A pesar de que fue nombrado por el Presidente Enrique Peña con la orden expresa de investigar y resolver si hubo o no conflicto de intereses en los contratos otorgados a empresas que les vendieron inmuebles a "mi esposa, el titular de la Secretaría de Hacienda y un servidor", Virgilio Andrade informó ayer que no podrá cumplir este mandato.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, el funcionario alegando que no está dentro de las facultades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar contratos entre particulares incluyendo a Peña ni de Gobernador ni de Presidente, Andrade dijo que la dependencia sólo estaba facultada para indagar contratos federales.

"Lo que se va a investigar, específicamente", aclaró, "es si estos particulares (las empresas de Grupo Higa) que vendieron las casas fueron favorecidos indebidamente en los contratos.

"La compra en sí no es competencia de la Secretaría de la Función Pública porque no entra a verificar operaciones de carácter mercantil".

Andrade, quien fue nombrado titular de la SFP apenas el martes, reconoció su relación previa con Peña, pues participó en el equipo de transición del entonces Presidente electo, y dijo que tiene una relación cercana desde hace muchos años con Luis Videgaray, titular de Hacienda.

No puede investigar una dependencia que legalmente no existe

La decisión presidencial de encomendar al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, la investigación sobre el posible conflicto de intereses en la adquisición de casas –de Enrique Peña Nieto, su esposa y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray– enfrenta de entrada un problema legal: en la Ley de Administración Pública Federal esa secretaría ya no existe como parte del Ejecutivo Federal, señaló María Marván Laborde, ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

‘‘Supongo (que la medida anunciada el pasado martes en Los Pinos) se ampara en un transitorio que nunca terminó de transitar en la reforma’’, apuntó según otra nota del periódico La Jornada.

En entrevista, Marván Laborde sostuvo que es necesario regularizar la existencia de la SFP para conferirle plena validez legal, pues sería lamentable que no pudiera actuar. Sin embargo, destacó la importancia de revivir esa dependencia, si bien será necesario, como proponen algunos especialistas, acompañarla con el fortalecimiento de sus facultades, dotar de autonomía operativa a la ampliación del papel de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), crear la fiscalía y el sistema nacional anticorrupción.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente ya no considera a la Secretaría de la Función Pública como parte de las dependencias del Ejecutivo Federal, producto de la reforma de Peña Nieto en los albores del gobierno para crear la instancia anticorrupción. Sólo en los transitorios se establece:

‘‘Por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la SFP, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.’’

Al referirse a las expectativas reales de esclarecer el posible conflicto de intereses en el vínculo entre Peña Nieto y el Grupo Higa, relacionado con las casas y los contratos que le fueron otorgados a él, a su esposa Angélica Rivera y al titular de Hacienda, Marván advirtió que existen dos problemas que inhiben el alcance de la SFP: el evidente conflicto de intereses del secretario (Virgilio Andrade), que deberá investigar a quien lo designó, y el débil marco legal que existe en torno al conflicto de intereses.

El marco legal se reduce a dos líneas en la Constitución, ‘‘no más de 30 palabras’’. Por eso, aunque se anuncie que las investigaciones serán validadas por expertos internacionales (de la OCDE), el problema persiste por el débil marco legal.

Para la ex presidenta del Ifai, si realmente hay voluntad de enfrentar la corrupción las acciones anunciadas deberían ser el detonante de un proceso legislativo que corrija las insuficiencias. Esto implicaría que la instrucción a sus subalternos de reportar el posible conflicto de intereses no fuera un acto de voluntad, sino una obligación legal.

En otro orden, en relación con la respuesta que dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al Ifai en torno a la suspensión indefinida de la licitación del tren rápido México-Querétaro, Marván sostuvo que, con independencia de que la instrucción presidencial haya sido verbal y por tanto no se podía entregar la documentación, ‘‘el área jurídica debió trasladarla a un documento que acreditara esa cancelación, entre otras cosas para notificar a las empresas involucradas’’.

La SCT está obligada a entregar la documentación pública que acredite dicha decisión, porque ‘‘no se está cancelando una licitación de 15 pesos, sino de miles de millones’’, concluyó.

Defiende papá de Andrade a líder petrolero

El padre del nuevo titular de la Función Pública es abogado del sindicato de Pemex, que dirige Carlos Romero Deschamps.

"¿A qué se dedica su padre?", se le cuestionó a Virgilio Andrade.

"Él es abogado, y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Fue abogado del STUNAM durante 20 años. Fue abogado del CEU (Consejo Estudiantil Universitario), sobre todo cuando hubo situaciones complicadas en el 88".

"Dicen que también es abogado de Romero Deschamps...".

"Es abogado del sindicato de Pemex, sí", respondió a las preguntas del reportero del periódico Reforma.

¿Considera que puede garantizar imparcialidad siendo un subalterno del Presidente de la República?

La Secretaría de la Función Pública puede garantizar imparcialidad en este tipo de investigaciones porque su ejercicio no está sujeto a la voluntad del Presidente, sino está sujeto a las leyes, y además a responsabilidades que incluso pueden ser revisadas por otros poderes, en específico por la Cámara de Diputados.

La Constitución señala que sólo puede someterse a juicio al titular del Ejecutivo federal por traición a la patria o delitos graves del orden común.

Si bien son ciertos estos principios, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional, el objetivo que claramente se infiere de lo que el Presidente ha solicitado es poder tener elementos y trabajar en torno a situaciones que vayan acotando posibilidades o situaciones que pudiesen generar conflicto de interés.

Y el propio Presidente lo mencionó, estamos en un mundo en donde el conflicto de interés es un concepto que tiene un marco de legalidad.

Hay una tercera situación, que es reconocida en todo el mundo, que es lo que se denomina conflicto de interés aparente, que es cuando existe una relación cotidiana o circunstancial entre particulares y se presenta un fenómeno en el cual algún particular pasa a ser servidor público y al mismo tiempo el otro particular tiene, en un concurso, una situación de ganador en un contrato.

Entonces, este fenómeno, que es el que específicamente estamos viendo, es el que se llama conflicto de interés aparente.

¿Usted va a investigar a funcionarios públicos o al sector privado y sus contratos?

El punto de partida son los contratos, porque el conflicto de interés se materializa en el momento en el que hay alguna irregularidad en los contratos asignados.

Como ciudadano uno esperaría que se indagara si el funcionario público fue favorecido por su relación con quien tiene un contrato con el Gobierno.

Sí, pero en este caso concreto los tiempos están muy claros y las compra-ventas que todos hemos sabido se dieron en una situación en donde los hoy funcionarios no lo eran.

Pero el Presidente Peña Nieto ya era Gobernador del Estado de México y no ha dejado de ser funcionario.

La Secretaría de la Función Pública investiga a los funcionarios públicos en calidad de servidores públicos federales, ese es el marco vigente.

¿Sólo federales?

Así es...

O sea, ¿la compra de Peña Nieto cuando fue Gobernador no es analizada por la Función Pública?

No es competencia de la Secretaría de la Función Pública.

¿De quién es?

De las contralorías estatales o de las auditorías superiores estatales.

¿La compra (de la "casa blanca" y la de Malinalco) no se investigará?

La compra en sí no es competencia de la Secretaría de la Función Pública, porque no entra a verificar operaciones de carácter mercantil.

Lo que se va a investigar específicamente es si estos particulares que vendieron las casas fueron favorecidos indebidamente en los contratos o no existe algún problema de legalidad en esa contratación.

¿La Secretaría de la Función Pública no va a explicar si esos funcionarios públicos no recibieron como "regalías" o como "comisión" las casas?

La Secretaría de la Función Pública va a dar la explicación de cómo se vinculó el grupo de particulares con el Gobierno después de haber existido la compra-venta de los inmuebles.

Es que no podemos esperar nada...

Al contrario, se espera porque el conflicto de interés se materializa en el momento en que las empresas se vean favorecidas.

Se va a investigar a las empresas, no a las casas...

Exacto. La empresa y su vinculación con el Gobierno, porque fueron operaciones mercantiles hechas, formalmente hablando, entre privados.

Lo están utilizando, Virgilio...

No, yo creo que hay una tarea específica y una tarea ordinaria que hace la Secretaría de la Función Pública, y por otro lado, hay temas adicionales de agenda que esta Secretaría va a llevar a cabo para seguir abundando en el tema de cerrar espacios al conflicto de interés.

¿Qué relación tuvo con el equipo de transición?

¿Qué relación tuve? Bueno, participé en el equipo precisamente recibiendo la Secretaría de la Función Pública.

Fue también asesor en la defensa legal de sus gastos de campaña, el caso Monex y el caso Soriana...

Sí, tuve pláticas con ellos, pero de muchos temas, no en un tema particular.

Se dice que tuvo una relación directa con el coordinador de campaña, Luis Videgaray.

He tenido una relación de mucho tiempo con él, eso es innegable. De mucho tiempo, ¿eh? No solamente en la campaña. He tenido una relación cercana de hace mucho tiempo.

¿Y esto no le impide investigarlo?

No, porque el hecho de que tenga un cargo público con responsabilidades específicas que va a investigar una situación material específica me obliga a cumplir con la ley, con independencia de la relación personal que pueda llegar a tener.

Apertura de bienes

El titular de la Función Pública, Virgilio Andrade, aseguró ayer que abrirá su declaración patrimonial.

"A reserva de hacerlo formal, pero lo hago de una vez. Yo tengo un solo bien, una casa, adquirida por hipoteca y del banco que era Comermex. Con una hipoteca firmada en 2002 y con liquidación total de la casa en 2005. Debe ser de un valor de 8 o 9 millones de pesos, ese el único bien que tengo", señaló según la nota del diario Reforma.

De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos de la SFP, Andrade, como titular de la Cofemer, no había autorizado que el valor de sus bienes fuera público, y sí lo había autorizado en 2003, como director de Financiera Rural.

Andrade agregó que posee dos automóviles modelo 2011, una Toyota Sienna y un Volkswagen Jetta, y dos cuentas bancarias, una de él y otra de su esposa, con alrededor de 4 millones de pesos.