El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pinedo habrían sido detenidos en un operativo realizado por Fuerzas Federales en una casa particular ubicada en Iztapalapa.

Fuentes de la PGR, consultadas por El Universal, revelaron que José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pinedo, buscados por el Gobierno Federal por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron detenidos y declaran en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SIEDO.

Según las mismas fuentes la detención del ex edil y su esposa se efectuó durante la madrugada de este martes en un operativo realizado por Fuerzas Federales en una casa particular ubicada en Iztapalapa, en el Distrito Federal.

La operación fue diseñada por el CISEN y efectuada por un grupo de élite de la Policía Federal.

José Luis Abarca y su esposa, aparentemente rentaron una casa de Iztapalapa a una señora, clave para la captura de la "pareja imperial".

Abarca Martínez era buscado por las autoridades Federales y el Gobierno del estado de Guerrero por el delito de homicidio, tentativa de homicidio y por desaparición forzada, delitos relacionados con la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas la noche del pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, Guerrero.

En una conferencia ofrecida el pasado 22 de octubre por el Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, Abarca Martínez, es el actor intelectual del homicidio de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal.

El vocero de la Policía Federal, José Ramón Salinas, a través de redes sociales, confirmó la detención del ex edil de Iguala y su esposa.

Se espera que durante el transcurso de la mañana el Gobierno Federal proporcione más información sobre la captura y la situación legal de los detenidos a partir de las investigaciones realizadas por el ministerio público.

Confiesan ejecución de normalistas

Dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos aseguraron en un interrogatorio ante infantes de la Armada que Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes de la organización criminal, fue quien ordenó ejecutar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según un informe de la Procuraduría General de la República incluido en la causa penal 100/2014, Osvaldo Ríos Sánchez "El Gordo" y su hermano Miguel Ángel, "El Pozol", acusados de ser partícipes del crimen, confesaron a los Marinos estar "arrepentidos" y señalaron que los estudiantes fueron enterrados en una fosa localizada en Pueblo Viejo, entre Iguala y Cocula.

"Hace unos días, (refirieron que) se encontraban arrepentidos de la muerte de los estudiantes y que ellos, junto con los del cártel, habían matado a los estudiantes, así como que participó en tales hechos los que denominaban 'policías bélicos' y los Guerreros Unidos", se asienta en el oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/DF/CHIMAL/1610/2014 al que tuvo acceso el periódico Reforma.

También la PGR señala en la causa penal 100/2014, del Juzgado Primero de Distrito de Matamoros, que el ex Alcalde José Luis Abarca ordenó detener a los estudiantes y que, una vez en manos de Guerreros Unidos, "El Mochomo" decidió que los mataran.

"Los 'policías bélicos' se refieren a los policías municipales de Iguala e incluso sabe dónde los mataron y dónde los enterraron a los estudiantes y que esto fue en inmediaciones de Pueblo Viejo, Guerrero y que el que dio la orden que mataran a todas estas personas fue Ángel Casarrubias Salgado, alias el Mochomo".

Según la nota de Reforma, los hermanos Ríos Sánchez fueron detenidos el pasado 8 de octubre en Cuernavaca, Morelos. Para entonces, ya habían transcurrido cuatro días del hallazgo de las fosas con 28 cadáveres en Pueblo Viejo.

En abril y mayo pasado se encontraron 26 cuerpos en el mismo punto donde se hallaron las fosas referidas.

Al día siguiente de sus detenciones, la PGR encontró otras cuatro fosas con ocho cadáveres en las inmediaciones del rancho "La Sierpe", también en Pueblo Viejo, sitio conocido como La Parota.

La PGR no ha informado el resultado de sus análisis periciales sobre los ocho cuerpos, razón por la que se desconoce si se trata de algunos de los normalistas desaparecidos.

En el testimonio que rindió ante la PGR, "El Gordo" señaló que la instrucción de entregar a los estudiantes a los Guerreros Unidos se dio porque entre aquellos había miembros del cártel rival de Los Rojos.

"(La noche del 26 de septiembre) me reporta vía mensaje de PIN, David Cruz Hernández, o sea 'El Chino', encargado de la central (de Protección Civil de Iguala), por Blackberry, en el que indica en forma general, a todos los que estamos con PIN y en comunicación con 'El Chino', que tenían que llevar a los estudiantes con 'El Choky' porque supuestamente entre ellos venían sujetos que pertenecían al cártel de Los Rojos en forma infiltrada", dijo en su declaración del 10 de octubre.

Su hermano "El Pozol" dijo algo similar respecto a la presunta infiltración de delincuentes; sin embargo, refirió que algunos de los normalistas fueron llevados a las fosas tres días después de haber sido secuestrados.

"El 'Mente' (subordinado de Jaime, 'El Choky', jefe de plaza en Iguala) me dijo que se habían llevado el 29 de septiembre a unos estudiantes de Ayotzinapa, siendo que tuve el conocimiento de que los habían secuestrado a estos de Ayotzinapa, porque iban gente del cartel de Los Rojos, de manera infiltrada.

"Sé que los trasladaron al cerro, rumbo a la localidad de Pueblo Viejo, y la entrada principal es la Avenida Guadalupe y están dos calles en 'y' griega, una da para Pueblo Viejo y otra va para Loma del Zapatero; cerca de la principal hay una escuela, y se logra apreciar un árbol, y este árbol es conocido como La Parota", detalló.

Búsqueda de normalistas es ineficiente

Integrantes del Comité Estudiantil de la Escuela Normal de Ayotzinapa, así como el coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), Bruno Placido Valerio, acusaron que la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre es dispersa y carece de una eficaz coordinación con el gobierno estatal y federal.

Aunque los normalistas señalaron que los esfuerzos realizados a la fecha han dado varias líneas de investigación y pistas de dónde podrían estar los estudiantes, quienes fueron atacados por policías municipales de Iguala e integrantes del grupo criminal de Guerreros Unidos, no hay rastro concreto de su paradero.

En entrevista con el diario 24 Horas, Erick Hernández, miembro del Comité Estudiantil, señaló que aunque se ha difundido la versión de que sus compañeros pudieran estar retenidos en algún punto de la zona serrana del estado, luego de un mes y nueve días de los hechos no ha habido nada en concreto más allá del hallazgo de fosas ilegales.

“Las cosas no están coordinadas, la exigencia a las autoridades es la misma porque no vemos resultados, hallan fosas y más fosas, algunas con cadáveres y otras según vacías, pero no hay certeza de dónde pudieran estar nuestros compañeros”.

En tanto, los 300 voluntarios de la UPOEG retomarán hoy las tareas de búsqueda que iniciaron desde el pasado 7 de octubre, cuando empezaron sus recorridos por brechas, la región de la montaña y la sierra para dar con los jóvenes.

En entrevista, Bruno Plácido Valerio indicó que los trabajos de búsqueda están dispersos respecto a lo que realizan las autoridades, y dicha condición se ve reflejada en los escasos resultados. Reconoció que aunque hay varias hipótesis de dónde pudieran estar los normalistas, por cuestiones de seguridad no quiso revelar detalles al respecto.

“Estamos en eso (en la búsqueda de los estudiantes), pero no podría decir nada concreto por seguridad, pero sí la verdad hace falta más coordinación con el gobierno, sumar esfuerzos. Mañana (hoy) retomamos la búsqueda, la suspendimos por estos días pero ya mañana volvemos a la montaña y a los lugares donde estamos trabajando”, sostuvo el activista según la nota del diario 24 Horas.

Ayer, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos, se reunieron con algunos de los familiares de los normalistas desaparecidos, a quienes informaron sobre las acciones desplegadas por la Comisión Nacional de Seguridad, entre ellas la creación de una mesa permanente con padres de familia y la implementación de metodologías de búsqueda apegadas a procedimientos internacionales.

Sin embargo, los padres de los desaparecidos se negaron a instalar la comisión mixta de seguimiento del caso, debido a que, acusaron, los funcionarios federales se limitaron a repetir informaron que ya se había dado a conocer anteriormente.

La reunión terminó abruptamente cuando los padres de los normalistas desaparecidos abandonaron la mesa con los representantes del gobierno. Se espera que el viernes el procurador Jesús Murillo Karam, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se trasladen a Chilpancigo.