Cientos de jóvenes de al menos 35 instituciones de educación superior realizaron ayer una manifestación frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que las autoridades resuelvan ya el asesinato de tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, y la desaparición forzada de otros 43, en hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre.

En tanto, la PGR informó que localizó otras seis fosas clandestinas a través de la Policía Comunitaria de la Costa Chica que busca a los alumnos desaparecidos.

Con el nuevo hallazgo son 19 las fosas ubicadas hasta el momento en los alrededores de Iguala. El 6 de octubre pasado la fiscalía del estado y la PGR informaron de la localización de nueve fosas entre las comunidades de Pueblo Viejo y San Miguelito, y que en cinco de ellas se exhumaron 28 cadáveres calcinados.

Por su parte, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, confió a la comisión de diputados federales que coadyuva en la indagatoria de la agresión a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que ya puso su renuncia en la mesa del PRD y de la coalición electoral que lo llevó al cargo, porque ‘‘no está cerrado’’ y, si eso soluciona la grave problemática en la entidad, él se retira.

Ayer, alumnos de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Autónoma de la Ciudad de México e Iberoamericana, además del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, se reunieron frente al inmueble ubicado en Paseo de la Reforma, donde gritaron las consignas: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Ayotzinapa vive, la lucha sigue”.

Desde un templete que montaron frente al edificio, los organizadores de la movilización leyeron un comunicado en el que afirmaron que “México ya no es el mismo, pues la agresión que sufrieron los normalistas en Iguala ha sacudido al país entero y ha abierto una profunda herida en los corazones de todos los mexicanos”.

A partir de que ocurrieron los asesinatos y desapariciones de estudiantes de Ayotzinapa, denunciaron, “las instituciones del Estado mexicano han guardado un silencio cómplice. Las mezquindades de los partidos políticos y las instancias de gobierno han sido evidentes, y sus confrontaciones han estado por encima de la emergencia que implica la búsqueda de los jóvenes”.

Antes y después del mitin, en varios momentos los asistentes mostraron diferencias de criterio respecto de la forma en que debían manifestar su descontento por las agresiones que sufrieron los normalistas guerrerenses.

Según una nota informativa del periódico La Jornada, cuando un joven trepó a las rejas del inmueble e hizo un grafiti con la leyenda “Estado asesino, vivos los queremos”, algunos muchachos lo repudiaron por considerar que se trataba de un acto de provocación, pero otros aplaudieron, reivindicando la libertad de expresión, y señalaron que la violencia real proviene del Estado.

Al término de la lectura del comunicado y de los mensajes de apoyo de diversas organizaciones sociales, varias personas decidieron permanecer frente a la PGR y lanzaron piedras y otros objetos contra el edificio, lo que dejó varios cristales rotos. De igual forma, expresaron su rechazo a los medios de comunicación por considerar que ocultan y distorsionan la realidad.

Luego de permanecer durante más de una hora en el lugar, los manifestantes decidieron marcharse cerca de las 19:30 horas. Ante las versiones de que llegaría la policía, se dirigieron en bloque al Metro Hidalgo y se dispersaron sin que hubiera detenidos.

Siguen apareciendo fosas clandestinas

Las seis tumbas clandestinas localizadas ayer se encuentran en la Barranca de la Sierpe, cerca de la comunidad de La Ceiba, a 10 minutos de la cabecera municipal. Se consultó a la PGR, pero no confirmó el hallazgo.

Esta zona es semejante a los otros poblados donde la Fiscalía de Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR) han encontrado tumbas clandestinas.

De acuerdo con otra nota del periódico El Universal, el grupo de comunitarios perteneciente a la Unión de Pueblos Unidos de Guerrero (UPOEG) cavó en tres de las fosas. En una de ellas no se encontró nada; sin embargo, en las otras dos se extrajo cabello humano, un hueso, unos huaraches, un guante y sellos de color amarillo, semejantes a los que colocan peritos o personal del Ministerio Público para acordonar la escena de un crimen.

En ambas, el olor a putrefacción era penetrante, a “cadáver”, explicaron los integrantes del grupo de búsqueda.

En este sitio que se localiza al poniente de Iguala, también se encontraron otras dos tumbas, pero estaban vacías, listas para ser usadas.

La sexta fosa no fue abierta, debido a que no contaban con el equipo adecuado para hacerlo y porque ya comenzaba a oscurecer.

Según los testimonios de los pobladores, este lugar en un cementerio clandestino donde es común ver camionetas con hombres armados y escuchar gritos en la noche.

“Encontramos seis, cuatro tapadas y dos para uso reciente, es decir nuevas, apenas las iban a utilizar”, dijo Crisóforo García, líder de la UPOEG.

La Policía Comunitaria comentó que continuará con las investigaciones para encontrar a los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa.

Ayer, el senador Omar Fayad, tras reunirse con el procurador Jesús Murillo Karam, afirmó que el día de hoy se presentará un esquema de recompensas en torno al caso.

Según las indagatorias de la PGR, policías de Iguala entregaron a los 43 alumnos a personal de Seguridad Pública de Cocula, quienes los llevaron con el crimen organizado.

Al dar a conocer los avances de las investigaciones que realizan elementos de la PGR y de la Policía Federal, se informó que los 28 cadáveres exhumados de cinco fosas clandestinas no son de los alumnos de la Normal de Ayotzinapa.

Los estudiantes dieron un plazo a las autoridades para que sean presentados sus compañeros luego de más de dos semanas que no saben nada de ellos.

Para este viernes anunciaron una marcha en el puerto de Acapulco para exigir la aparición de las 43 personas y se den a conocer avances sobre las investigaciones que se realizan.

En tanto, el presidente del PRI en el estado, Cuauhtémoc Salgado Romero, confirmó que luego de declarar como testigo sobre el caso Iguala, César Peñaloza Santana, alcalde de Cocula, municipio vecino a Iguala, regresó a sus funciones “sin ningún problema. Él fue a declarar de manera voluntaria, como testigo de los hechos ocurridos con los normalistas ante la PGR, pero no como indiciado”.

Vía telefónica, el dirigente del tricolor informó que habló con la esposa del edil y ella le dijo que desde ayer a las 9:00 horas Peñaloza se reincorporó a sus actividades; sin embargo, precisó que 14 policías de ese municipio, a 20 minutos de Iguala, están detenidos por la PGR por haber participado en el presunto asesinato de estudiantes de Ayotzinapa.

Además, se informó que un juez federal otorgó una suspensión provisional a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, a fin de evitar cualquier orden de aprehensión, detención, búsqueda, localización e incluso arraigo.

El amparo fue promovido por Pineda Villa en el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, y cuyo acto reclamado fue el referente al privativo de libertad.

El juez federal otorgó esta suspensión ayer martes; pero Pineda Villa tendrá que dejar un importe de garantía de 35 mil pesos.

La suspensión provisional se otorga siempre y cuando no se trate de delitos graves, ya que la nueva Ley de Amparo especifica que en este caso no habrá tal derecho de amparo.

Diputados sostienen reunión privada con Aguirre

Durante una reunión privada entre el gobernador Ángel Aguirre y los legisladores federales, realizada en Chilpancingo, se confirmó que dos de los jóvenes estudiantes desaparecidos durante la refriega ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre fueron levantados a escasos metros de las instalaciones militares en Iguala, suceso que el Ejército no atendió, y ya se encuentra en investigación.

Según otra nota del periódico La Jornada, las declaraciones del gobernador una vez más ensombrecieron el panorama de la investigación; tanto él como el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, provocaron sorpresa entre los diputados cuando respondieron que al momento de conocer que se suscitaba la agresión a los alumnos, no ordenaron la intervención de la policía estatal porque el alcalde de Iguala –hoy con licencia y prófugo–, José Luis Abarca, no les respondió el teléfono.

Tanto Aguirre como Martínez Garnelo argumentaron que no dictaron la orden de intervención al cuerpo de agentes estatales porque esa determinación no correspondía con el protocolo de mando único. Además, en el encuentro, el procurador de Justicia de la entidad, Iñaki Blanco, a pregunta de uno de los legisladores federales expuso por qué se permitió la fuga del edil: ‘‘No sabemos cómo se nos escapó’’.

El día en que el edil pidió licencia –a pesar de que existían denuncias en su contra– abandonó el salón de cabildos caminando sin problema alguno.

La diputada Lilia Aguilar pidió a Ángel Aguirre su opinión en torno a la solicitud de juicio político en su contra: ‘‘Hay un foco muy específico de inseguridad en Iguala, y fuera de Iguala todo está en paz, hay gobernabilidad; la violencia está focalizada en Iguala’’, replicó.

Más tarde, los diputados federales que integran la comisión –Jorge Anaya (PAN), Manuel Añorve Baños (PRI), Lizbeth Rosas (PRD), Ruth Zavaleta (PVEM), Lilia Aguilar (PT) y Ricardo Mejía Berdeja (MC)– sostuvieron una reunión con los legisladores locales que integran la comisión investigadora de la masacre y desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Ahí, los legisladores locales Tomás Hernández Palma (PRD), Ricardo Taja Ramírez (PRI), Cristino Evencio Romero Sotelo (MC), Jorge Camacho Peñalosa (PAN) y Arturo Álvarez Angli (PVEM) coincidieron en que ‘‘se debe replantear la existencia de las escuelas normales rurales, porque son núcleos de guerrilla’’.

Cristino Evencio Romero y Arturo Álvarez Angli defendieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero, al señalar que, además de ser ‘‘objetiva’’ la investigación, se debe apuntar ‘‘que no existe un móvil porque alguien envió a los normalistas a Iguala y ahí hay truco’’.

Los legisladores federales les preguntaron a sus colegas guerrerenses con quiénes habían sostenido encuentros, y éstos respondieron que sólo se habían reunido con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.