Mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, aclaró que el compromiso de la Sedena con los padres de los 42 normalistas desaparecidos es permitir su acceso al cuartel del 27 Batallón de Infantería, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, señaló que la solicitud es para recorrer todos las instalaciones castrenses.

Osorio advirtió que no se tolerarán acciones violentas similares a la del lunes pasado, cuando un grupo de embozados intentó ingresar al cuartel militar y también se comprometió con los empresarios a terminar con la impunidad en Guerrero.

Además, el titular de la Segob exigió a los gobernadores de Guerrero, Oaxaca y Michoacán asumir su responsabilidad.

"Pedirles y hacerles el planteamiento de que asuman su responsabilidad. Que cada quien tiene en el marco de la ley algo que hacer. Nosotros lo vamos a hacer y ellos también tienen que actuar en consecuencia. Eso es lo que puedo manifestarles y pedirles a los gobernadores", dijo según una nota del periódico Milenio.

Como se sabe en esas tres entidades del país se registran protestas violentas de maestros y grupos sociales que exigen diversas demandas, situación que ha provocado enfrentamientos, cierre de negocios y la toma de carreteras.

Al término de su encuentro con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Osorio señaló que se comprometió con ellos a asumir sus facultades para acabar con la impunidad en Guerrero, "pero por supuesto que también el gobierno local tendrá que hacer lo que le toca".

Sobre el ingreso a los cuarteles del Ejército, el titular de Gobernación recordó una vez más que desde diciembre "se les invitó, hubo la petición (por parte de los familiares de los normalistas) y se les dijo con todo gusto. La respuesta es que no hubo respuesta, y fue hasta este hecho de hace tres días, en el que, sin mediar solicitud, quisieron entrar con un vehículo contra la puerta principal; además, enfrentaron y que lesionaron a algunos soldados, por supuesto que no lo vamos a permitir ni tolerar", advirtió.

Osorio sostuvo que "los cuarteles son de México" y "la invitación es para el cuartel de Iguala", con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar un recorrido.

Aseguró que en el gobierno de la República "acreditaremos en ya no permitir acciones que lastimen al resto de la sociedad".

Por su parte, el abogado de los padres de los jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, advirtió que "la solicitud que se hizo es para (visitar) todos los cuarteles de Guerrero, y no vamos a ir a través de la CNDH".

Rosales se reunió ayer con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, para pedirle indague a una persona que ofrece dar con el paradero de los jóvenes normalistas a cambio de 110 millones de pesos, situación de la que se enteraron por medios de comunicación en Guerrero.

El abogado dijo que todos los centros de detención de corporaciones policíacas de Iguala y Chilpancingo han sido revisadas y faltan las instalaciones del Ejército y agregó que en la indagatoria hay testimonios que señalan que hubo participación de elementos castrenses que patrullaron y recogieron testimonios de los hechos de la noche del 26 de septiembre.

Respecto de las afirmaciones de Osorio en el sentido de que no tienen sustento los señalamientos contra las fuerzas armadas en el caso de Iguala, Rosales señaló que "no corresponde a las autoridades políticas exonerar", porque eso corresponde a un juez.

Evitar especulaciones sobre revisión a cuartel, pide la CNDH

La visita de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos al cuartel del 57 batallón de infantería en Iguala, Guerrero, debe realizarse cuanto antes para distender los ánimos, cumplir con la exigencia de los familiares de los jóvenes y renovar el diálogo entre las partes, señaló el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

En entrevista con el diario La Jornada, el titular de la CNDH saludó la disposición de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional para abrir las puertas de las instalaciones militares de Iguala –como solicitaron padres y madres de los 42 normalistas que permanecen desaparecidos desde hace más de tres meses–, lo cual podría ocurrir la próxima semana.

–¿Por qué sería importante realizar esta visita cuanto antes? –se preguntó al ombudsman.

–Para ir realizando las acciones que están en la agenda de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Esta es una exigencia que han ventilado de diversas formas, y qué mejor que se realice para distender, por un lado, y por otro, para que la CNDH dé fe pública de lo que observa.

–¿Todavía no ha recibido una invitación oficial de la Sedena?

–Ya hemos platicado y ahí está la invitación pública de la Secretaría Gobernación. Vamos a entrar en contacto con las autoridades y los familiares para generar la logística y realizar la visita lo antes posible.

“Celebramos la disposición para que se pueda ver al interior de las instalaciones militares y agotar uno de los planteamientos de la agenda de los familiares.”

–¿Cómo interpreta el hecho de que se discuta sobre la probable responsabilidad del Ejército en el caso de Ayotzinapa, cuando antes las fuerzas armadas eran intocables?

–Los familiares de las víctimas han pedido que se incorpore como líneas de investigación a (la supuesta participación de) la Policía Federal y elementos de la Sedena, pero eso no necesariamente conlleva a imputaciones concretas.

“Lo que tiene que hacerse es que las investigaciones determinen qué sucedió en Iguala. La CNDH no persigue delitos, sino que investiga violaciones a derechos humanos y está integrando un expediente en ese sentido, sin prejuzgar sobre responsabilidades.

–¿Qué se juega la CNDH en este caso?, sobre todo cuando su gestión está siendo muy observada.

–El reto de un servidor es construir confianza y credibilidad. Tener la oportunidad de platicar con los padres de familia, estar en comunicación con sus representantes y ahora recibir la invitación de la Sedena y la Secretaría de Gobernación para que visitemos el cuartel, me alienta en la construcción de esa confianza.

Las elecciones en Guerrero si están en riesgo: INE

En este momento, no hay condiciones logísticas ni de seguridad para que las elecciones se lleven a cabo en el estado de Guerrero, reconoció Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.

Si me preguntan hoy, si las condiciones, sobre todo en algunos distritos, no en todo el estado, pero en algunos distritos, en particular de Guerrero,  son favorables para que se realice la elección, la respuesta es no”, puntualizó según otra nota del periódico Excélsior.

Aunque, dijo, se trata de una situación de “excepcionalidad”, al puntualizar que  “esta situación no es privativa de todo el estado, sino sólo de algunos distritos electorales”.

Por lo que, agregó, “ya se trabaja para construir “esas condiciones mínimas para que las elecciones se desarrollen y que los ciudadanos puedan emitir su voto, con la mayor libertad posible, como debe ser en una democracia”, por lo que remarcó que “ante situaciones de excepcionalidad, medidas excepcionales,  y en esa estamos trabajando”.

En entrevista con Adela Micha, para Grupo Imagen Multimedia, Córdova exhortó a todos los actores políticos y de gobierno que están involucrados en el conflicto social que vive Guerrero a hacer “esfuerzos extraordinarios, porque a nadie le conviene que no haya elecciones”, ya que se pone en riesgo la viabilidad del sistema de Gobierno.

Si no se llevan a cabo las elecciones, advirtió,  “lo que vamos a tener es un terrible vacío de poder legítimo, y donde hay vacíos de poder, alguien lo ocupa”.

Sin embargo, aseguró que  no puede haber elecciones “pase lo que pase o cueste lo que cueste”, porque entonces las elecciones acabarían siendo parte de los problemas, o un problema más a la ya complicadísima situación que se vive en estados como Guerrero”, por lo que, aseguró, “ante esta situación se tendrán que flexibilizar las medidas o los procedimientos”, para poder llegar al proceso electoral en tiempo y forma.

Hoy estamos viviendo, repito, en algunos distritos una situación de excepcionalidad, ya estamos fuera del calendario programado de actividades, eso significa tener que flexibilizar decisiones, etapas del proceso electoral, para que podamos llegar a tiempo a las elecciones del 7 de junio”, remarcó.

El siguiente  paso, agregó el presidente del INE,  es alcanzar acuerdos que permitan jurídicamente blindar un proceso que se está realizando en condiciones excepcionales y adversas.

Desde el punto de vista organizacional y de las condiciones sociales, hoy no podríamos hacer elecciones en todo el estado de Guerrero, pero las elecciones no pueden ser hoy, ni van a ser hoy y evidentemente tenemos unos meses, de aquí a principios de junio, para ir construyendo esas condiciones, e ir vacunándonos de los puntos de no retorno”.