Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó medidas cautelares el miércoles último a fin de brindar protección a pobladores que han sido amenazados por autoridades, policías y grupos de choque con motivo de su oposición a que operen o se abran parques eólicos en la región del istmo de Tehuantepec.

El titular de la Defensoría, Arturo Peimbert Calvo, comentó que habitantes del municipio de San Dionisio del Mar denunciaron que sus derechos a la consulta y al consentimiento previo fueron violados, y después han sido intimidados, agredidos física y verbalmente por oponerse a la construcción de una planta de energía eólica.

Peimbert Calvo señaló que los denunciantes de este municipio de la etnia ikoot (huave) expresaron a la Defensoría su temor a ser agredidos de nuevo por el administrador municipal Jorge Bustamante García y sus simpatizantes, quienes propician un enfrentamiento entre habitantes de la comunidad.

El ombudsman recordó que los conflictos en esta zona se han generado porque diversas comunidades indígenas se inconformaron con el desarrollo en sus territorios de parques eólicos que generan energía eléctrica pues, subrayaron, no pudieron decidir al respecto de manera libre e informada, según los principios internacionales de los derechos humanos.

Parte del problema en San Dionisio del Mar, añadió, es el rechazo de un sector de la comunidad al administrador municipal, a quien reclaman desde hace meses convocar a comicios para elegir un nuevo ayuntamiento.

Peimbert Calvo explicó que ante esta situación, solicitó otra medida cautelar en vía de colaboración al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a efecto de que tome medidas para vigilar el orden público y prevenir delitos en agravio de la comunidad.

Esa medida cautelar se sumará al informe y la medida cautelar que la Defensoría pidió al administrador municipal y otros funcionarios del ayuntamiento de San Dionisio del Mar, comentó el ombudsman.

Peimbert Calvo exhortó a los pueblos afectados por el desarrollo de los proyectos eólicos, al gobierno, y al sector público y privado a que el diálogo sea el medio para resolver sus diferencias, a fin de evitar futuras confrontaciones o actos que atenten contra los derechos humanos.

El titular de la Defensoría indicó que desde 2013 se han incrementado los casos de indígenas desplazados y amenazados por empresas involucradas en el proyecto y por autoridades que les otorgan permisos a éstas, evadiendo el derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado que corresponde a los habitantes de cada pueblo afectado.

Rememoró que la organización Amnistía Internacional tiene conocimiento de estos sucesos y ha iniciado un proceso de exhortación a las autoridades locales para que se aseguren de efectuar un proceso consultivo.

La exhortación de Amnistía Internacional, agregó el Defensor del Pueblo de Oaxaca, busca que las obras planeadas se lleven a cabo sólo si las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la planta eólica dan su consentimiento anticipado, libre e informado, con base en información confiable y verdadera sobre el impacto del proyecto.