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Pide Ángel Aguirre ser investigado y renuncia al PRD

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La PGR verifica el uso y destino de 700 millones de pesos provenientes de aportaciones federales para acciones de seguridad en Guerrero.

El gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dijo ayer ponerse a disposición de las autoridades federales y estatales para ser investigado ante cualquier sospecha.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, en una carta difundida anoche -en la que también anunció su renuncia al PRD-, el ex gobernador demandó "justicia pareja y estricto apego a derecho".

"Me pongo a disposición de las autoridades federales y estatales para que se me investigue de cualquier hecho que se impute, como ha sucedido desde el primer día en que solicité licencia sobre los lamentables hechos acontecidos en la Ciudad de Iguala.

"Lo haré con dignidad y entereza, no habré de esconderme, ni mucho menos salir de mi País y de mi estado", escribió.

Entre el martes y ayer, la PGR detuvo a nueve personas, entre ellos el hermano y sobrino de Aguirre, así como a siete integrantes de una familia cercana al político de Ometepec, Guerrero, acusados de lavado de dinero por un monto de 287 millones de pesos.

La dependencia también tiene en la mira a otros dos de sus familiares. Se trata de Floriberto Rafael Aguirre Rivero y Floriberto Rafael Aguirre Pérez, hermano y sobrino del ex Mandatario, en una indagatoria que está a cargo de la Unidad Antilavado.

Además, son buscados otros siete implicados en este caso.

Entre los detenidos está el hermano del gobernador con licencia, Carlos Mateo Aguirre Rivero, y su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez, quien fue secretario privado de su tío.

Carlos Mateo fungió como coordinador de asesores, una especie de jefe de gabinete, al inicio de la Administración en abril de 2011, pero tuvo que renunciar meses después, luego de que se revelara que medio centenar de familiares de Aguirre estaban en la nómina del Gobierno del Estado.

En este Gobierno, Carlos Mateo fue acusado de presionar a empresas para que pagaran "moche" o diezmo a cambio de aprobar obras de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y de otras dependencias estatales.

Tras el escándalo de nepotismo, ocupó el cargo de delegado de SCT en Morelos, que dejó en 2013.

De los nueve detenidos, siete pertenecen a la familia Hughes, empresarios de la construcción radicados en Acapulco. Tres de ello ocuparon cargos en la Administración de Aguirre.

Ayer fueron detenidos Víctor Ignacio Hughes Alcocer, su hermano Henry Paul Hughes Alcocer y su hijo Víctor Felipe Hughes Acosta.

El martes, agentes detuvieron a Paulo Ignacio, Mauricio Francisco, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo Hughes Acosta.

La familia ha estado ligada a Ángel Aguirre desde que éste fue como gobernador interino de 1996 a 1999.

De hecho, en 2011 aportaron recursos a su campaña en Acapulco.

Víctor Ignacio Hughes Alcocer fue subsecretario de Finanzas y Administración. Hasta ayer aparecía en el portal electrónico del gabinete estatal.

Antes fue secretario de particular del ex mandatario, cuando éste fue senador.

Víctor Felipe Hughes Acosta fungió como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde enfrentó acusaciones de malversación de fondos públicos y fue destituido.

En 2012, elementos de la Policía Estatal hicieron un paro y un plantón en las instalaciones del Instituto de Formación y Capacitación Policiaca (Infocap) para denunciar a Hughes Acosta de haber adjudicado de manera directa la compra de uniformes, armamento y patrullas a una empresa que nadie conocía.

Y al frente de una dirección de Obras Públicas estuvo Paulo Ignacio Hughes Acosta, quien tenía, según ex funcionario y contratistas, manga ancha.

"Ellos (los Hughes) pedían el 50 por 50, y si no, no te daban nada pero esto lo hacían porque no se daban abasto en las obras.

"Por lo regular le trabajaron más al Inifed (Infraestructura Física Educativa) pero controlaban todo, yo los mandé a la jodida", dijo un constructor de Acapulco quien pidió anonimato.

Otro hermano, en la mira

La Procuraduría General de la República tiene en la mira a otros dos familiares del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, por el caso de los más de 287 millones de pesos presuntamente desviados del erario y lavados por ex funcionarios de Guerrero.

De acuerdo con información del Gobierno federal, la PGR indaga a Floriberto Rafael Aguirre Rivero y Floriberto Rafael Aguirre Pérez, hermano y sobrino del ex mandatario, en una indagatoria que está a cargo de la Unidad Antilavado.

Al mismo tiempo, la Policía Federal y la PGR buscan a otros siete implicados en este caso, contra quienes se giró órdenes de aprehensión en la causa penal 11/2015 del Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca.

La información proporcionada señala que están prófugos de la justicia Wilberto Carreto Mayo, Rosa María Acosta Galván, Jorge Alejandro Hughes Alcocer, Arturo Percival Hughes, Miguel Ángel Hughes Acosta y los hermanos Henry Paul y Paola Estefanía Hughes Bueno.

Fuentes federales dijeron que desde el martes se dieron a la fuga, al enterarse que siete de sus familiares habían sido capturados por la Policía Federal en Acapulco y Chilpancingo.

Fue inhabilitada una empresa implicada

Desde agosto de 2014, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un año a una de las empresas involucradas en el desvío de más de 287 millones en Guerrero, porque incumplió con un contrato para la construcción de infraestructura hidráulica en Hidalgo.

El 20 de agosto la SFP prohibió a todas las dependencias del Gobierno federal contratar los servicios de Comercializadora 2003 S.A. de C.V., constructora a la que también multó con 386 mil 446 pesos, porque no formalizó un contrato que le adjudicó la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado en esa entidad.

De acuerdo con el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, se trata del contrato derivado de la licitación pública nacional NO. LO-913023989-N129-2012, convocada para la construcción de un emisor, colectores y una planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Xochihuacán, municipio de Epazoyucan.

Comercializadora 2003 interpuso una demanda de nulidad y el pasado 26 de enero consiguió que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa suspendiera provisionalmente el pago de la multa y la publicación de la circular de la sanción, pero no frenó la inhabilitación que tendrá vigencia hasta el próximo 3 de septiembre.

Empresa investigada logró contratos millonarios en otros estados

La empresa Comercializadora 2003, S.A. de C.V., una de las tres que son investigadas por la Procuraduría General de la República por triangulación de recursos durante el gobierno del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue beneficiada por un total de 493 millones de pesos en menos de cuatro años.

Según otra nota del periódico El Universal, esa compañía obtuvo contratos del sistema Compranet a través de la nueva herramienta "Contratobook" que puede ser consultada en este sitio: http://sac.node.spaceshiplabs.com/widget así como del Portal de Obligaciones de Transparencia.

Los delegados federales de las dependencias del gobierno federal del ISSSTE, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) beneficiaron también a la empresa.

Además, dos gobiernos estatales firmaron contratos con dicha empresa: un convenio en el estado de Hidalgo en 2012 y dos en Morelos, en 2013.

En el caso de Guerrero, a partir de 2011 la empresa, presuntamente utilizada para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, obtuvo uno de sus primeros contratos millonarios otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para darle mantenimiento al camino Potrerillo del Rincón en la entidad.

El funcionario que aparece en el sistema de Compranet como “comprador” (responsable) es Juan Alberto Castro Salgado. El monto que se le pagó a la compañía fue de 6 millones 879 mil pesos.

La empresa, vinculada ahora a Carlos Mateo Aguirre Rivero —hermano del ex gobernador Ángel Aguirre—, obtuvo contratos millonarios para realizar lo mismo la construcción de un hospital, que el remozamiento de una carretera o el mantenimiento de una hidroeléctrica en Guerrero.

Los delegados de las dependencias del gobierno federal del ISSSTE, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) beneficiaron también a la compañía.

El Universal encontró que los gobiernos de los estados de Hidalgo y Morelos también realizaron operaciones con esta empresa en años recientes.

La primera entidad, que ya era gobernada por el priísta José Francisco Olvera Ruiz, le pagó 67 millones de pesos por construir toda la infraestructura de aguas residuales.

Mientras que Morelos, gobernado por el perredista Graco Ramírez, pagó a la empresa de Aguirre Rivero un monto de 24 millones de pesos para la infraestructura necesaria de alcantarillado y agua potable.

Los 36 contratos que en total obtuvo la empresa en menos de cuatro años fueron de dos tipos de fuentes: recursos públicos del gobierno federal y de gobiernos estatales, incluyendo, por supuesto, el del estado de Guerrero.

En 12 ocasiones fue contratada por la SCT, por un monto total de 114 millones 826 mil pesos.

Sin embargo, fue el gobierno de Guerrero el que pagó más: 141 millones 52 mil pesos por 10 contratos.

La delegación del ISSSTE en Guerrero contrató en ocho ocasiones a Comercializadora 2003, S.A de C.V, y los conceptos variaron: desde habilitar una Clínica de Medicina Familiar en Acapulco, hasta trabajos en una clínica de Chilpancingo.

La delegación de Guerrero de la SCT también celebró contrato para “modernizar” la carretera Acapulco-Zihuatanejo, por 28 millones de pesos en marzo de 2014. Lo mismo ocurrió con otros dos contratos de la misma dependencia, para remozar carreteras en Guerrero.

La CFE también celebró convenios el año pasado, para darle mantenimiento a la termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, en el municipio La Unión de Isidoro Montes de Oca.

Un contrato más celebrado por esta empresa fue el otorgado en marzo de 2014 por la SCT para la “modernización” de la carretera Acapulco-Zihuatanejo a la altura del puente Las Salinas, que en 2009 quedó prácticamente destruido por los sismos de ese año ocurridos en Guerrero. La empresa recibió a cambio de los trabajos 28 millones 484 mil pesos.

En duda destino de 700 millones de pesos para seguridad en Guerrero

La PGR verifica el uso y destino de 700 millones de pesos provenientes de aportaciones federales para acciones de seguridad en Guerrero.

Según otra nota del diario 24 horas, este monto fue entregado al estado para los ejercicios fiscales 2012,2013, y 2014, periodo comprendido dentro de la administración de Aguirre, y su manejo estuvo a cargo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, una de las dependencias en donde la PGR descubrió salida de dinero que terminó en cuentas personales de las personas involucradas en el lavado de dinero.

La llegada de dicho dinero se dio a través del llamado Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), el cual se administra a cada uno de los estados del país anualmente a través de la firma de convenios específicos.

De acuerdo con fuentes ministeriales consultadas por 24 Horas, se realiza una verificación con lupa del destino que tuvo cada peso de las aportaciones del FASP manejado por el Consejo estatal que, por cierto, fue encabezado en el inicio de la administración de Aguirre por Víctor Felipe Hughes Acosta, uno de los ahora detenidos y encarcelados en el Altiplano.

En 2012, cuando según la indagatoria inició la triangulación ilegal del dinero, Guerrero recibió 223 millones 73 mil 134 pesos del FASP; para 2013 el monto ascendió a 235 millones 900 mil 604 pesos; y en 2014 la partida fue de 235 millones 902 mil 100 pesos.

En el portal del gobierno de Guerrero se pueden consultar algunos datos sobre la utilización de los recursos del FASP, aunque sólo en el caso de 2013 hay un informe pormenorizado al cierre de ese año.

Ahí se advierte que en varios programas no se ejercieron los recursos o se hizo parcialmente. En múltiples acciones se dice que no se gastó ni un peso porque había un proceso de licitación en curso al cierre del año, o hay casos donde se reportó un ejercicio de 45% o 50% bajo el argumento de que era infraestructura en desarrollo.

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