- Sociedad
Abre Defensoría expediente por posibles violaciones a derechos de taxistas
~~Oaxaca.- Alrededor de 70 taxistas foráneos y choferes agremiados al sindicato “Libertad” de la Central de Abastos de la capital oaxaqueña acudieron hacia las 15:00 horas a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para protestar por presuntos abusos cometidos por la policía municipal durante el desalojo de esa terminal, el 18 de febrero último.
Horas antes de esa protesta, la Defensoría ya había solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) garantizar la seguridad en la zona de la central camionera al conocer, por medios informativo, que personas con piedras y machetes habían tomado la Central Camionera de segunda clase ubicada en las inmediaciones de la Central de Abastos.
El organismo comenzó por abrir de oficio, ayer, el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0188/ (01)/OAX/2015, al tener conocimiento por medios de comunicación que integrantes de una organización de transportistas realizaron la toma de la central camionera, reteniendo a algunas personas y vehículos.
Por ese hecho, la Defensoría solicitó a la SSP medidas cautelares para que resguarde y brinde seguridad en la zona de la central camionera, así como en las inmediaciones de la central de abastos.
Al aumentar la gravedad de las acciones policiacas en el operativo de desalojo, el organismo defensor elevó al rango de queja el cuaderno de antecedentes e integró de oficio el expediente DDHPO /230/(01)/OAX/2015 ante posibles violaciones a derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo de Oaxaca investiga un posible exceso de uso de la fuerza en el desalojo que ejecutó la policía municipal el miércoles último, por lo cual el organismo autónomo demandó que todas las acciones realizadas por los elementos de esa fuerza pública se apeguen a los principios de legalidad, con salvaguardia del derecho a la seguridad jurídica y demás derechos fundamentales.
El organismo realiza estas acciones con el objetivo de prevenir daños de difícil o imposible reparación, así como alteraciones al orden público, además de buscar proteger el derecho a la seguridad de todas y todos los habitantes.
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