En la Administración Pública Federal existen cuatro altos funcionarios que, aunque ejercen recursos del erario, sus nombres no aparecen o no han sido actualizados en el registro de declaraciones patrimoniales de la Secretaría de la Función Pública, que por ley debe obligar a todos los servidores públicos del gobierno a dar a conocer sus sueldos y propiedades.

De acuerdo con una búsqueda realizada por el diario 24 Horas, Eugenio Ímaz Gispert, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); Eduardo Sojo, titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); Basilio González Núñez, encargado de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y Alejandro Murat Hinojosa, del Infonavit, son los únicos cuatro directores de órganos del gobierno federal cuyas declaraciones patrimoniales no aparecen o no han sido actualizadas.

De entrada, aunque el mencionado diario buscó a los directores del Cisen e Infonavit en el sistema del Registro de Servidores Públicos, sus nombres no aparecen, por lo que carecen de declaraciones de bienes.

 Por su parte, los encargados de la Conasami e Inegi tienen declaración de bienes, pero no están actualizadas y no corresponden a los puestos que ostentan actualmente.

Según el Registro de Servidores Públicos, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, el actual presidente del Inegi, Eduardo Sojo Garza-Aldape, declaró su patrimonio por última vez en 2008, cuando fungía como secretario de Economía.

Sojo ostenta un sueldo anual de 2.3 millones de pesos, pero durante los siete años que ha estado al frente del Inegi no ha presentado ninguna declaración de bienes.

Por su parte, Basilio González Núñez, titular de la Conasami desde 1991, tiene registrada su última declaración de bienes en 2013, por lo que no ha actualizado sus datos.

Eugenio Ímaz Gispert, encargado del órgano de inteligencia del Estado,  no aparece en los registros a pesar de que el Cisen es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y su titular ostenta un salario de 3.2 millones de pesos, similar al del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Alejandro Murat Hinojosa es director del Infonavit, órgano que en 2015 ejercerá un gasto operativo de nueve mil 500 millones de pesos; el también hijo del exgobernador de Oaxaca, tiene un salario mensual de 208 mil 500 pesos.

Recientemente el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje donde documentó que la familia Murat, incluido el actual director del Infonavit, tenían varias propiedades en Nueva York.

Aunque Alejandro Murat Hinojosa explicó que la mayoría de bienes inmuebles pertenecen a otros miembros de su familia, por la vía institucional es imposible conocer la declaración de bienes del director del Infonavit, porque no aparece en los registros patrimoniales de la Secretaría de la Función Pública.

De acuerdo con la nota del diario 24 Horas, éste buscó en el Registro de Servidores Públicos a los miembros del gabinete legal y ampliado de Enrique Peña Nieto, así como a los directores de órganos autónomos y dependencias descentralizadas, y resultó que los titulares del Cisen, Inegi, Infonavit y Conasami son los únicos que no aparecen.

La única vía legal para no presentar su declaración patrimonial sería una interpretación del Artículo 36 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, que refiere sólo como sujetos obligados de declarar sus bienes a los integrantes de la Administración Pública Centralizada y de las entidades paraestatales.

La declaración de bienes es obligada para los servidores públicos que estén contratados por outsourcing, sus pagos sean mediante honorarios o tengan trabajos eventuales en la Federación.

En general, la ley aplica para “los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos”.

Pide el IFAI al Senado avanzar en leyes de transparencia

El pleno del IFAI exigió al Senado no dar un paso atrás en materia de transparencia.

En medio de la discusión sobre la nueva Ley General de Transparencia, pidió a los legisladores no acotar el derecho ciudadano al acceso a la información ni afectar el principio de máxima publicidad al que deberían estar obligadas todas las dependencias públicas.

Según otra nota del periódico Reforma, los siete comisionados del IFAI firmaron un documento que fue remitido a la Cámara alta el pasado 12 de febrero ante el temor de un posible retroceso en materia de transparencia en el país.

El texto contempla 10 puntos relevantes que debería contener la nueva ley con la que los senadores están reglamentando la reforma constitucional en materia de transparencia, aprobada hace más de un año.

Entre los irreductibles del IFAI, destaca la exigencia de que el legislador precise los conceptos y causales de reserva por seguridad nacional y por estabilidad financiera, económica y monetaria, ya que se trata de restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información.

"Corresponde al legislador establecer parámetros específicos para restringir el derecho de acceso a la información, que sean necesarios y acordes para satisfacer un objetivo legítimo en una sociedad democrática, de tal manera que no se deje al arbitrio de los sujetos obligados", señala el documento.

También se exige al Senado que se mantengan como sujetos obligados de la ley los fideicomisos y fondos públicos sin hacer distinción alguna entre aquellos que son entidades paraestatales y los que no lo son.

En otro punto se sugiere mantener como una obligación de transparencia la publicación del nombre de las personas a quienes se les ha condonado o cancelado un crédito fiscal, así como su vinculación con el monto implicado, y no dejarlo como mero dato estadístico.

En cuanto a los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, el IFAI recomienda que se mantenga la excepción a la reserva sin condicionarla a que exista un pronunciamiento previo de una "autoridad competente".

También se pide evitar la posibilidad de que la Consejería Jurídica pueda impugnar, por razones de seguridad nacional, las resoluciones de los órganos de transparencia de las entidades federativas, pues el Artículo 6 constitucional sólo prevé la impugnación de las resoluciones del IFAI.

Asimismo, los comisionados solicitan a los senadores la integración del Sistema Nacional de Transparencia sólo con miembros del IFAI y los órganos de transparencia de las entidades sin incluir a funcionarios del Gobierno federal.

Buscan conocer patrimonio

Tres de siete comisionados del IFAI acordaron pedir al Senado que, en la nueva Ley General de Transparencia, se prevea la obligación de los servidores públicos de revelar su información patrimonial y declaración de intereses.

Este punto no entró a los 10 irreductibles que envió el pleno del IFAI al Senado, pues  no encontró consenso total, y sólo es impulsado por los comisionados Joel Salas, Óscar Guerra y Areli Cano.