Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana a las instituciones gubernamentales ante el riesgo de que los hechos de violencia que se produjeron el 14 de diciembre último en la comunidad de San Dionisio del Mar, desencadenen acciones que podrían provocar violaciones graves a los derechos humanos de habitantes de esa población.

Con la alerta temprana emitida este 15 de diciembre, la Defensoría hizo un llamado a todas las partes involucradas en el actual conflicto que sufre la comunidad, para que resuelvan su problema con respeto a los procesos democráticos y de manera pacífica, pues el uso de la violencia en estos casos sólo genera más violencia.

La Defensoría señaló que San Dionisio del Mar atraviesa por un conflicto político y social originado por el proyecto eólico de la empresa Mareña Renovable, el cual ha provocado que un grupo de habitantes se organizara para formar la Asamblea General de San Dionisio del Mar.

La situación en la comunidad se ha ido complicando –expone la Defensoría– y debido a ello, en el mes de enero de este año el conflicto escaló en San Dionisio hasta impedir al candidato electo como presidente municipal, tomar posesión del cargo.

La Defensoría recordó que debido a ese conflicto, el Congreso del Estado nombró a un administrador municipal, mientras el consejo general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca convocó el 19 de septiembre último a los partidos políticos con registro para que participaran en las elecciones extraordinarias que se realizarían el 14 de diciembre en San Dionisio del Mar.

El organismo defensor expone que las acciones para celebrar el proceso electoral causaron descontento en la comunidad, pues San Dionisio del Mar se rige por el sistema de usos normativos internos (usos y costumbres).

La Defensoría hace un llamado a todas las instancias del estado para que, en forma coordinada, intervengan para garantizar la paz y la tranquilidad social, no sólo de la comunidad, sino de la región.

La Defensoría considera que, dado el contexto regional del Istmo de Tehuantepec respecto a los proyectos eólicos, el conflicto que aqueja a San Dionisio del Mar debe atenderse de manera integral, a fin de evitar su repetición.

Por ello, en su alerta temprana la Defensoría pidió a la Secretaría General de Gobierno que genere mecanismos de diálogo para resolver de forma integral el conflicto, además de solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública que realice un plan de atención integral en materia de seguridad pública, con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de los habitantes de San Dionisio del Mar.

La Defensoría del Pueblo de Oaxaca puntualiza que requiere la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que, en caso de existir la posible comisión de algún delito, inicie la investigación correspondiente.

La Defensoría, en la alerta temprana, también pidió el apoyo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, a fin de que armonice los esfuerzos de las instituciones de la administración pública para que todas sus acciones ante el conflicto lleven un enfoque de derechos humanos.

La Defensoría solicitó asimismo la intervención del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca,  para que tome en cuenta la legislación internacional respecto a los derechos de los pueblos originarios en las determinaciones que dicte con motivo de estas elecciones extraordinarias en San Dionisio del Mar.

La Defensoría dirige también su alerta al administrador municipal de San Dionisio, para pedirle que coadyuve en solucionar el problema en la comunidad, además de pedir a los habitantes de San Dionisio del Mar que busquen mecanismos pacíficos y consensados de solución al conflicto, buscando las coincidencias que les permitan subsistir en comunión y solidaridad.

La Defensoría enfatizó que la alerta temprana es un llamado por parte del organismo defensor a que este problema se solucione mediante el diálogo, consensos y acuerdos que permita evitar hechos en los que se presenten violaciones a los derechos humanos de difícil o imposible reparación.