Con nuevas instituciones, reforma político-electoral de por medio y una transformación del sistema comicial que estará a prueba, mañana inicia legalmente el Proceso Electoral Federal (PEF) 2014-2015, por el que en junio se elegirán 500 diputados federales.

El proceso comicial se empatará el día de la jornada electoral, el 7 de junio, en que se celebrarán elecciones federales y 18 estatales, aunque el arranque de las dos modalidades de elecciones no será simultáneo.

En la jornada federal se elegirán 500 diputados, en tanto que a nivel local serán más de mil 607 cargos de elección popular municipal y estatal, en procesos que le tocará decidir centralizadamente, en sus principales tareas de organización y capacitación, al Instituto Nacional Electoral (INE), como rector de los nuevos Organismos Electorales Locales (OPL), que sustituyeron a los anteriores institutos locales.

Esas serán sólo algunas de las 74 nuevas facultades que la reforma electoral en vigor desde febrero pasado le confirió al INE y que estarán en juego en el proceso que está por iniciar.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, el experto electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), César Astudillo, explicó que será un proceso inédito, al grado de que entre 2014 y 2015 “veremos la transformación del sistema electoral mexicano”.

El país, dijo, está “ante un contexto como pocos en la historia” por los cambios que ordenó la reforma.

Además, habrá tres nuevos partidos políticos en escena: Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de Andrés Manuel López Obrador, Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Humanista (PH), además de candidatos independientes y los mecanismos de Consulta Popular que apruebe la Corte, con temas como la reforma energética, el salario mínimo y la reducción de candidatos plurinominales.

El consejero electoral Arturo Sánchez, presidente de la Comisión de Organización del Instituto Nacional Electoral, destacó algunos de los principales cambios que tendrá el proceso federal con relación a los anteriores, derivados de la reforma electoral.

“Para empezar hay una nueva autoridad electoral, el INE, con facultades nacionales”, y un conjunto de implicaciones derivadas de ese nuevo carácter, detalló el consejero.

Entre ellas, dijo, la capacitación de funcionarios electorales, la coordinación con los OPL para la toma de decisiones y la instalación de casillas únicas —se estima que 92 mil 42— para la elección federal y las estatales concurrentes, rubros en los que el INE y los organismos compartirán gastos.

“Se trata de una tarea de enormes dimensiones, como no se ha visto antes, en el sentido de que tendremos que operar en varias pistas simultáneamente, pero no hay nada que no esté en capacidad de resolver la autoridad electoral, que no hayamos hecho antes o que no se haya previsto ya”, explicó.

Aplicarán nuevas reglas de fiscalización

La elección de 500 diputados federales y nueve gobernadores, así como alcaldías, legisladores locales y jefes delegacionales, tendrá como innovación un modelo semicentralizado dirigido por el Instituto Nacional Electoral.

Según otra nota del diario 24 Horas, el órgano electoral, que sustituyó al otrora IFE, tendrá a su cargo la puesta en marcha de un complejo sistema de elecciones, en el que a nivel federal se podrán fiscalizar los gastos de campaña de los candidatos, desde presidente municipal hasta diputado federal.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), el INE pondrá en funcionamiento un sistema electrónico de fiscalización en línea, cuyo objetivo es realizar un estimado de 76 mil auditorías y tener los resultados antes del 15 de julio, es decir, cinco semanas después de los comicios.

Además, la nueva legislación en materia de delitos electorales endurece los castigos para los aspirantes que rebasen los topes de gastos de campaña, por lo que partidos y candidatos que falseen información durante las auditorías podrán alcanzar hasta seis años de cárcel.

Para ello, el INE deberá contar con los dictámenes de la fiscalización en un tiempo máximo de 30 días después de la elección, con lo cual se conocería el resultado de las auditorías realizadas las campañas de candidatos y, en caso de hallar anomalías, podrán imponer castigos antes de que asuman sus cargos.

Durante los comicios de 2015, otras de las innovaciones son las facultades conferidas al INE para asumir o delegar funciones electorales en los 18 estados donde habrá elecciones. Por causas de inseguridad o inestabilidad política, el órgano electoral federal podrá hacerse cargo de la organización de comicios en cualquier entidad.

Así, el INE podrá organizar los procesos electorales en los estados cuando “existan diversos factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo e impiden que se lleve a cabo la organización pacífica de la elección por el Organismo Público local”.

Otro de los factores es que se compruebe la intromisión en los procesos electorales de gobernadores, representantes de la Federación o “cualquiera de los poderes públicos en la entidad federativa”.

Para que el organismo electoral ejerza su facultad de asunción, ésta deberá ser solicitada por los Organismos Públicos Locales Electorales; tras ese proceso, la Secretaría Ejecutiva del INE, a través de una Unidad Técnica de Vinculación, elaborará un diagnóstico sobre la viabilidad de los asuntos y los presentará ante el Consejo General.

Por primera vez, la ley electoral garantiza los debates entre los candidatos a gobernador en nueve entidades, así como su transmisión en medios públicos y la facilidad para que empresas privadas de radio y televisión en cada uno de los estados puedan retransmitir la señal en vivo.

Además, en caso de validarlo la Suprema Corte, el INE se encargará del proceso de cuatro consultas populares, promovidas por cuatro partidos, donde se preguntará a la ciudadanía sobre la eliminación de diputados plurinominales, salarios mínimos y reforma energética.

PRD impugnó integración de los Oples

El  PRD en el INE impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución de ese órgano electoral por medio del cual se aprobó la designación de los integrantes de  los Organismos Públicos Electorales (Oples) que se encargan de arbitrar las elecciones del próximo año en 18 entidades.

El sol azteca acusa que  el procedimiento estuvo plagado de irregularidades a partir de la etapa de la valoración curricular en la que un grupo de 5 consejeros votaron igual en todos los casos lo que ocasionó desventajas para diversos aspirantes y asignaciones en favor del PRI.

Para soportar lo anterior el Partido de la Revolución Democrática presentó un peritaje realizado por un matemático de la UNAM en el que se determina que los aspirante que obtuvieron el voto del "bloque de 5 consejeros" tenían el 98% de posibilidades avanzar a la siguiente fase, mientras los que no lo obtuvieron sólo tenían el 1.5% de posibilidad de ser seleccionados.

Según otra nota del periódico Crónica, el recurso señala la selección de diversos Integrantes de los Organismos Públicos Locales  no idóneos para Integrar el cargo, pues entre los seleccionados se encuentran antiguos representantes de Partidos Políticos ante órganos electorales y ex asesores de Consejeros, mismos que no se excusaron al votar por sus antiguos colaboradores.

Asimismo el documento presentado señala que se violó el debido procedimiento, ya que no se entregaron a los integrantes del Consejo General antes de la votación los dictámenes de los aspirantes seleccionados ni el análisis de integración de los Consejos, por lo que no se explica con base a qué criterios se seleccionaron a los presidentes y a los consejeros de 6 y 3 años.

También se indica que no se discutió un dictamen por entidad federativa limitando de esta manera en análisis y deliberación entorno a la selección y designación de las citadas autoridades electorales locales, contraviniendo el principio de atenerse a las prácticas que mejor garanticen y reflejen la integración del Consejo General la libre expresión y participación de sus integrantes, y la eficacia de los Acuerdos o Resoluciones que se tomen en su seno, en ejercicio de sus atribuciones.