Oaxaca.- El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, anunció que la Defensoría emprenderá un análisis acelerado de las reformas en seguridad pública anunciadas por el presidente de la República, a fin de promover mecanismos para que no vuelva a darse un caso como el del asesinato de civiles y la desaparición de estudiantes en Iguala, Guerrero.

En la sesión pública número 31 del Consejo Ciudadano de la Defensoría, celebrada este 3 de diciembre en el auditorio del organismo autónomo, Peimbert Calvo señaló que el tejido social en Oaxaca y otras partes del país aún no se ha roto, pero es “una tela seca” que pone a la entidad en un estado de urgencia en materia de seguridad pública.

El Defensor Peimbert Calvo coincidió con el consejero ciudadano Bernardo Rodríguez Alamilla en la necesidad de generar un foro de los distintos organismos públicos defensores de los derechos humanos en el país en el que los ombudsman de los estados discutan las reformas que ha anunciado el presidente de la República en materia de seguridad pública.

El Defensor retomó los puntos propuestos por el consejero Rodríguez Alamilla, entre los cuales destacó la necesidad de generar procesos de discusión a profundidad sobre el problema de seguridad pública que afronta el país, pues consideró que las reformas anunciadas por la presidencia de la República son insuficientes para el caso.

Al insistir en que se generen mecanismos que permitan un diálogo entre los diferentes sectores sociales para afrontar el problema, el Defensor Peimbert Calvo respaldó los señalamientos que expresó el consejero ciudadano Rodríguez Alamilla, quien condensó sus críticas a la anunciada reforma en seis puntos.

Rodríguez Alamilla señaló que los 10 puntos propuestos por el presidente de la República parecen insuficientes debido a consideraciones que no hizo, por lo cual no aborda el problema de forma integral. “Pareciera que todo se reduce a un asunto de seguridad pública municipal, lo que no permite ver el trasfondo que le dio origen al problema”, recalcó.

Indicó que el tema de seguridad no se circunscribe únicamente al tema de capacitación policial, sino que también tiene que ver con el bienestar social, pues la población debe tener aseguradas la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, pues la seguridad pública es un tema que requiere de todos esos satisfactores sociales.

Agregó que la medida debe enfocarse a reforzar el tejido social, para que no se genere una situación de crispamiento público, y para ello es imprescindible que se considere la integralidad del tema de seguridad pública.

Rodríguez Alamilla puntualizó que es necesario que se considere la actuación de los otros poderes del Estado en el problema, e incluso la actuación de los órganos autónomos, el replanteamiento de la responsabilidad que cada uno de ellos tuvo en el caso, sin olvidar la actuación de los partidos políticos, pues “se supone que los candidatos pasan un proceso en el que se debió detectar este problema, que debemos considerar sistémico”.

El integrante del Consejo Ciudadano de la Defensoría manifestó que es necesario tratar con mayor profundidad el tema de la corrupción y de conflicto de intereses, pues en la propuesta se tratan “en forma nimia”, y recalcó que este caso muestra la necesidad de que se establezca una serie de pesos y contrapesos para cada uno de los actores públicos que permitan corregir los fallos del sistema.

Rodríguez Alamilla reprobó que en la propuesta presidencial no se toque el tema del respeto de la participación de la ciudadanía en los temas que le interesan, pues pareciera que dentro de esa propuesta la sociedad es un ente aparte. Sobre el particular citó la frase de Albert Einstein: “No se pueden resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos”.