En México, los abusos de las fuerzas oficiales de seguridad en contra de la población civil son una práctica “común y recurrente”, muchas veces relacionada con la “fabricación” de culpables, pero también con la “represión” a grupos disidentes, en una dinámica que incluye con frecuencia el uso de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, señalaron diversas organizaciones de derechos humanos.

Más allá de la incidencia de crímenes como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, los diversos cuerpos policiacos y las fuerzas armadas del país cometen de forma “constante y cotidiana” actos como detenciones arbitrarias, allanamiento de morada sin orden judicial, agresiones físicas y verbales, robos y uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones, entre otros, documentaron los corresponsales de La Jornada en toda la República.

De acuerdo con una nota del diario La Jornada, uno de los casos que ejemplifican lo anterior es Tamaulipas. Apenas en la primera mitad de 2014, en dicha entidad la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó 104 quejas por detenciones arbitrarias, muchas de las cuales se volvieron desapariciones forzadas en las que habrían participado la Policía Estatal Acreditable, el Ejército y la Policía Federal.

Como parte de esos casos de detención arbitraria, habrían ocurrido también 50 actos de allanamiento de domicilio particular sin la respectiva orden de un juez y 65 por múltiples formas de abuso de autoridad.

En San Luis Potosí, el organismo público de defensa de los derechos humanos llegó al punto de señalar que las policías municipales del estado estaban entre “las más deshonestas” del país, pues tan sólo en el primer trimestre del año pasado se duplicó el número de quejas que recibían normalmente estas agrupaciones de seguridad.

Un fenómeno notable en entidades como Chihuahua, por ejemplo, es que en la medida en que fueron disminuyendo los abusos cometidos por grupos delincuenciales –o al menos las denuncias interpuestas ante la autoridad–, aumentaron las que involucraban a agentes policiacos de los tres niveles de gobierno.

En 2013 y lo que va de 2014, la mayoría de las quejas recibidas por la comisión estatal de derechos humanos de Chihuahua se refieren a vejaciones cometidas por las policías municipales y estatales y agentes del Ministerio Público, en una tendencia similar a la de Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Morelos y Nayarit.

Entre los “casos emblemáticos” de abusos de las fuerzas de seguridad puede mencionarse el de las indígenas ñañús Alberta Alcántara, Teresa González y Jacinta Francisco, quienes fueron detenidas en agosto de 2006, acusadas de supuestamente haber secuestrado a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones, luego de que éstos realizaran un operativo contra la venta de piratería en el mercado de la comunidad de Santiago Mexquititlán.

Jacinta permaneció tres años en la cárcel, y Teresa y Alberta cuatro, luego de que las autoridades se vieran obligadas a liberarlas tras admitir que no había pruebas en contra de ellas. Sin embargo, la Procuraduría General de la República se ha negado a reconocer formalmente su inocencia y a indemnizarlas por los años que estuvieron en prisión.

Un caso más reciente de abuso de autoridad ocurrió el pasado 9 de julio, cuando policías del estado de Puebla disolvieron una manifestación de habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan –presuntamente utilizando balas de goma–, lo que dejó un saldo de un niño muerto y decenas de personas heridas.

Ante las acusaciones de que los granaderos usaron balas de goma, el procurador de la entidad, Víctor Antonio Carrancá, ha afirmado que la muerte del niño José Luis Tehuatlie se debió a la “onda expansiva” de un cohetón lanzado por los propios manifestantes, y que la lesión de un hombre que resultó con fractura de mandíbula y pérdida de una parte de la lengua fue provocada por una “piedra que lanzó una reportera”.

En muchas ocasiones, los abusos de autoridad llegan al extremo de la tortura, la cual sigue siendo utilizada de forma recurrente por las fuerzas de seguridad como un método para “resolver” casos judiciales, debido a que los jueces siguen aceptando las confesiones obtenidas por este medio y a que las denuncias de las víctimas pocas veces son investigadas, documentaron los corresponsales de este diario.

En su reciente visita al país, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre tortura, Juan E. Méndez, advirtió que este crimen es un fenómeno “generalizado” en México, pues se le usa como método de investigación criminal, y queda “en la más flagrante impunidad”.

De igual forma, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional advirtió en su Informe Mundial 2014 que en México” es común” la práctica de la tortura para obtener información y confesiones autoinculpatorias –consistentes en golpizas, descargas eléctricas, abusos sexuales y simulacros de ejecución–, ante la falta de investigaciones y condenas contra los responsables.

En el estado de Jalisco, por ejemplo, ningún servidor público ha sido juzgado por tortura a pesar de que en los pasados siete años la comisión estatal de derechos humanos ha emitido 27 recomendaciones por este delito contra diversos agrupamientos policiacos –cinco de ellas en lo que va de 2014–, pues el máximo castigo que recibe un agente por ello es ser suspendido 30 días sin goce de sueldo.

A lo anterior se suma el hecho de que las autoridades no siempre aceptan la realización del llamado Protocolo de Estambul –método internacional para identificar a quienes han sido víctimas de tortura– o las denuncias sobre este delito simplemente no se investigan porque son reclasificadas como “lesiones”.

En Tabasco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos registró en 2013 un total 542 quejas por tortura en contra de agentes de la Policía Ministerial, al tiempo que organismos no gubernamentales documentaron que hasta 70 por ciento de las personas recluidas en el estado han sido víctimas de este delito para obligarlas a declararse culpables.

Aunque ninguna entidad es ajena a esta práctica, entre los casos “paradigmáticos” está el de Adrián Vázquez Lagunes, veracruzano avecindado en Tijuana, Baja California, quien en septiembre de 2012 fue detenido por agentes de la Policía Estatal Preventiva luego de que lo confundieran con Gonzalo Insunza, alias El Macho Prieto, presunto jefe de sicarios del cártel de Sinaloa.'

Luego de su aprehensión, fue torturado durante varias horas para obligarlo a autoincriminarse. Sus captores le rompieron siete costillas y le perforaron un pulmón. Fue enviado al Centro de Readaptación Social de El Hongo, en Tecate, y aunque el verdadero Macho Prieto murió durante un enfrentamiento en diciembre de 2013, Vázquez Lagunes sigue en prisión, acusado de delincuencia organizada.

En Campeche, el 3 de febrero de 2010, el taxista José Luis Flores Rosado fue aprehendido por la Procuraduría de Justicia local en Ciudad del Carmen, acusado de liderar una banda de asaltantes. Cuatro agentes de la Policía Ministerial le sumergieron la cabeza en una pileta de agua y lo asfixiaron con una bolsa de plástico en la cabeza hasta que le causaron la muerte. Por este caso, tres de los asesinos fueron encarcelados y uno más está prófugo.

Un episodio más ocurrió el 1 de marzo de este año en la comunidad de Acala, Chiapas, cuando ocho policías locales arrestaron y torturaron al joven José Rolando Pérez de la Cruz, por haber obstruido accidentalmente el paso de una patrulla con su bicicleta.

También pueden mencionarse los casos de la empleada doméstica Gisela Peraza, quien denunció haber sido víctima de tortura en marzo de 2011 para hacerla confesar un robo en la casa del actual gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y el de 21 policías municipales de la capital de Aguascalientes, quienes ese mismo año fueron torturados para obligarlos a confesar que tenían vínculos con el narcotráfico.

Piden a Obama que presione a Peña sobre tema de derechos humanos

La organización Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a fin de que pida a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, que enfrente “con mayor seriedad” la crisis de derechos humanos que vive el país.

En el contexto de la reunión entre ambos mandatarios que tendrá lugar hoy en Washington, el organismo indicó que si el gobierno mexicano no muestra resultados significativos en el castigo a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, como “buen socio”, el gobierno de Estados Unidos le debe dejar claro al presidente Peña Nieto que ya no podrá certificar que se han cumplido los requisitos de los derechos humanos de la Iniciativa Mérida.

En la misiva, donde hace referencia a hechos como Tlatlaya y Ayotzinapa, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de HRW, recriminó al presidente Barack Obama que no haya exigido a México el cumplimiento de requisitos de derechos humanos incluidos en la Iniciativa Mérida, proyecto conjunto entre Estados Unidos y México destinado a combatir la delincuencia organizada.

“Se supone que 15% de esta asistencia —de dos mil millones de dólares— está supeditado al cumplimiento por parte de México de una serie de requisitos básicos de derechos humanos, que incluyen asegurar que se investiguen y juzguen los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad”, explicó según otra nota de el periódico El Universal.

En ese sentido, también destacó que hechos como el de Tlatlaya y el de Ayotzinapa son el reflejo de un patrón de abusos e impunidad y la consecuencia de que “el gobierno de Peña Nieto no ha tomado con seriedad la gravedad de la situación actual”.

Esta crisis recibió una gran atención internacional en los últimos meses, debido a dos atrocidades —las más graves que hemos visto en México en muchos años— que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad pública. Una concierne el asesinato de 22 personas por parte de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio pasado.

La otra trata sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, luego de haber sido secuestrados por policías municipales en Iguala, en el estado de Guerrero, en el mes de septiembre, destacó la citada organización.

Vivanco indicó que si bien la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a los sospechosos en ambos casos, el gobierno demoró las investigaciones y agentes del Ministerio Público estatal intentaron encubrir la participación delictiva de militares en el caso de Tlatlaya, Estado de México, torturando a testigos para obligarlas a que prestaran testimonios falsos.

Por ello, consideró que Estados Unidos podría desempeñar un papel importante de apoyo a fin de que México aborde esta crisis.

“No obstante, su gobierno ha enviado precisamente el mensaje equivocado, al no exigir el cumplimiento de requisitos de derechos humanos incluidos en la Iniciativa Mérida, proyecto conjunto entre Estados Unidos y México destinado a combatir la delincuencia organizada”, señaló.

El encuentro se registra en vísperas del inicio de la implementación de las acciones de migración de Obama que beneficiarán a mexicanos indocumentados.

El embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, estimó que hasta cuatro millones de mexicanos podrán beneficiarse del nuevo programa de Acción Diferida para Recién Llegados en la Infancia (DACA) y su variante para adulto (DAPA).

Acompañado del subsecretario de Relaciones Exteriores, Sergio Alcocer, dijo que hay esfuerzos para que los mexicanos sean beneficiados de los programas.