Los enfrentamientos ocurridos el domingo pasado en Chilpancingo entre policías y activistas solidarios con los normalistas de Ayotzinapa forman parte de una estrategia para perseguir y criminalizar a quienes exigen el esclarecimiento del caso y la aparición con vida de los jóvenes agredidos, señalaron familiares de los estudiantes y los abogados que los acompañan.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada,  Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, subrayó que “desde hace varios días se cierne sobre el movimiento por la presentación con vida de nuestros desaparecidos una estrategia que busca perseguir y criminalizar a todos los colectivos que se solidarizan” con los estudiantes.

Consideró que los choques ocurridos en la capital de Guerrero antes de que se llevara a cabo un concierto en solidaridad con Ayotzinapa es el más reciente de una serie de “hechos represivos” contra los padres y las madres de los normalistas.

Como parte de esa dinámica, recordó, las autoridades ya habían tratado de vincular a los jóvenes con el grupo delincuencial Los Rojos. Además, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional “fichó” a los abogados que acompañan a los familiares de las víctimas, y el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, afirmó que los padres de los normalistas eran “manipulados” por grupos que sólo buscan intereses particulares.

Reiteró que lo ocurrido el domingo en Chilpancingo fue provocado por un grupo de policías en estado de ebriedad, que rompió las vallas del sitio donde se iba a realizar el concierto, y luego se presentó como víctima de las agresiones de maestros.

“Es una clara provocación de la Policía Federal para criminalizar y endurecer la política represiva y dar una salida violenta al conflicto. Ahora tienen el pretexto perfecto para reprimir a gran escala”, advirtió Rosales en una conferencia de prensa.

Por otra parte, el abogado exigió que las autoridades exploren la línea de investigación según la cual la Policía Federal y el Ejército tuvieron un papel activo en las agresiones contra los normalistas el pasado 26 y 27 de septiembre, como publicó la revista Proceso.

Felipe de la Cruz, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, sostuvo que “es claro que el gobierno federal busca desestabilizar de una u otra manera este movimiento (…) Hoy nos damos cuenta de que nos está utilizando para intimidar a todas las organizaciones sociales que están en búsqueda de los jóvenes, porque  no ha podido desmembrar el movimiento y está cayendo en la desesperación”.

De la Cruz afirmó que si el objetivo del gobierno federal es cerrar el caso, los padres y las madres de los jóvenes están dispuestos a seguir buscando a sus hijos de forma independiente.

“Si creen que al cerrarlo nos vamos a sentar, no va a haber vacaciones para nosotros y no las tiene que haber para ellos. Si no tenemos Navidad ni Año Nuevo, tampoco ellos lo van a tener porque vamos a seguir en la acción. Ya no tenemos miedo a la represión, nos quitaron hasta eso y nos dejaron la rabia y la energía para seguir buscando”, enfatizó.

De igual forma, aseveraron que los contactos con las autoridades están suspendidos por el momento y lamentaron que el presidente Enrique Peña Nieto sea “insensible” ante el dolor de los padres, como lo demuestra el hecho de que nunca llamó a los familiares de Alexander Mora Venancio, el normalista cuyos restos fueron identificados por un laboratorio en Austria.

Caso Ayotzinapa dispara la toma de casetas de peaje

En un lapso de 81 días se contabilizaron en México 385 bloqueos carreteros y tomas de casetas de peaje, lo que equivale a casi cinco protestas al día en las que se utilizó este método, que representó pérdidas estimadas en más de 192 millones de pesos, sólo por lo que deja de recaudar Caminos y Puentes Federales (Capufe) por cada ocasión que una caseta deja de operar, sin contar las afectaciones a automovilistas, la pérdida de mercancías que no llegan a tiempo y el consiguiente daño a las empresas, entre otras implicaciones.

Así lo revela el reporte Toma de Instalaciones 2014 de Capufe, con cifras del 27 de septiembre al 30 de noviembre de este año, a las que se sumaron los reportes que emitió la dependencia en lo que va de diciembre a través de su página oficial, datos que además son utilizados por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para dar seguimiento a las actividades de los grupos que están detrás de estas tomas y bloqueos.

En total, de los 385 incidentes registrados, 77.6% se concentraron en los estados de Guerrero, Oaxaca, Estado de México y el Distrito Federal, según se informa en otra nota del periódico El Universal.

Sobre el impacto de estas acciones, Jorge Chabat y Javier Oliva, especialistas en temas de seguridad, coincidieron en que el consentimiento por parte de las autoridades para permitir la toma de casetas por grupos de estudiantes, maestros o integrantes de organizaciones para obtener recursos se ha vuelto una costumbre en los últimos años, que además de violentar los derechos de los automovilistas es un peligro para el Estado y los mismos habitantes al desconocerse a dónde van a parar los recursos que se obtienen por la toma de los módulos de peaje.

El documento de Capufe y el recuento realizado por El Universal indica que la mayor incidencia de toma de casetas en el país —en términos generales— se registra en las seis que se localizan en el Distrito Federal y el Estado de México, donde se reportaron hasta ayer 112 eventos.

En la caseta que se identifica como Tlalpan [en la carretera México-Cuernavaca] manifestantes de diversas organizaciones afectaron sus operaciones en 47 ocasiones en poco más de tres meses, y en su mayoría realizaron “boteos” solicitando recursos a los automovilistas a los que les permitían pasar.

Mientras que en las casetas de Tepotzotlán [autopista México-Querétaro], Ojo de Agua y San Cristóbal [México-Tizayuca]; así como San Marcos y Chalco [en la México-Puebla] que se ubican en territorio mexiquense, hubo 65 tomas de instalaciones, aunque en algunas de ellas no necesariamente se afectó de manera total la circulación.

Es en Guerrero donde se ha focalizado una mayor afectación en un par de puntos, ya que desde la última semana de septiembre a la fecha, en 104 ocasiones se tomaron casetas, existieron cierres parciales o totales, y en algunos casos por varias horas, de la Autopista del Sol.

Destaca el caso de la caseta identificada por Capufe como Palo Blanco, en la autopista Cuernavaca-Acapulco, que ha sido tomada en 74 ocasiones en el año, lo que equivale a que 71% de las protestas que se realizaron en ese periodo en la entidad han tenido como estrategia el cierre de este punto de cobro; otras 27 manifestaciones ocurrieron en la caseta La Venta, y tres más en Puente de Ixtla.

Oaxaca es otra de las entidades afectadas por las manifestaciones que recurren a afectar vialidades y puntos de cobro en la red carretera. Ahí en 83 ocasiones se usó este método, sobre todo en la caseta Huitzo [de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca] con 36 incidentes, y la de Suchixtlahuaca con 26 casos.

En Veracruz también hubo afectaciones con 61 cierres de arterias o casetas, y 50% se concentraron en el punto de peaje Acayucan [de la carretera Acayucan-Sayula] con 31 casos y la de Cosamaloapan con 25.

En menor proporción están Morelos con nueve casos, en la caseta Tepoztlán; otros cinco ocurrieron en Puebla [en la autopista Puebla-Orizaba]; cuatro más en Zacatecas, dos en Durango y uno en Baja California [en el punto de peaje Playas de Tijuana].

A partir de hoy la Policía Federal desplegará a 100 elementos a Guerrero, que entre sus tareas impedirán el bloqueo de la Autopista del Sol en esta temporada decembrina, revelaron autoridades federales.

Jorge Chabat, investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que el gobierno federal debe asumir la responsabilidad de evitar este tipo de actos en diferentes partes del país.

“Lo que tiene que hacer el gobierno federal o estatal, dependiendo de lo que se trate, es aplicar la ley. Esas son casetas federales y eso evidentemente es una responsabilidad del gobierno, se ha hecho una costumbre de dejarlos porque en algún momento alguien decidió que no había que hacer nada”, comentó.

Javier Oliva, especialista en seguridad nacional e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que lo único que tiene que hacer el Estado para evitar que se sigan tomando casetas es aplicar la ley.

“Es un delito por obstrucción, se tipifica como ataques a las vías de comunicación. Lo único que debe hacer el gobierno para evitar este tipo de actos es aplicar la ley. No tiene que hacer nada fuera de lo común. Imaginemos que un grupo de personas trata de tomar casetas del Golden Gate de Estados Unidos, no duran ni un minuto en tomarlas”, dijo Oliva.

Para el experto, la falta de autoridad ha llevado a que este tipo de incidentes sean continuos.

“En México se debe de aplicar el Estado de derecho, pero la mayoría cree que aplicar la ley es sinónimo de represión. Uno observa cómo un grupo de personas, que no creo que sean estudiantes, van y sacan a los policías federales de los hoteles y los golpean. Nadie dice nada, es la pedagogía de la impunidad”, indicó.

En tanto, Chabat explicó “al fin y al cabo es un daño a la nación que no se justifica, y que evidentemente hay un gobierno que no quiere aplicar la ley a pesar de que está viendo la situación”.

Ambos especialistas refieren que el boteo que esos grupos de personas realizan en las casetas son fondos públicos que se desconoce a dónde van a parar, o en qué son utilizados, situación que es un problema para el gobierno y para los propios habitantes.

“Puede ser usado para lo que sea. Es una protesta ilegal, porque son recursos del erario público, y ese dinero no se sabe para qué se destine. Aunque fuera para el movimiento, no hay una forma de saberlo. Ese dinero se puede desviar para cualquier tipo de actividad. Claramente no sabemos qué destino tenga”, reconoció Chabat.

“No hay ningún control de ningún tipo, a pesar de que la policía se encuentra a un lado. Son grupos de personas que se dedican a cobrar un peaje, a colocar pegotes, a agredir a los automovilistas. Están violentando a los habitantes, aseguró Oliva.