El Gobierno mexicano cerró sus audiencias ante el Comité de Naciones Unidas de Desapariciones Forzadas sin reconocer el contexto de impunidad, violencia y abuso de poder en el que tienen lugar estos crímenes en el país.

En su encuentro con los expertos independientes de la ONU celebrado en Bruselas, Bélgica, tampoco pudo presentar información concreta sobre el número de personas registradas como víctimas de desaparición forzada, ni se comprometió a aceptar en el futuro la competencia del Comité para que pueda atender comunicaciones de casos individuales.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, esos fueron algunos de los grandes temas eludidos por el Gobierno mexicano durante su primera aparición en Ginebra ante al grupo de expertos de dicho comité, el cual emitirá sus observaciones el próximo 13 de febrero.

En un análisis sobre la sesión, Amnistía Internacional (AI) sostiene que los expertos lograron en las audiencias de ayer y del lunes evidenciar las graves fallas cometidas por el Estado mexicano para dar respuesta a la crisis de desaparición forzada, tanto en el ámbito legislativo, como en la investigación y reparación del daño.

"En estos días quedó evidente la falta de un marco legislativo adecuado para atender el problema de la desaparición forzada, pese a que el Estado dijo que está impulsando una ley de desaparición forzada, sobre la cual sólo generó más incógnitas", dijo Daniel Joloy investigador de AI.

En cuanto al tema de atención a víctimas, el activista resaltó la incapacidad del Estado por demostrar que hay un trato adecuado y respetuoso para garantizar una reparación integral que vaya más allá de la compensación económica.

La abogada Ximena Suárez Enríquez, de la Open Society Justice Initiative, hace un diagnóstico similar de la sesión de dos días.

"El Estado sigue sin reconocer el contexto en el que tienen lugar las desapariciones forzadas en México, quién desaparece y por qué, y ése sigue siendo uno de los grandes pendientes para resolver la problemática de fondo", expuso Suárez en conversación telefónica.

En la segunda y última ronda de la auditoría, los expertos lanzaron cuestionamientos sobre los procedimientos para la reparación de daños, informar a los familiares de la detención de una persona y procesar a militares involucrados en delitos.

También cuestionaron el sistema de detención preventiva conocido como arraigo, los limitados resultados en la reparación de los daños de las víctimas de la llamada Guerra Sucia y qué se está haciendo con los restos de fosas que se descubren semana tras semana en Iguala.

En Junio México tendrá ley sobre desapariciones forzadas

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, anunció en esa ciudad que espera que para junio México cuente con una ley general de desaparición forzada.

“Es un reto inmediato” que hay que lograr antes de junio, cuando concluye la actual legislatura, dijo Gómez Robledo al término del examen sobre la situación de los desaparecidos en México ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que vela por el cumplimiento de la convención en la materia.

Antes de que se apruebe la ley, “de acuerdo con la fórmula constitucional de distribución de competencias que rige en México, se requiere que la Constitución habilite al Congreso para expedir una ley general en esta materia”, explicaron por escrito hace unas semanas autoridades mexicanas al comité.

Es un trámite necesario para “homologar en todo el país el tipo penal de desaparición forzada”, según el escrito.

Según otra nota del periódico La Jornada, Gómez Robledo aseguró que México acatará las recomendaciones que formule el CED, que llegarán “en poquito menos que dos semanas”.

El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas concluyó hoy la revisión del reporte inicial sobre México, en una sesión en la que el relator Luciano Hazan advirtió que las discrepancias entre palabras y hechos son importantes.

Según señaló Hazan, es necesario identificar las modalidades para garantizar un futuro sin desapariciones forzadas.

Asimismo, destacó que si bien el caso Ayotzinapa atrajo la atención internacional sobre este problema en México, el comité analiza este tema desde antes en términos generales.

El relator agradeció a las familias de las personas desaparecidas y a las organizaciones no gubernamentales que acudieron a Ginebra por la valiosa información que proporcionaron al comité.

El encuentro generó un interés sin precedentes, señaló por su parte el relator Rainer Huhle en su declaración de cierre de la sesión, y se mostró esperanzado en que persista el interés en este grave problema en México.

El CED elaborará sus conclusiones sobre el caso y formulará recomendaciones a México el próximo día 13.

El gobierno de México reconoció ayer la necesidad de superar los retos en materia de desapariciones forzadas, como el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre pasado y supuestamente asesinados e incinerados.

En cuanto a la guerra sucia –los desaparecidos por la represión política secreta contra opositores en los años 60 y 70 del siglo pasado–, la delegación del gobierno no respondió a la pregunta del CED de si hay mil 300 desaparecidos, según los datos que tiene su poder, o son 500, como indica el informe de México.

Senado se compromete a trabajar sobre ley

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, informó que esta instancia legislativa trabajará para que pronto exista en México una ley en materia de desaparición forzada e involuntaria de las personas.

Minutos después de que el gobierno mexicano anunciara en Ginebra que promoverá que a más tardar en junio México cuente con esta ley, Angélica de la Peña recordó que la construcción de este instrumento legislativo será posible mientras todas las fuerzas políticas demuestren voluntad política real y enumeró siete razones por las cuales debe existir esa ley en el país.

Según otra nota del periódico Excélsior, la legisladora habló de la armonización tanto a nivel local como federal de los tipos penales unificados en materia de desaparición forzada y desaparición involuntaria prevista en una sola Ley General: “esta ley tiene que ser, por lo tanto, de observancia obligatoria para el fuero federal, estatal o municipal; con un rango único de penalidad, lo cual daría certeza a todos los involucrados en la procuración y administración de justicia”.

Añadió que es necesario establecer obligaciones y atribuciones concurrentes para las autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir, sancionar, investigar, perseguir, procesar y erradicar los delitos de desaparición forzada de personas dado que los hechos de esta naturaleza serán delictivos en cualquier parte de la República.

En tercer lugar habló de crear un procedimiento específico de búsqueda de las personas desaparecidas con la participación de los familiares de las víctimas, con responsabilidades para las autoridades que incumplan dichos protocolos; el cuarto, es establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada, tenga pleno acceso a este registro.

Como quinta razón colocó el establecer un registro nacional de personas detenidas, que también estaría disponible para consulta pública, de manera que se tuviera certeza acerca de quiénes, dónde, en qué condiciones, por qué y bajo qué responsabilidad deben asumir las autoridades que tienen bajo su jurisdicción personas detenidas.

La sexta es la promulgación de la declaración de ausencia por desaparición de persona como consecuencia de la desaparición; asegurando la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y también de los testigos y, por último, implementar los procedimientos para la reparación integral a las víctimas de este delito.