Dos meses después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un plan de acción en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción, el cual fue criticado por la oposición y la iniciativa privada por limitada y falta de autocrítica.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, Peña planteó cambios legales que permitan a la Federación tomar el mando municipal cuando las autoridades locales se involucren con la delincuencia, así como crear 32 Policías estatales únicas.

También, establecer un número de emergencia 911, mejorar la justicia cotidiana, realizar un operativo especial en Tierra Caliente y delimitar tres zonas económicas especiales para abatir la pobreza en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

El Ejecutivo propuso, además, complementar el Sistema Nacional Anticorrupción, obligar a su Gobierno a ser más transparente e incrementar mecanismos de participación y evaluación ciudadanas.

Para ello pidió al Congreso acelerar el nombramiento del fiscal anticorrupción, así como la aprobación de las leyes de transparencia y de obras públicas; esta última, para que en los procesos de licitación y megaproyectos haya mecanismos de supervisión y auditoría especializados.

El coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, tachó el mensaje de "mediático y electorero" y reprochó al Presidente eludir su responsabilidad y evitar la autocrítica.

"El Ejecutivo hace 10 propuestas sobre las que ya hay iniciativas en las Cámaras. Lo primero que debimos haber escuchado era una autocrítica", lamentó el coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa.

Renán Barrera, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), exigió respeto a la autonomía municipal.

La iniciativa privada, a su vez, consideró que el plan anunciado no debe limitarse a Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó la necesidad de fortalecer el Estado de derecho.

"La inversión tiene dos componentes: las condiciones del País, la parte económica, y la otra es la parte de certidumbre, que tiene que ver con el Estado de derecho, de justicia y seguridad, por lo que es fundamental que mejoremos en estos dos aspectos", afirmó.

A Palacio Nacional llegaron algunos de los empresarios más importantes del país, gobernadores, líderes sindicales y representantes del Poder Legislativo y Judicial. De órganos autónomos, de la sociedad civil y de los sectores académico, cultural y artístico para escuchar la nueva estrategia por la paz, unidad y justicia.

El Primer Mandatario arrancó su discurso de 37 minutos recordando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por los cuales, informó, se han detenido a 79 probables responsables.

En esos "actos de barbarie", argumentó, se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional, que permitieron el control del territorio por parte de un grupo criminal.

"Las personas que han salido a las calles en México y en distintas partes del mundo; las expresiones de solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, de artistas, intelectuales y deportistas; las miles de inconformidades difundidas en redes sociales, así como las opiniones de articulistas y columnistas, todas coinciden en un punto fundamental: México no puede seguir así.

"Y tienen razón. Después de Iguala, México debe cambiar", apuntó.

El lunes, el secretario de Gobernación afirmó que el Presidente haría un diagnóstico y una evaluación sobre lo que no está funcionando en materia de seguridad. En el mensaje de Peña Nieto no hubo una autocrítica a la estrategia de seguridad a dos años de su Gobierno, sí a las deficiencias municipales, los faltantes estatales y retrasos legislativos y del Poder Judicial.

El plan contempla una veintena de acciones.

Las inmediatas se concretarán este lunes, cuando el Jefe del Ejecutivo envíe una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso en la expedición de la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales; otra sobre la redefinición de delitos penales y sistema de competencias en materia penal; y una más para crear Policías Estatales Únicas.

Pese a que algunos legisladores habían adelantado la creación de una Comisión de Estado, no fue así.

Sin embargo, se le pidió al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que en 90 días entregue un plan de propuestas de especialistas y de la sociedad civil para mejorar la situación en el País.

Para el Primer Mandatario, México está nuevamente a prueba, por lo que pidió a los diversos sectores construir y unir en lugar de destruir y dividir, así como fortalecer las instituciones y no debilitarlas.

"El grito de 'Todos somos Ayotzinapa', demuestra ese dolor colectivo. Es ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad. Es un llamado a seguir transformando a México", finalizó tras reconocer que seguirán existiendo obstáculos y resistencias.

Recicla Enrique Peña iniciativas de Calderón

Desde el sexenio pasado a la fecha, senadores, diputados y el anterior presidente de la República, Felipe Calderón, presentaron decenas de iniciativas similares a las anunciadas ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, las cuales fueron desechadas en su mayoría o congeladas en el mejor de los casos.

Según otra nota del diario 24 Horas, en los últimos ocho años, se promovieron en el Congreso tres iniciativas relativas a la creación de un mando único policial estatal, de las cuales dos fueron desechadas apenas a un año de su presentación, mientras que una de ellas mantiene aún el estatus de pendiente en el Senado de la República.

La iniciativa congelada fue presentada en octubre del 2010 por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, que planteaba la instauración de un mando único a través del cual se crearía un solo cuerpo policial en cada una de las entidades federativas. Está reforma nunca logró concretarse debido a, según los panistas, que el PRI la obstaculizó.

El documento plantea homologar los sueldos de los guardianes del orden, pues “alrededor del 61% de las policías municipales perciben un sueldo inferior a los 4 mil pesos mensuales.

Mientras que las propuestas presentadas por diputados del PAN y PRI en el mismo sentido fueron desechadas en el año 2012.

Hasta el momento, en el Congreso se han presentado un total de 47 iniciativas relativas al delito de tortura, que plantearon modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, así como reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, de las cuales, 24 están pendientes, 21 fueron desechadas y solo dos, fueron aprobadas.

En lo que respecta a la atención del delito de desaparición forzada, senadores y diputados promovieron un total de 40 proyectos de los cuales 20 fueron desechados, 18 están pendientes y solo dos fueron aprobados en junio de 2014, para establecer que los integrantes del Ejército que cometan los delitos de desaparición forzada de personas, violación y tortura serán juzgados por tribunales civiles.

Ayer el presidente de la república también anunció ayer la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, sin embargo, en abril del 2012, su antecesor promulgó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con la cual se instauró un registro de personas no localizadas (RNPED), con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda. Actualmente dicho organismo depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por otra parte, la propuesta de crear un número telefónico único a nivel nacional para atender emergencias ya había sido planteada en la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en julio pasado, incluso el marcaje 911 sugerido por el mandatario también había sido planteado por organismos civiles hace casi tres meses.

El número único que reemplace a 17 teléfonos que existen en el país para atender distintas emergencias, está planteado en la fracción IX del artículo 190 de dicha ley, donde se estipula que operará en los términos y condiciones que determine el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Aún antes del anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de que habrá apoyo para las Normales Rurales, el paquete fiscal 2015 aprobado por la Cámara de Diputados ya contempla un presupuesto de 400 millones de pesos para fortalecer estas instituciones formadoras de profesores.

En el documento que se publicó el pasado 13 de noviembre, los diputados aprobaron un presupuesto de 400 millones de pesos para el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, en específico para el Programa de Apoyo para Escuelas Normales Rurales.

Este recurso no venía contemplado en el proyecto de presupuesto que envió el presidente al Congreso de la Unión el pasado 5 de septiembre.