Oaxaca.- “En Oaxaca existen intentos de descarrilar la democracia”, sostuvo el ombudsman Arturo Peimbert Calvo, durante su segundo informe de actividades realizada este viernes en las oficinas del organismo.

Durante este acto recalcó que descarrilar la alternancia política y frenar la transición es impedir el avance de los derechos humanos, e implicaría un nuevo problema no sólo de gobernanta, sino también de seguridad.

Indicó que durante este segundo periodo al frente del organismo se formularon 182 propuestas de conciliación de 212 expedientes, de los cuales 165 fueron aceptadas por las instancias señaladas, se cumplieron totalmente 75 acuerdos y siguen pendientes 107 más.

Asimismo se emitieron 15 recomendaciones a autoridades municipales de la Ciudad de Oaxaca, San Juan Azolotepec, Santiago Amoltepec, Tlaxiaco y Reyes Etla, así como al IEEPO, la junta de Arbitraje para empleados al Servicio de los Poderes del atestado, la procuraduría General de Justicia del Estado, Secretario de Seguridad Pública, asuntos Indígenas y al Secretario de Salud.

Peimbert refirió que por primera vez la Defensoría participó como instancia mediadora en un conflicto por posesión de tierras, en el caso de los municipios de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, en donde la CIDH emitiera una medida cautelar dando seguimiento a la misma.

La instancia a su cargo realizó dos informes especiales a autoridades federales por las violaciones a derechos humanos de presos de San Agustín Loxicha trasladados a penales de otros estados, y sobre la violación a los derechos a la consulta y al consentimiento libre.

El ombudsman destacó que en este último caso, la intervención de la Defensoría sentó un precedente acerca de la importancia de respetar estos derechos por parte de las autoridades no sólo estatales, sino federales.