Los Congresos estatales interpretaron a su gusto la reforma educativa.

Al armonizar la ley de educación, los legisladores locales incluyeron artículos que podrían ser motivo de una controversia constitucional, pues violan la Ley General del Servicio Profesional Docente (LSPD), señalaron especialistas.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, Édgar Corzo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Marco Fernández, de México Evalúa, coincidieron en que las entidades se excedieron en los lineamientos establecidos por esa norma.

Salvo las legislaciones aprobadas en Tlaxcala, Baja California, Coahuila, Guanajuato y Michoacán, en el resto, los Congresos locales excedieron e incluso incorporaron temas que van más allá de la armonización legal.

En Nuevo León, Sonora, Querétaro y Yucatán crearon comités de transparencia, con representación sindical, para vigilar los procesos de evaluación, recibir inconformidades de los evaluados y turnarlas a las autoridades competentes.

No obstante, la LSPD establece que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) es la única instancia facultada para evaluar a los maestros, y los estados la operan.

Incluso en Sonora y Yucatán se estableció una evaluación estatal, pese a que esa revisión es exclusiva del INEE.

En el Estado de México se habilitó un organismo administrativo del Servicio Profesional Docente (SPD) y en la ley local se estableció que cualquier cambio de escuela debe ser comunicado a la representación sindical, pese a que la ley general no establece una indicación en ese sentido.

En tanto, en Veracruz fue creado el Instituto Veracruzano para la Evaluación Educativa, que participará en los procesos de evaluación y formación del magisterio, y además se acotó el ingreso al servicio docente exclusivamente a los egresados de ese Estado.

"La armonización era para seguir los lineamientos establecidos en la ley general, pero en algunos casos crearon autoridades intermedias que no deberían existir. Se excedieron, pues no tienen facultades para hacer evaluaciones estatales, el único facultado es el INEE", alertó Corzo según la nota del periódico Reforma.

La ley establece que la readscripción de maestros que reprueben la tercera evaluación es una facultad de la autoridad educativa, sin embargo, en Chiapas y Querétaro se condicionó a que esa reubicación sea en su misma zona escolar.

Nuevo León pedirá opinión a la organización sindical y Campeche obliga a que la readscripción sea con la misma categoría salarial.

Al menos 22 leyes estatales de educación contienen artículos que podrían ser sujetos de controversia constitucional, consideró Corzo.

"Si quieren hacer respetar la Ley General del Servicio Profesional Docente se deben promover controversias constitucionales por temas relacionados con el Sindicato, la creación de órganos de evaluación, comités de transparencia que son de vigilancia y que no los permite la ley ni la Constitución", destacó.

Da Sonora licencias con sueldo

En Sonora los maestros con licencia sindical podrán seguir cobrando su salario.

El artículo 78 de la Ley del Servicio Profesional Docente no hace excepciones para las comisiones sindicales y establece que todas son sin goce de sueldo.

Pero en el Congreso local de Sonora se aprobó una ley educativa que establece que esos permisos serán sin goce de sueldo, salvo en los casos previstos en la fracción VI del artículo 38 de la Ley del Servicio Civil.

Dicho ordenamiento señala que se podrán conceder permisos con goce de sueldo para el desempeño de comisiones sindicales si no exceden los 5 días hábiles o por un mayor tiempo si así lo requiere la naturaleza de la comisión.

De acuerdo con el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria y que se aprobó el 11 de marzo pasado, la iniciativa de ley fue presentada por el magisterio estatal y arropada en Congreso por el legislador del Panal Ismael Valdez López, ex secretario de la sección 28 del SNTE.

"En pocas palabras se avala el pago de comisionados sindicales, lo cual es claramente ilegal", señaló Marco Fernández, director de investigación de México Evalúa.

"Este Estado lo que está diciendo es que le da lo mismo lo que digan las leyes generales, hace una excepción generalizada a la ley", expresó a su vez el investigador Édgar Corzo.

Limitan a maestros libertad sindical

Algunos estados aprovecharon la reforma educativa para restringir la libertad sindical de los maestros, alertó Fernández.

"Esto contraviene la libertad sindical, pues reconocer el monopolio de la titularidad de las relaciones laborales es contrario a la ley y debería ser impugnado por la Secretaría de Educación Pública por su inconstitucionalidad", expresó.

En Aguascalientes, Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Querétaro quedó asentado que el SNTE es titular de las relaciones laborales de los maestros.

"Va contra el Artículo 123 de la Constitución que te permite, con jurisprudencia de la (Suprema) Corte, la libertad sindical para asociarte", comentó Corzo.

"Están coartando la libertad sindical de los maestros en estas leyes, se exceden y van en contra de la Constitución, son violaciones flagrantes".

En San Luis Potosí no sólo se reconoce a las secciones 26 y 52 del SNTE como representantes legales de los trabajadores de la educación en el Estado, sino que acotan a las autoridades educativas a negociar sólo con esas dos secciones sindicales.

"Lo acota, dice que sólo conmigo vas a negociar todo lo relacionado con la ley", explicó Corzo.

Estas entidades, coincidieron los expertos, incorporaron aspectos laborales que no son competencia de las autoridades educativas ni se establecieron en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Gobierno de Oaxaca ayudará a la CNTE a realizar su censo

El gobierno de Oaxaca anunció que apoyará a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a llevar a cabo su propio censo para que no quede fuera de la nómina de la Federación a partir de 2015.

Según otra nota del periódico Milenio, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo), Manuel Antonio Iturribarría Bolaños, admitió que respaldarán el registro de los docentes de acuerdo con sus necesidades, pero ajustado a la norma para que sea aceptado por la Secretaría de Educación Pública.

Incluso destacó que el gobierno de Gabino Cué los apoyará para que el aval se discuta en las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), que se desarrollarán el jueves 10 de abril.

“El hecho de que anuncien un censo es un paso importante; ahora vamos a buscar apoyarlos para que lo hagan; si se trata de hacer un censo que no está apegado a la norma no lo va aceptar la Federación, por ello vamos a asesorarlos para que lo pueden ejercer de manera correcta.

“Ya estamos buscando acercarnos a los integrantes de la Comisión Política de la gremial para sentarnos y empezar a definir el esquema de censo que se desarrollará, que tendría que ser muy parecido al que aplica el Inegi”, explicó.

Iturribarría Bolaños señaló que tienen “la obligación de apoyar al magisterio en apego a la ley, porque se corre el riesgo de tener problemas con el pago de nómina de los maestros que empezará a realizar la SEP a partir de enero de 2015”.

Adelantó que en la próxima reunión con la Segob estará presente el gobernador Gabino Cué, los representantes de la Secretaría General de Gobierno y del Ieepo, además de los docentes de la sección 22.

Respecto a la exigencia de los estudiantes normalistas para alcanzar 969 plazas automáticas, Iturribarría Bolaños afirmó que esta posibilidad está totalmente cancelada si no aceptan la evaluación correspondiente.

“La ley está muy clara y nadie puede estar por encima de la ley y la Constitución; si no hay un examen serán muy complicado que se les otorguen las plazas a estos estudiantes”, reiteró.

Explicó que son tres los elementos que se requieren para ingresar al servicio profesional docente, que están sujetos a la presentación de un examen que deben pasar con una calificación de aprovechamiento mínima de 8 y esperar a que el gobierno asigne plazas disponibles.

Agregó que en estos momentos no existe el número de plazas que exigen, “si mucho requerimos 30 a 35, pero no las 964 que piden”.