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Oaxaca en el espejo de Ayotzinapa: Peimbert Calvo

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Pronunciamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos

Oaxaca.- La coyuntura nacional en materia de derechos humanos está marcada hoy por la emergencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tortura, entre otros ataques a la sociedad cometidos por quienes, en contrario sensu, tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas.

 

Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, con el guardián del hermano transmutado en su verdugo, esta gravísima crisis mexicana obliga a reflexionar sobre la existencia en Oaxaca de las condiciones que permitieron la tragedia de Iguala, Guerrero, donde un ataque policiaco contra jóvenes estudiantes de Ayotzinapa implicó la ejecución extrajudicial de al menos seis personas y la desaparición forzada de otras 43; sobre cuáles son las medidas mínimas a establecer para evitar que en nuestro estado ocurran hechos similares, y sobre las posibles consecuencias de las acciones gubernamentales para el seguimiento de ese caso.

 

En razón de ello, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca expone a la opinión pública lo siguiente:

 

·        Esta Defensoría considera necesario impulsar la construcción de leyes locales sobre desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como revisar la existente relativa a tortura, con el fin de adecuar el marco normativo estatal a los más altos estándares en derechos humanos. En este proceso se debe buscar la participación activa de los tres poderes del Estado, de especialistas, así como de personas y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.

 

·        Uno de los problemas de fondo en el caso de Iguala fue la perversión de los principios democráticos de nuestro sistema, mediante la intervención directa de poderes fácticos y criminales en procesos político-electorales formales, lo que en los hechos impide el derecho humano de las y los ciudadanos a definir el rumbo de su sociedad. Por ello consideramos de suma relevancia iniciar la discusión sobre la necesidad de eliminar el uso de recursos privados en los procesos electorales; regular de manera estricta el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación masiva, y el cumplimiento riguroso de la vigilancia del organismo público local electoral.

 

·        El gobierno municipal, primera autoridad en contacto con la población, suele ser también la primera en menoscabar sus derechos humanos. Una vía para transformar esta situación puede ser la obligatoriedad de que los ayuntamientos establezcan planes municipales de derechos humanos, orientados a que el conjunto de la política pública municipal sea construida desde una perspectiva basada en esos principios. La vigilancia ciudadana del ejercicio gubernamental puede ser un aspecto toral, mediante la creación de observatorios de derechos humanos en los municipios, integrados por ciudadanas y ciudadanos, que sirvan como contrapeso a la acción de cada ayuntamiento.

 

·        El uso legítimo de la fuerza pública debe ser regulado desde una perspectiva de derechos humanos, lo que puede implicar la reformulación de las leyes, reglamentos y protocolos de nuestro estado relacionados con este tema. Esto no sólo dará mayor seguridad a la población, sino que también aportará a las y los agentes policiacos mayor certeza sobre las posibilidades y los límites de su acción.

 

·        De frente a la protesta social, que se ha constituido en herramienta de petición a la autoridad y en canal de denuncia pública de abusos gubernamentales y violaciones a los derechos humanos, el gobierno estatal y los municipales deben vigilar que las acciones de sus corporaciones policiacas se apeguen de manera estricta a los principios y normas de los derechos humanos, de manera que garanticen la seguridad de las personas que ejerzan su libertad de manifestación y castiguen los abusos de los agentes gubernamentales.

 

·        En el entendido de que la corrupción vulnera una serie de derechos humanos, como la certeza jurídica, y en casos extremos incluso atenta contra la seguridad y la vida de las personas, como en el caso de Iguala, es de vital importancia la vigilancia desde la perspectiva de los derechos humanos sobre las contralorías o instancias locales encargadas de combatir ese problema.

 

·        Es necesario abordar desde los derechos humanos la planificación gubernamental y los presupuestos destinados a la educación pública, con especial énfasis en las escuelas normales rurales, en el entendido de que las condiciones precarias en que éstas desarrollan su trabajo no sólo afectan a quienes ahí estudian: también vulneran el derecho de su alumnado futuro a una educación básica conforme a los más altos estándares.

 

·        Las distintas instancias del gobierno, especialmente las relacionadas con la educación y con la comunicación pública, deben trabajar en la transformación de los patrones culturales discriminatorios que naturalizan cualquier tipo de exclusión y que permite a una parte de la sociedad considerar criminales a las y los jóvenes, a las y los pobres, a quienes se manifiestan para exigir el cumplimiento de sus derechos, o a quienes abrazan ideologías y discursos alternativos.

 

·        Expresamos la necesidad de conocer las formas como se aplicará la iniciativa presidencial para crear policías estatales únicas, pues su ejecución en Oaxaca podría conllevar la violación al derecho de los pueblos y comunidades indígenas a sus sistemas normativos internos.

 

·        También relacionado con el anuncio presidencial, a esta Defensoría preocupa la posible violación a los derechos humanos de las mujeres al aplicarse el sistema acusatorio adversarial en los casos de violencia de género, como ya han señalado tanto organismos civiles mexicanos como el Comité de Expertas para la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

 

Para evitar en Oaxaca una tragedia similar a la ocurrida en Iguala, esta Defensoría considera necesario profundizar en los procesos de cambio social que permitan reconfigurar la relación entre la sociedad y su gobierno, de manera que éste cumpla cabalmente su obligación de obedecer el mandato popular, desarrollando cada una de sus acciones sobre el eje de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

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