~~Oaxaca.- El gobierno de Oaxaca, dio a conocer que responderá jurídicamente la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por presuntas omisiones en el tema educativo.

En entrevista, Miguel Ángel Muñoz Navarro, vocero del gobierno de Oaxaca, afirmó que el documento está en proceso y análisis y en su momento se encauzara con una respuesta jurídica en los términos y forma que determinó la CNDH.

¿Cuál es la respuesta del gobierno de Oaxaca a la recomendación de la CNDH?

-“Lo que le puedo comentarle es que se ha recibido con fecha 1 septiembre, y el contenido de la misma se encuentra en revisión y estudio en la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal en espera de ser atendida en los términos y formas que la misma recomendación establece”.

¿Entonces la respuesta será jurídica?

-“Por supuesto que en tiempo y forma como siempre ha cumplido el gobierno del estado de Oaxaca”.

¿Ve un ataque político en contra del gobierno de Oaxaca por la resolución?

-“No lo consideramos ningún ataque político y solamente lo consideramos como un acto que la CNDH está ejerciendo en apego a sus facultades y atribuciones”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Oaxaca por afectaciones al derecho a la educación en agravio de alumnos de instituciones educativas oficiales en esa entidad.

Los menores se vieron privados del servicio educativo debido al paro de labores llevado a cabo por miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del 19 de agosto al 14 de octubre de 2013 del ciclo escolar 2013-2014.

El organismo detectó en esa acción violaciones a los derechos humanos, a la educación y a la seguridad jurídica, así como al interés superior de la niñez, en agravio de niños y niñas alumnos de escuelas públicas de educación básica de la entidad.

Atribuyó esas irregularidades al gobernador Gabino Cué y al director general del Instituto Estatal de Educación Pública, por prestar de manera inadecuada el servicio educativo y omitir la aplicación de medidas oportunas y adecuadas para garantizar el acceso al mismo.

A decir de la institución que preside Raúl Plascencia, esas autoridades y miembros de la sección 22 de la CNTE incumplieron una serie de obligaciones y principios que era su deber observar.

Asimismo, dieron prioridad a la satisfacción de intereses de un grupo sindical, soslayando el deber jurídico de garantizar el derecho a la educación de los alumnos en el estado.

Subrayó que al no otorgarse este servicio público de manera ininterrumpida se dejaron de observar las disposiciones legales y los principios de continuidad, regularidad y eficiencia que rigen su prestación.

El organismo público autónomo tuvo conocimiento del caso a través de los medios de comunicación, por lo que se radicó de oficio el expediente respectivo al cual se acumuló una queja.

Confirmó que el 19 de agosto de 2013, fecha fijada para el inicio del ciclo escolar 2013-2014, en el calendario oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública, las clases en escuelas de educación básica en el estado no comenzaron a impartirse, sino hasta el 14 de octubre de 2013.

Esa inactividad, para el caso de algunos planteles educativos, persistió hasta diciembre de 2013.

Constató que durante los 38 días hábiles en que las labores docentes se interrumpieron aproximadamente 892 mil 528 alumnos que representan 94 por ciento de los educandos de la entidad fueron privados del servicio educativo al que tenían derecho.

En la recomendación formulada, la Comisión Nacional hizo patente que la educación es, además de un derecho, un medio para realizar valores superiores del ordenamiento jurídico, para garantizar el desarrollo del individuo y el constante mejoramiento de la sociedad.

En razón de lo anterior se recomendó al Gobierno del Estado de Oaxaca se establezca un programa de regularización pedagógica en beneficio de los niños afectados para resarcir el daño.

Además que se adopten las medidas necesarias para garantizar que los contenidos de los planes y programas de estudio se cumplan y cubran totalmente, de manera tal que la niñez oaxaqueña no sufra atraso.

También que se establezca un programa para dar validez oficial a las clases que hayan otorgado profesores miembros de la sección 59 del SNTE, durante el período que comprendió el paro de labores magisteriales.

Igualmente que se implementen estrategias para prevenir y evitar que los alumnos de educación básica en el estado de Oaxaca sean privados del servicio público educativo, en caso de que una situación similar ocurra en lo futuro.

Pidió asimismo se prevean mecanismos para la solución pacífica de conflictos aplicable al ámbito escolar con el fin de evitar que se afecte el proceso enseñanza aprendizaje y el adecuado desarrollo de los niños.