil 194 pesos corresponden a pagos que excedieron los montos autorizados y 5 millones 776 mil 226.19 pesos por efectuar pagos por remuneraciones de personal contratado por honorarios sin sujetarse a los tabuladores autorizados.

Consultado sobre las observaciones, el INE -a través de su director de comunicación social, Alberto García Sarubbi- señaló que tienen plenamente acreditado el cumplimiento de las metas de trabajo y la existencia de los 171 empleados que cubren el mismo número de plazas.

Informó que el organismo electoral entregó a la Auditoría la respuesta y los documentos que aclaraban el pago por más de 30 millones a trabajadores del instituto, sin embargo, por un “desfase administrativo” no fue incluido en el Informe de la Cuenta Pública 2013.

Por otra parte, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, afirmó que el INE debe ser capaz de contener los intereses particulares o de grupo.

El pasado miércoles, 7 de 10 partidos representados en el INE abandonaron la sesión debido a que se decidió posponer una semana la discusión de dos acuerdos para promover mayores controles al uso electoral de los programas sociales.

El también coordinador del PRD en la Cámara Alta expresó que el INE debe ser garante del proceso electoral porque la ciudadanía necesita una institución con visión de Estado y en la que se escuche la voz de su presidente Lorenzo Córdova respecto a los temas de la contienda de junio próximo.

Debe ser independiente la instancia que investigue la corrupción

Una agencia anticorrupción sin independencia absoluta del Poder Ejecutivo y acceso a toda la información levantará siempre dudas, advirtió ayer el juez Baltasar Garzón.

"Tendría que avanzarse en la creación de una agencia independiente contra la corrupción, con un periodo de tiempo absolutamente independiente y el acceso a cualquier información y habilidades que podrían derivar después en acciones por parte de los procuradores de justicia", afirmó vía telefónica el letrado español.

"Pero no debe de interferir el Poder Ejecutivo en el ámbito de la acción de la justicia en ningún caso, llámese México o llámese España, o cualquier otro país. Si no se hace así, siempre habrá dudas sobre la parcialidad", destacó según otra nota del periódico Reforma.

El próximo martes 24 de febrero, se discutirá en México una iniciativa para la creación de un sistema nacional anticorrupción que estaría compuesto por funcionarios que también se desempeñan en otras instituciones gubernamentales.

El juez Baltasar Garzón aclara la garganta al otro lado del teléfono tras dictar una conferencia en el Auditorio Guelaguetza de Oaxaca, al cual regresará después de esta corta conversación telefónica, como invitado de la Congregación Mariana Trinitaria en su 18 aniversario.

Baltasar Garzón saltó a la fama por enjuiciar al dictador chileno Augusto Pinochet por genocidio y lograr que fuera arrestado en 1998.

El litigante español está familiarizado con casos de corrupción y conflictos de interés: encabezó la indagatoria de una red de sobornos que involucra a empresarios y políticos del oficialista Partido Popular español en 2009. La investigación le valió una sanción que no le permite ejercer en España hasta 2021.

"El juez, el fiscal, los funcionarios que investiguen la corrupción tienen que estar dispuestos a asumir todas las consecuencias, incluso las más negativas para ellos, y continuar la indagatoria, (pues) la justicia tiene una importante responsabilidad para transmitir, por una parte, que no importa el grado de importancia política o económica de la persona para que responda y, por otro lado, que debe hacerlo de una manera eficaz y rápida", elabora el juez respecto a su investigación del llamado Caso Gurtel.

- ¿Qué sucede cuando las averiguaciones son rápidas, pero, para las víctimas, no eficaces?, se le pregunta en referencia a los reclamos sobre la pesquisa de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre Ayotzinapa, caso que él mismo dijo podría ser considerado crimen de lesa humanidad.

"Las instituciones, en concreto la procuración de justicia, tienen que tomar la iniciativa en la investigación de este tipo de crímenes. No se puede dejar a la inercia de los acontecimientos. Yo creo que la justicia se tiene que exigir aquí y producir aquí.

"Hoy día las cosas ya no son sólo nacionales, puede haber instancias internacionales, no sólo judiciales sino políticas y diplomáticas, a las que no debemos dejar de acudir para denunciar esos hechos. Muchas veces, esa denuncia va a determinar que se ponga la lupa sobre las propias autoridades, mexicanas en esta caso, si no demuestran que están ofreciendo una protección efectiva y eficiente".

El juez comienza de nuevo a aclararse la garganta, alistándose para regresar al Auditorio Guelaguetza, pero no cuelga sino hasta contestar una última pregunta.

- Como el abogado principal de Julián Assange, creador del sitio web Wikileaks que filtró en 2011 miles de documentos clasificados de los Gobiernos estadounidense y británico y quien se encuentra refugiado en la Embajada ecuatoriana de Londres desde entonces, ¿cómo ve la libertad de prensa en este momento?

"La libertad de expresión está amenazada de manera permanente por las acciones de agencias de inteligencia, de seguridad, de Gobiernos mal enfocados en cuanto al respeto de los derechos humanos. Se está tomando como enemigos a los que desarrollan el derecho de información y de obtención de la misma", comentó.

"Hay que avanzar en la protección integral de los derechos de los periodistas, informadores y los 'whistleblowers', para decir que no se puede imponer en contra del derecho del libre acceso a la información, protección a las víctimas y conocimiento de hechos delictivos".