Oaxaca.- El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, señaló que en las regiones de los Valles Centrales, del Istmo de Tehuantepec y de la Costa, el organismo realiza diferentes trabajos de protección y acompañamiento a organizaciones de la sociedad civil que defienden recursos naturales.

Una de las acciones emprendidas por el organismo público para garantizar este derecho a la consulta y al libre consentimiento fue el Informe especial sobre el decreto emitido en 1967 para la veda del acuífero de Valles Centrales de Oaxaca, señaló el ombudsman.

Al recordar los resultados de este Informe especial, Peimbert Calvo reiteró su propuesta para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consulte a comunidades indígenas zapotecas del distrito de Ocotlán y Zimatlán a fin de modificar el decreto de veda de 1967 que restringe el uso y disfrute del manto acuífero ubicado dentro del territorio de esas poblaciones.

Asimismo, en defensa al derecho a la consulta previa y al libre consentimiento de los pueblos indígenas, el titular de la Defensoría señaló que el organismo tiene abiertos cinco expedientes de queja por las posibles violaciones al derecho a la consulta, por la vulneración a un medio ambiente sano y por amenazas a la integridad y seguridad personal de integrantes de organizaciones que se oponen a la construcción de parques eólicos, particularmente de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) en la zona del istmo de Tehuantepec.

Inclusive, la Defensoría emitió alertas tempranas y realizó tareas de acompañamiento a las diversas mesas de diálogo con las autoridades, con el fin de activar mecanismos para brindar seguridad a las y los participantes, como en el caso de la caravana a San Dionisio del Mar en la que intervinieron diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.

Peimbert Calvo recordó que estas denuncias y quejas fueron formuladas desde 2013 y reiteradas el 14 de mayo de este año en asamblea pública, durante la primera sesión ordinaria regional del Consejo Ciudadano de la Defensoría realizada en la ciudad de Tehuantepec.

Durante esa sesión, los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco manifestaron al titular y al Consejo Ciudadano de la Defensoría que habían recibido 20 amenazas de muerte por parte de empresas trasnacionales y pese a haber presentado más de 10 denuncias ante el Ministerio Público, no habían recibido respuesta de las autoridades.

El defensor de los Derechos Humanos dijo que el fortalecimiento y acompañamiento de los defensores comunitario sigue siendo un asunto pendiente por parte de las instancias gubernamentales.

La Defensoría dictó medidas de protección desde el momento que tuvo conocimiento de amenazas contra la integridad física y la seguridad de las personas que son parte de las organizaciones que se oponen a los proyectos eólicos, subrayó.

Peimbert Calvo señaló que la Defensoría ha emitido medidas cautelares por los conflictos en torno a proyectos eólicos en Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar, Playa Vicente, Álvaro Obregón, Juchitán de Zaragoza y Barra de Santa Fe, las cuales se están revisando para verificar que contribuyan a estabilizar paz social y la integridad de los pobladores.

En cuanto a la región de la Costa, el titular de la Defensoría recordó que el organismo público está investigando las denuncias que expuso el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, a causa de posibles violaciones a su derecho a la consulta libre, previa e informada por parte de las autoridades que aprobaron la realización del proyecto de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina.

Peimbert Calvo dijo que si bien ese proyecto es de índole federal, es necesario que los gobiernos municipales y el gobierno del estado de Oaxaca se involucren mediante acciones coordinadas para promover el respeto y protección de los derechos humanos de las y los habitantes de más de 47 comunidades implicadas en este proyecto.

El ombudsman oaxaqueño recordó que durante la segunda sesión regional ordinaria de la Defensoría realizada en la agencia municipal de Puerto Escondido, el 13 de junio último, integrantes de esas comunidades denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los hostiga, además de ocultarles información respecto a los efectos que tendrá la obra al abarcar 3 mil 100 hectáreas donde habitan indígenas chatinos, mixtecos y zapotecos, así como pobladores afromestizos.