Elba Esther Gordillo, acusada de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, podría seguir sus juicios desde su casa.

Esto, luego de que un juez federal estimó que, a partir de ahora, debe ser considerada legalmente como adulta mayor, lo que abre la posibilidad de que la ex lideresa del SNTE adelante su solicitud de prisión domiciliaria.

Así lo acordó Alejandro Caballero Vértiz, juez sexto de distrito en procesos penales federales del DF, en respuesta a una promoción de la maestra.

Según una nota del periódico Reforma, Caballero llegó a dicho acuerdo con base en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, condición que se alcanza a los 60 años de edad.

Marco Antonio del Toro, abogado de la ex lideresa sindical, confirmó que, con esto, su cliente ya no deberá esperar a cumplir 70 años para tramitar su solicitud de prisión domiciliaria, no obstante que Gordillo llegará a esa edad el próximo 6 de febrero.

"El juez, en un acuerdo, ya reconoció a la maestra como adulto mayor con enfermedades, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores", aseguró el litigante.

"Hay jurisprudencia de la Suprema Corte que dice que un adulto mayor puede tener derecho a prisión domiciliaria cuando se da el padecimiento de enfermedades, como es el caso".

Del Toro añadió que sólo están a la espera de un dictamen médico para presentar sus solicitudes de prisión domiciliaria a los jueces Alejandro Caballero Vértiz y Rubén Darío Noguera Gregoire, quienes instruyen los juicios de Gordillo.

Fracasa SFP para detectar enriquecimientos ilícitos de funcionarios

La Secretaría de la Función Pública (SFP) es poco efectiva a la hora de detectar enriquecimientos ilícitos de los servidores públicos.

De acuerdo con otra nota del diario Reforma, cada año la dependencia revisa las declaraciones patrimoniales de 205 mil funcionarios y sólo acusó, de 2006 a la fecha, a 21 ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Según datos de la dependencia, entregados a una solicitud de información, en los últimos nueve años, sus áreas encargadas de detectar anomalías entre los ingresos que declaran los servidores públicos y el incremento de su patrimonio, integró 224 expedientes.

Sin embargo, de ese total, sólo en 68 casos se inició un procedimiento de verificación patrimonial, es decir, una investigación para determinar la legalidad o no de los bienes cuyo aumento no es concordante con los ingresos reportados.

En 35 casos, indicó la SFP, los expedientes aún siguen en integración; 10 se archivaron por falta de elementos; 2 causaron baja por resultar improcedentes y 21 generaron denuncias ante el Ministerio Público federal, cuya resolución se desconoce.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) establece la obligatoriedad de que todos los funcionarios, de jefe de departamento hasta el Presidente, presenten una declaración al iniciar sus actividades en el servicio público y la actualicen cada año en el mes de mayo y al dejar su cargo o comisión.

El propósito de la declaración es que la SFP pueda revisar la evolución patrimonial de los servidores durante el ejercicio de su encargo y detectar irregularidades.

El universo de servidores públicos obligados a presentar su declaración, según la SFP, es de 205 mil 320; de éstos, 97 por ciento de los casos cumplió con el requisito el año pasado.

La SFP presumió ante la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo con el que firmó la Convención Interamericana Contra la Corrupción, sus sistemas de monitoreo de declaraciones patrimoniales denominado DeclaraNet.

"El referido Sistema se sitúa bajo una plataforma de inteligencia que permite el manejo de la información, ya que a través de las alertas, se hace permisible la advertencia de incongruencias en la información del patrimonio declarado y con ello, la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito", sostuvo en 2012.

"Aunado a que constituye un sistema que proporciona reportes estadísticos e informes detallados, lo que permite a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo la revisión de las evoluciones patrimoniales con mayor eficiencia, pues se parte de un mayor grado de presunción sobre incongruencias respecto de lo declarado".

La SFP no inhabilitó  a empresa de Hinojosa

El Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, podría participar de nuevo en la licitación del tren México-Querétaro, que se abre este jueves, porque la Secretaría de la Función Pública no lo inhabilitó.

“No hay ninguna sanción contra las empresas que participaron en la primera a licitación”, dijo Julián Olivas, subsecretario y responsable de despacho de la Secretaría de la Función Pública en conferencia de prensa.

“Si no está en el Diario Oficial de la Federación, cualquier empresa puede participar siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos y de experiencia que en su momento se señalen en las bases de licitación”, explicó según otra nota del diario de Yucatán.

Higa formó parte del consorcio que el pasado 3 de noviembre resultó ganador de la primera licitación para la construcción del tren rápido. Apenas tres días después, el 6 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto revocó el fallo, luego de que se supo que la casa de su esposa, Angélica Rivera, había sido construida por el empresario.

Aunque no hay impedimento legal para que Higa participe en la nueva licitación, según las declaraciones del titular de la SFP, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció en diciembre que la empresa no contenderá.

Dijo: “La empresa Higa está imposibilitada desde el punto de vista de opinión y cuestionamiento públicos, así como por debate político. No me queda duda de que no va a volver a participar, y así lo han manifestado públicamente también las otras dos empresas”.

Hasta ahora, sin embargo, la empresa de Hinojosa Cantú no ha descartado públicamente su participación.

El 3 de noviembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció el fallo de la licitación del tren México-Querétaro, en favor el consorcio integrado por China Railway Construction Corporation y las mexicanas Constructora y Edificadora GIA+A (GIA), Constructora Teya (Higa), y Promotora y Desarrolladora Mexicana.

Teya es parte de Grupo Higa, que pertenece a Hinojosa Cantú, relacionado también con la compraventa de la propiedad, en el Estado de México, de Luis Videgaray, secretario de Hacienda y con la renta de una casa a Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia.

Prodemex, a su vez, es propiedad del empresario Olegario Vázquez Raña, dueño de Grupo Empresarial Ángeles.
La empresa China Railway Construction Corp. (CRCC), líder del consorcio que había ganado la licitación, confirmó el 6 de enero que volverá a presentarse en el concurso por el proyecto.