Oaxaca.- Profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), -que mantienen desde hace 5 meses un plantón en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca-, detuvieron y desarmaron a 5 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) que amagaron con linchar, luego de ser sorprendidos realizando acciones de inteligencia.

Los agentes federales fueron sorprendidos realizando preguntas y tomando fotografías.

Tras su capturas, los efectivos fueron atados de pies y manos y fueron trasladados a una de las oficinas localizadas en las instalaciones de la CNTE ubicada en la zona del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, donde fueron  puestos boca abajo hasta que fueron entregados autoridades del gobierno estatal.

El vocero de la CNTE Mohamed Otaki Toledo, dijo que los policías, fueron desarmados y retenidos en sus oficinas sindicales hasta que autoridades del gobierno de Oaxaca negociaron su libertad.

“Este es un claro intento de provocación del gobierno federal por infiltrarse en nuestro movimiento para buscar criminalizar la protesta social, hostigar y amedrentarnos”, indicó.

En tanto José Álvaro Carrillo, integrante del denominado Frente Amplio de Lucha Social por la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (FULS-APPO), afirmó que cuando fueron descubiertos los policías federales trataron de hacer uso de sus armas de fuego, siendo desarmados y sometidos.

Dijo que los implicados se encontraban en estado de ebriedad y también trataron de extorsionar a varios de los comerciantes que mantienen sus puestos de vendimia en la zona del plantón magisterial.

Solo 2 de 5 elementos fueron identificados por sus credenciales, y responden a los nombres de Juan Carlos Reza Montes, Joseu Cheilin Isacc, mismos a los que les fueron asegurados tres armas de fuego con 4  cargadores abastecidos.

En tanto el gobierno de Oaxaca reportó que los policías federales fueron entregados a un agente del ministerio público dependiente de la Procuraduría General de Justicia (PGJO), que ordenó su certificación médica y remisión ante la delegación estatal del PGR en la entidad.