El gobierno federal accedió a abrir los cuarteles del Ejército, a petición de los padres de los 42 normalistas de Ayotzinapa que aún están desaparecidos, ante su demanda de que su búsqueda se extienda a las instalaciones castrenses.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, la Procuraduría General de la República (PGR) informó anoche que ante la petición adicional de los familiares de los estudiantes para asistir a los cuarteles militares del Ejército, “se les recordó que éstos mismos están abiertos a todos los ciudadanos y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a nuestras instituciones”.

El anuncio se da luego de que los padres y sus representantes se reunieron por más de cuatro horas con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, para conocer los avances de la investigación, en la que los afectados demandan ahora que se abra una línea para indagar la presunta participación de militares en los hechos.

De hecho, el lunes un grupo de inconformes acometió en Iguala las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, donde lanzaron petardos, piedras y botellas e intentaron forzar la puerta con traíleres para buscar a los normalistas desaparecidos.

Vidulfo Rosales y Felipe de la Cruz, voceros de los familiares de los desaparecidos, indicaron que su exigencia de entrar a los cuarteles no es un capricho, ya que aseguran que hay testimonios que involucran a los militares en los hechos del 26 de septiembre.

“Insistimos en revisar los cuarteles y que se abra una línea de investigación para el Ejército, es porque hay elementos probatorios ya dentro del expediente, en la indagatoria, por eso resulta indispensable. No es porque insistamos a capricho, es una obligación del Ministerio Público abrir esa línea de investigación”, dijo.

Ese es el desacuerdo que tenemos —continuó—, porque vemos que hay reticencias para abrir esa línea de investigación. Dicen que no hay elementos suficientes para hacerlo, pero hay más de 10 testimonios de estudiantes, de los propios policías municipales y de personas de la organización Guerreros Unidos que implican al Ejército, señalan que había conocimiento previo y colaboración de los militares con el grupo delictivo.

Reiteró que “nuestra exigencia es que abran los cuarteles para saber si están los normalistas, no vamos a desistir hasta que se abra una línea de investigación a los militares porque participaron en los hechos del 26 de septiembre. Vamos a insistir en ingresar a los cuarteles hasta las últimas consecuencias y tenemos que encontrar la respuesta a todas las dudas que tenemos”, afirmó Felipe de la Cruz.

Rosales adelantó que se solicitó crear un grupo de trabajo para que los padres de familia puedan revisar los cuarteles militares y “el secretario de Gobernación dijo que valorarán la petición y cuándo podría hacerse”.

Se agotaron todas las líneas de investigación sobre normalistas

Para la Procuraduría General de la República, aunque faltan los resultados de los peritajes a 16 restos humanos que se efectúan en la Universidad de Innsbruk, Austria, en la averiguación previa iniciada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “se agotaron las líneas de investigación”.

Según otra nota del periódico La Jornada, las conclusiones de la PGR fueron que obtuvo 221 órdenes de captura, hubo 97 detenidos, entre ellos algunos participantes en la incineración de los alumnos el 26 de septiembre pasado; el ex alcalde José Luis Abarca está acusado del secuestro de los normalistas; a su esposa se le agregó una acusación por delincuencia organizada por sus nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, pero no por el ataque a los estudiantes, y cinco policías de Iguala están acusados de desaparición forzada por la muerte e inhumación de 30 personas cuyos restos fueron encontrados en fosas clandestinas en los municipios de Iguala y Cocula.

Lo anterior se dio a conocer en un acto en el que el titular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), Tomás Zerón de Lucio, informó: “Se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”.

Indicó que el encuentro entre funcionarios federales (el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el jefe de la ACI; los comisionados nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, y de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos) con asesores jurídicos y padres de los 43 normalistas desaparecidos tuvo “la finalidad de dar a conocer los resultados de las investigaciones, así como establecer y aclarar las dudas que surgieron”.

Explicó que se mostró un video con una cronología de los hechos, elaborada con base en las declaraciones reunidas por este caso. Dijo que en la exposición se destacó la presentación de peritajes y dictámenes “científicos que constan en la averiguación previa y de las que se desprenden de las declaraciones de los involucrados, especialmente de quienes participaron en la última etapa de los hechos que tienen sustento” del 26 de septiembre.

Indicó que el video presentado a padres y asesores “en breve será dado a conocer a la opinión pública”, y aseguró que en esa grabación “se detalló paso a paso el resultado de la investigación”.

Informó que el Ministerio Público Federal ha obtenido 221 órdenes de aprehensión por diversos delitos y que suman 97 las personas detenidas contra las cuales se cumplimentó más de una orden de captura.

La PGR investigó la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida el pasado 26 de septiembre, en el municipio de Iguala, en la que se vieron involucrados policías de Iguala y Cocula, así como integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

Señaló que en la investigación se acreditó la vinculación de María de los Ángeles Pineda Villa con Guerreros Unidos, y añadió que se obtuvo una orden de captura contra ella y otras 52 personas por delincuencia organizada, que se agrega a la acusación que se le formuló antes por operación con recursos de procedencia ilícita.

Dio a conocer que se emitió otra orden de captura contra 45 personas, entre ellas el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, como presuntos responsables del delito de secuestro en agravio de los estudiantes normalistas.

Esta orden judicial es la primera que enfrenta Pineda Villa en el ámbito federal por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

Expuso que se giró una orden de captura contra cinco policías de Iguala por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada, ya que están vinculados o acusados de haber participado en el homicidio e inhumación clandestina de 30 personas que fueron ultimadas y cuyos restos se hallaron en nueve fosas descubiertas en los municipios de Iguala y Cocula tras la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Zerón de Lucio mencionó que de los 30 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, 12 fueron plenamente identificados y serán entregados a sus familiares.

Expuso que en esta investigación se interrogó a 380 personas, entre ellas 36 militares. Sin embargo, dijo que no existe ningún señalamiento directo contra integrantes del Ejército.

Finalmente señaló que se apoyará a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa para el otorgamiento de una ambulancia y la dignificación de la escuela.