Los 10 contratos de infraestructura de transporte más grandes adjudicados en la actual administración han sido ganados por empresas cercanas al PRI y al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto.

Entre los propietarios de esas empresas destacan Hipólito Gerard, Carlos Hank Rohn, Juan Armando Hinojosa, José Miguel Bejos, David Peñaloza y Olegario Vázquez Raña.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, sus empresas han conseguido imponerse solas o aliadas con grupos de China, España, Francia y Portugal, en contratos que en conjunto suman unos 95 mil 329 millones de pesos.

El proyecto más jugoso, el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, se asignó el lunes pasado a un consorcio de empresas chinas y GIA+A, de Gerard; Constructora Teya, de Hinojosa; y Prodemex, de Vázquez Raña.

Este consorcio, donde las mexicanas participan al 49 por ciento, se embolsará 50 mil 820 millones de pesos. Sus aliados son China Railway Construction Corporation y CSR Corporation.

El tramo 1 del Tren Interurbano México-Toluca, de más de 10 mil millones de pesos, fue ganado por una filial de Grupo Hermes, de Hank Rohn, y a una división de OHL.

Los ingresos de la filial en México del grupo español OHL provienen en un 70 por ciento de las concesiones que obtuvo en el Estado de México durante los gobiernos de Peña y de Arturo Montiel.

OHL tiene además una participación en el proyecto que se asignó a la francesa Alstom para la instalación de los sistemas electromecánicos y la fabricación del material rodante de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, por 6 mil 394 millones de pesos.

También construirá y operará en solitario por 30 años la Autopista Atizapán-Atlacomulco, a cambio de 5 mil 859 millones de pesos.

En la lista también destaca el Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, que pese a requerir una inversión de 10 mil millones de pesos, recibirá una subvención por 5 mil millones de pesos del Gobierno federal.

La otra mitad será aportada al 51 por ciento por OHL y al 49 por ciento por Pinfra.

Esta última empresa es la responsable de operar la Autopista México-La Marquesa, pero ahora invertirá 3 mil 500 millones de pesos para edificar su continuación, de La Marquesa a Toluca, a cambio de operar el tramo existente y el nuevo por otros 30 años.

Otra sociedad ganadora de cuatro contratos es la formada por la portuguesa Mota-Engil y la mexiquense Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi).

Sus obras son el segundo tramo de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, que costará 4 mil 15 millones de pesos; la Autopista Tuxpan-Tampico, de 3 mil 477 millones; la Cardel-Poza Rica, 3 mil 470 millones, y el primer tramo de la Línea 3 Tren Ligero de Guadalajara, por otros 2 mil 646 millones.

La relación de los dueños de estas empresas con el PRI o el Presidente es diversa.

Gerard es cuñado del ex presidente priista Carlos Salinas. Hinojosa Cantú guarda estrecha amistad con Peña, mientras que la familia Hank simboliza el origen del Grupo Atlacomulco, al que se vincula el mandatario.

Vázquez Raña y De Oteyza han tenido una afinidad histórica con los gobiernos del PRI, mientras que los Miguel han financiado campañas de ese partido.

Nueva Ley de Obra Pública garantiza la honradez: Peña

Con el propósito de agilizar la contratación y gestión de las obras públicas, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas con la cual se aplicarán diversos procedimientos para garantizar que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

"Con el objeto de asegurar la legalidad de los procedimientos de contratación pública se establece nuevos administrativos para sancionar a los visitantes contratistas y servidores públicos que evadan el cumplimiento de esta ley", aseguró el mandatario según otra nota del diario Crónica.

En presencia de los titulares de Hacienda, Economía, Sedatu, Pemex, SCT, CFE, Conagua, legisladores federales así como el gobernador Jorge Herrera Caldera, presidente de la Conago, el mandatario destacó que ésta iniciativa contempla dos importantes elementos en favor de la economía nacional.

Por un lado, fomenta la formalidad, ya que las dependencias que hayan licitado obra pública deberán notificar al Seguro Social cualquier irregularidad en materia de seguridad social.

Y, por otro, prevé que en igualdad de condiciones las dependencias y organismos públicos deberán optar por personas físicas y empresas mexicanas en la adjudicación de las obras.

"En síntesis, se trata de una iniciativa que agiliza la contratación y gestión de las obras públicas, que alienta una mayor competencia y transparencia, y brinda mayor certidumbre a todos los participantes del sector", dijo.

Confió en que "con la experiencia, responsabilidad y compromiso que han demostrado las y los legisladores de esta legislatura del Congreso de la Unión, ésta iniciativa será enriquecida y espero, aprobada para impulsar el desarrollo de México y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos".

Detalló que con el objeto de asegurar la legalidad de los procedimientos de contratación pública, se establecen nuevos tipos administrativos para sancionar a los licitantes, contratistas y servidores públicos que evadan el cumplimiento de la ley.

Medidas adicionales para brindar mayor certeza jurídica a los participantes, por ejemplo, en materia de investigaciones de mercado, se plantea que la Secretaría de la Función Pública, emita los lineamientos correspondientes, toda vez que hoy la ley vigente no define la metodología a seguir.

Igualmente, se precisan los requisitos que deberán observar los servidores públicos para la emisión del fallo que adjudique una obra.

La iniciativa también establece que los criterios de interpretación a ésta ley, que realicen las Secretarías de Economía, de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público tengan efectos generales y sean debidamente publicados en CompraNet.

Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Fernando Zárate Rocha, señaló que la iniciativa de Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios marcará un antes y un después en la manera en que se procesa y lleva a cabo la infraestructura en el país.

En el marco de la presentación de la Reforma de Ley de Obras públicas, en la Residencia Oficial de Los Pinos, dijo que las obras públicas son el instrumento con que el gobierno pone en práctica el mandato constitucional de hacer efectivo el derecho de la población a los servicios esenciales.

Asimismo, indicó, son un vehículo para extender las capacidades productivas y competitivas del país mediante la dotación de infraestructura básica a todas sus regiones.

Por ello, aseveró, es fundamental contar con un marco jurídico que permita planear, diseñar y ejecutar los proyectos con eficacia, certidumbre y buenos resultados.