Casi tres meses después del primero de los tres escándalos vinculados a la compra de sendas residencias por parte de él, de su esposa Angélica Rivera y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a compañías contratistas del gobierno federal, el presidente Enrique Peña Nieto designó secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade Martínez y le instruyó investigar si en la adquisición de tales residencias ‘‘hubo o no conflicto de intereses’’.

A partir de reconocer ‘‘diversos señalamientos’’ sobre ‘‘posibles conflictos de interés en mi gobierno’’, el mandatario se acogió de nuevo al argumento esgrimido cuando se ventiló públicamente la adquisición de su residencia en Ixtapan de la Sal al empresario Roberto San Román, al asegurar que en su condición de Presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras; tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Pero a pesar de tales aclaraciones, dijo, se asumió consciente de que tales señalamientos ‘‘generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió’’.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, en un mensaje a medios en Los Pinos, iniciado 45 minutos después de la hora anunciada, el jefe del Ejecutivo presentó además ocho acciones ejecutivas ‘‘para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés’’.

Éstas consisten, básicamente, en hacer obligatorio para los funcionarios incluir en su declaración patrimonial, a partir de este año, cualquier indicio de posible conflicto de intereses; creación de una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de intereses, dentro de la Secretaría de la Función Pública; emisión de reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal, y protocolos de contacto entre particulares y funcionarios de decidir contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.

También, realizar un registro y certificar a los funcionarios encargados de los procedimientos de contratación; acelerar la ventanilla única nacional para los trámites y servicios del gobierno; hacer más completa y detallada la lista de proveedores sancionados por el gobierno, y ampliar los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Generan polémica las medidas de Peña

El priísta Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que las medidas que ayer anunció el Ejecutivo federal son parte de la política anticorrupción.

Tras señalar que el nombramiento del ex consejero electoral, Virgilio Andrade, como titular de la Secretaría de la Función pública, fortalecerá las acciones anticorrupción, Gamboa dijo “aplaudo, de verdad, estas ocho medidas del Presidente y su compromiso firme para combatir la corrupción, que es un lastre que lastima a todos los mexicanos”.

Según otra nota del diario Crónica, el senador perredista Alejandro Encinas sostuvo que, como parte de la rendición de cuentas, se debe entregar la declaración patrimonial de todos los servidores públicos.

Al opinar sobre el anuncio que hizo el Ejecutivo federal respecto a que la Secretaría de la Función Pública investigará si hay conflicto de interés en la adquisición de inmuebles, como la llamada Casa Blanca y la casa Ixtapan de la Sal, Encinas dijo que en tanto no sean sancionados los servidores públicos que han malversado recursos, que han ocasionado daño patrimonial, que se han enriquecido ilícitamente y que han recibido prebendas o donativos de proveedores o de empresas beneficiadas en la construcción de infraestructura, lo que se anuncie será simplemente simulación y no resolverá el tema de fondo.

La senadora panista Laura Rojas refirió que el anuncio llega tarde, 25 meses después de que el presidente Peña Nieto inició su encargo en el gobierno.

“Le empieza apenas a dar importancia a la agenda anticorrupción. Ahora sí que más vale tarde que nunca, sin embargo, lo primero que hay que decir es que es un anuncio tardío.

“Después de mucha presión de la opinión pública y de los ciudadanos empieza a reaccionar y el mensaje que dio sobre instruir a la Secretaría de la Función Pública para investigar sobre un probable conflicto de interés en relación a la llamada Casa Blanca, ese mensaje es aún peor todavía, porque la Secretaría de la Función Pública tiene la obligación, por mandato constitucional y por mandato de la Ley Orgánica de las Administración Pública Federal, de iniciar investigaciones cuando cree que hay un posible conflicto de interés y no ha hecho nada, no hizo nada durante todo este tiempo, lo hemos estado denunciando”, expresó Rojas.

Reconoce Videgaray que obtuvo tasa preferencial de Higa

El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reveló a Carlos Marín, en Milenio Televisión, que obtuvo de una filial de Higa una tasa de interés de 5.31 por ciento anual para la casa que compró en Malinalco en 2012.

La banca mexicana ofrecía entonces una tasa, en promedio, de 12.17 por ciento.

En Estados Unidos que un funcionario acepte un préstamo hipotecario con intereses más bajos que los del mercado se consideraría un regalo, lo cual es ilegal y es perseguido por la ley, dijo Mark Rom, investigador de Georgetown en ética política.

Con esa tasa, Videgaray ahorró de 56.8 por ciento en los intereses en comparación con lo pagado por un ciudadano común.

En los 15 meses que pagó su hipoteca --ya que la liquidó por adelantado-- desembolsó 494 mil 535 pesos, contra un millón 145 mil 412 que habría erogado cualquier otra persona.

Según otra nota del periódico Reforma, Videgaray informó que le renta a Higa un predio, que es el jardín de la casa.

"Es algo que no se ha hecho público. El terreno de al lado es un terreno que no está ocupado, que tiene pasto y lo estoy rentando", dijo.

Por dos años han frenado ley anticorrupción

La falta de acuerdos entre las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso –PRI, PAN y PRD- ha aplazado durante más de dos años la consolidación de un organismo nacional anticorrupción, encargado de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en los tres niveles de gobierno.

Fue desde el pasado 15 de noviembre de 2012 que el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, a través de los senadores del PRI y del PVEM, propuso reformas a nueve artículos constitucionales, a efecto de transformar el sistema de rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción; sin embargo, a dos años tres meses de su presentación, este proyecto no ha sido concretado.

De acuerdo con otra nota del diario 24 Horas, la iniciativa de reforma constitucional promovida por Peña Nieto planteó originalmente la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción (organismo que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública), cuyas funciones serían prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como de cualquier particular, teniendo la facultad de atracción para conocer casos de los estados y municipios.

Tras la presentación de este proyecto, PAN y PRD presentaron sendas iniciativas en la materia y no fue sino hasta un año después que se logró consensar la creación de un órgano colegiado especializado en combate a la corrupción, cuya creación fue aprobada por el Senado el 13 de diciembre de 2013 y enviada entonces a la Cámara de Diputados, lugar donde los disensos han hecho imposible que el proyecto concluya su trámite legislativo.

Pendiente también se encuentra la consolidación de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, cuya creación se oficializó el pasado 12 de marzo de 2014, a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, este órgano -que estará adscrito a la también inconclusa, Fiscalía General de la República- no ha podido operar debido a que el Senado de la República aún no logra nombrar al fiscal responsable del organismo, cuyas atribuciones serán investigar y perseguir delitos, como peculado o hurto de bienes públicos y enriquecimiento ilícito, únicamente al nivel federal.

Desde el pasado 19 de noviembre, la Cámara de Senadores aprobó un acuerdo para emitir la convocatoria, a través de la cual se elegiría al titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción. Casi un mes después -el 8 de diciembre- las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia desahogaron las comparecencias de los 33 candidatos inscritos para competir para el cargo; sin embargo, no se logró consenso para elegir a uno de los postulantes.

Al día de hoy, al no existir un acuerdo en torno a alguno de los aspirantes registrados, el Senado repondrá el procedimiento para elegir al Fiscal Anticorrupción. Según lo informó el presidente del Senado, Miguel Barbosa, al reponer el procedimiento, nuevamente se llevaría a cabo un registro de los interesados, en donde podrán volver a participar quienes ya lo hicieron.