Durante los últimos cuatro años, 81.2% de la deuda en México la han contratado gobiernos estatales, 10.7% municipios y 7% órganos locales. Ante ello, PRD y PAN insistirán en que se apruebe la reforma para regular los endeudamientos locales, la cual se encuentra atorada en el Senado.

“Los gobernadores del PRI pretenden que sus abusos, excesos y mal uso de los recursos salgan a la luz pública. Cualquier intento por cambiar esta situación, tanto a nivel local como a nivel federal, ha sido bloqueado por las bancadas priistas en el Congreso y en las legislaturas locales”, acusó el Partido Acción Nacional (PAN) en un análisis según una nota del diario 24 Horas.

En el documento, cuya copia posee el mencionado periódico y que se titula “Panorama de la deuda de los estados del país. La deuda de nunca acabar”, los investigadores Hugo Venancio Castillo y Salomón Guzmán Rodríguez subrayan que sólo es facultad de las legislaturas locales aprobar los niveles de deuda de sus respectivas entidades, por lo que para intervenir, el Congreso de la Unión requiere una reforma constitucional.

“Los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas”, recuerda el análisis al citar el artículo 117 Constitucional.

En este sentido, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, aseguró que se pretende que intervenga el Congreso de la Unión, a través de una Comisión Bicamaral, para analizar la situación de cada estado y saber su nivel de endeudamiento.

Los investigadores descartan, en su estudio, que sea el gobierno federal el responsable de dichos adeudos, ya que aseguran que la responsabilidad sólo recae en los gobernadores y sus legisladores. “Si algún estado tiene problemas de sobre-endeudamiento, es por la irresponsabilidad con la que ellos mismos proponen, manejan, y aprueban sus finanzas públicas”.

Recuerdan que gobernadores y legisladores de las entidades federativas comprometen las transferencias federales, que año con año aprueba el Congreso de la Unión, para liquidar los intereses generados por dichos préstamos y el perjuicio de sus habitantes.

“Esto trae como consecuencia que se reduzca la capacidad de maniobra de los gobierno locales para invertir en infraestructura, obligándolos endeudarse más para financiar el gasto corriente. Esto ha creado un círculo vicioso de endeudamiento y bajos niveles de inversión, incluso en rubros tan importantes como la seguridad”, precisaron.

Los más endeudados

El estudio, en manos de su líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, así como de los coordinadores parlamentarios del Senado de la República y la Cámara de Diputados, Jorge Luis Preciado y José Isabel Trejo, revela las entidades cuyos montos fueron los más representativos.

Al cierre del año pasado, las entidades con mayor deuda fueron el Distrito Federal, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Estado de México y Coahuila. La primera es gobernada por el PRD, mientras que las demás por el PRI.

Sin embargo –acota el documento— la estructura porcentual de sus respectivas deudas que pertenece a la banca comercial es diferente para cada caso; por ejemplo, precisa, en Coahuila se mantiene en 97%, mientras que la de San Luis Potosí es de 95%; seguida de entidades como Querétaro con 94% y Nayarit con 90%.

Aplican auditorías sin ningún criterio

Los esfuerzos para combatir la corrupción en México a escala estatal se realizan sin una norma generalizada y en proporciones disparejas. Mientras algunas entidades efectúan evaluaciones en promedio dos veces por semana, otras apenas realizan una auditoría anual.

De acuerdo con otra nota del periódico Milenio, en el último año se efectuaron 12 mil 37 auditorías en los estados; sin embargo, mientras en Baja California se realizaron mil 630 procesos de este tipo, en el Distrito Federal solo se hizo uno, según datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014.

Otro ejemplo es que mientras en Coahuila se llevaron a cabo mil 548 auditorías durante 2014, en Guerrero apenas se realizaron 25, según se reportó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En Tamaulipas las revisiones de los auditores sumaron 41 expedientes, mientras en el Estado de México se hicieron mil 726.

Según los datos del censo, Distrito Federal, Guerrero, Campeche, Tamaulipas y Tlaxcala son las entidades con menor número de auditorías realizadas en su territorio, al efectuar entre una y 47 revisiones.

La capital de la República destaca por tener reportada una sola, a pesar de contar con una de las estructuras gubernamentales más grandes del país, solo detrás del Estado de México.

Entre las entidades que cuentan con mayor número de procesos de vigilancia a sus servidores públicos están el Estado de México, Baja California, Coahuila, Chihuahua y Jalisco.

Según las cifras del Inegi en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, se sancionó a 11 mil 259 servidores públicos por infracciones con motivo del servicio público, es decir: negligencia administrativa, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos o peculado.

El Estado de México es la entidad con mayor número de sanciones aplicadas, con un total de tres mil 378; le siguen el DF, con mil 724 sanciones; Jalisco, con 864, y Oaxaca, con 863.

A pesar de que se busca tener un refuerzo en los controles anticorrupción, éstos se han aplicado de manera independiente en cada uno de los estados, según los reportes del Inegi, casi todos cuentan con un registro y seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos con excepción de Durango y Michoacán.

En tanto, pocas son las entidades que han aplicado medidas para el tratamiento o reducción de los actos de corrupción pues únicamente 12 de las 32 han tomado medidas.

Entre los que no han efectuado estas acciones se encuentran Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, Estado de México y Michoacán.

La falta de acciones por parte de los gobiernos locales afecta la economía nacional pues, después de los robos, la corrupción es el segundo problema que preocupa a los empresarios en México. De acuerdo con datos del Inegi, la corrupción ha hecho perder al país al menos dos de cada 10 intenciones de inversión y los mecanismos para abatirla han fracasado, pues la percepción a escala mundial no ha mejorado en los últimos cinco años.

A pesar de que en el gobierno federal se ha intensificado en el discurso la condena hacia estos actos, en la práctica las acciones no se efectúan de manera uniforme en los estados.

México ha descendido hasta 30 puestos en el combate a la corrupción desde 2006 a la fecha, en comparación con otros países, según Transparencia Internacional.