Oaxaca.- El diputado del grupo parlamentario del PRI en la LXII Legislatura estatal, Adolfo García Morales, exigió brindar mayor atención a los grupos vulnerables e indígenas en diversos juicios en lo que se vean involucrados, con una debida asistencia inicial y durante el procedimiento judicial, administrativo y electoral, ofrecerles, de manera gratuita la asistencia de un interprete o traductor.

Para ello, envió al Pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo por el cual, a través de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, en sus respectivas competencias, exhorten al Procurador General de Justicia, al Procurador de la Defensa del Indígena y a la Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral para tomen cartas en este asunto.

Desde la tribuna, García Morales destacó que este se debe acentuar más cuando las personas no comprendan bien el idioma castellano o que presente otra capacidad distinta que así lo requiera y, por supuesto, que esta propuesta no quede como letra muerta escrita en las leyes.

El legislador priista lamentó que hoy en día, los derechos fundamentales de estos grupos vulnerables en la práctica son violentados, quedando en el tintero como buenas intenciones todo el marco jurídico generado en su entorno para su protección.

“Específicamente en nuestro estado, no se aplica debidamente la asistencia jurídica de la cual deben gozar estos grupos, pues es una práctica común entre las autoridades administrativas y judiciales que al interactuar con indígenas en cualquiera proceso legal o administrativo, lo hacen sin la debida asistencia de un traductor o interprete”.

Además, continúo, también lo hacen, en muchos casos, sin la asistencia de un defensor público que los oriente como conducirse en todo procedimiento, trayendo como consecuencia una doble victimización, pues al acudir un integrante de estos grupos vulnerables en cualquiera calidad ante una autoridad, lejos de obtener una satisfacción para su pretensión, recibe un maltrato o reprimenda por su condición.

Resaltó también las detenciones ilegales y privación de garantías por desconocer el marco jurídico y principalmente por no saber leer o escribir, púes aunque se han establecido diversos mecanismos, no se exige y mucho menos se sanciona a las autoridades judiciales y administrativas que tienen la obligación legal de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de este sector, y no lo hacen.