El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, garantizó a los institutos y órganos electorales estatales, total colaboración, no intromisión, en las contiendas locales, y que sólo se actuará en los casos de excepción que establezcan las leyes secundarias de la reforma política-electoral.

En entrevista con Notimex, confío en que la normatividad secundaria -que deberá ser aprobada antes del 30 de abril-, establezca claramente tres parámetros: ¿Cuáles son las causales para que el INE pueda atraer elecciones? ¿Cuáles son los procedimientos para que esto ocurra? y ¿Cuáles son los tiempos?

Lo anterior, aclaró “en el entendido de que la normalidad constitucional es que lo órganos públicos locales serán los responsables de organizar las elecciones en cada uno de los estados y que sólo si estamos en situaciones excepcionales previstas en la ley, operará la atracción por parte del INE”.

De tal suerte que “sin saber cuáles son las causales, cómo se tiene que procesar la atracción y sin saber cuándo se puede hacer (la atracción de unos comicios), estamos en un escenario muy complejo”, añadió.

Cabe recordar que la Asociación de Presidentas y Presidentes de Institutos y Consejos Electorales de las entidades Federativas (APPICEEF), propusieron a los legisladores que el INE atraiga una elección local, sólo cuando haya inseguridad generalizada en el estado que impida cumplir las funciones de la autoridad electoral local.

Además, por el incumplimiento -debidamente acreditado por el INE-, de los principios rectores de la función electoral por parte de la autoridad electoral local y por la desaparición de poderes en la entidad.

Las propuestas fueron entregadas al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para ser consideradas en legislación secundaria de la reforma político-electoral aprobada el pasado 10 de febrero.

Al garantizar una actuación imparcial del nuevo árbitro electoral en los próximos comicios, Córdova Vianello hizo hincapié en que el INE “no nace de la nada, nace sobre la estructura operativa y con el personal y procedimientos del Instituto Federal Electoral (IFE)”.

Precisó que el cambio de IFE a INE no es un cambio cosmético y que sus nuevas atribuciones le dan un carácter nacional “porque ahora podrá intervenir y hacerse cargo directamente y no solo mediante convenio, sino por mandato expreso de la Constitución, de algunos procesos que tienen que ver con las elecciones locales”.

El consejero presidente del nuevo órgano electoral dijo que un ejemplo de ello es la fiscalización a los partidos políticos, “esa ya la va realizar exclusivamente el INE, los órganos locales pierden estas facultades”.

“Absolutamente –la actuación en comicios será de imparcialidad-, los principios constitucionales siguen siendo los que regían la vida del IFE y ahora se ha acondicionado el principio de transparencia”, anotó.

Recordó que la relación del ahora extinto IFE con los órganos locales, fue en todo momento de colaboración, ya que además de “prestarles” el padrón electoral, administraba el acceso a la radio y la televisión de dichos órganos y de los partidos políticos en los estados.

En fin, añadió, “había comunicación, ahora lo que el mandato constitucional nos impone al INE y a los órganos públicos locales electorales es una coordinación permanente, sumamente estrecha y que en muchos sentidos con pleno respeto a las respectivas competencias le impondrá al INE”.

En este sentido, Lorenzo Córdova reiteró que habrá “coordinación, no intromisión, salvo que nos encontremos en las excepciones que tendrá que prever la ley para que el INE atraiga, pero tampoco es una intromisión en cuanto tal, sino el ejercicio de una atribución estrictamente constitucional”.

Además, aclaró que el nuevo Instituto “tendrá, eso sí”, la responsabilidad de nombrar a quienes encabezarán los organismos públicos locales electorales de todo el país, situación que, afirmó, se hará en tiempo.

Por otra parte, el presidente del INE pidió a la población estar tranquila de que todos los servicios y trámites que otorgaba el IFE seguirán adelante y tendrán la validez que actualmente tienen, como el caso de la credencial de elector, cuya caducidad es de diez años.

Consideró que no hay ninguna razón ni jurídica ni política para sobresaltarse por el cambio del nombre de la institución, ya que fue una decisión que si bien recibió algunas críticas, es resultado de un amplio consenso político.

“Por lo que tiene que ver en todos los servicios a la ciudadanía y la garantía de las prerrogativas de los partidos políticos, todo ese continúa sin ningún tipo de variación”, recalcó el ex integrante del Instituto Federal Electoral.

Senadores determinarán número de consejeros en los estados

Senadores y diputados federales analizan los parámetros para integrar los consejos generales de los institutos electorales estatales, que será la primera tarea del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a las elecciones de 2015, pues si bien PRI, PAN y PRD proponen que sean siete los consejeros, evalúan también el número de éstos de acuerdo al tamaño de cada estado.

Según los legisladores inmersos en la negociación de las leyes electorales, que desarrollan en las comisiones unidas del Senado, encabezadas por la de Reforma del Estado, que preside el priista Miguel Chico Herrera, otro de los temas prioritarios es  definir los criterios del INE para atraer las elecciones estatales en caso de irregularidades.

De acuerdo con otra nota del periódico Excélsior, los legisladores consultados explicaron que una entidad federativa como el Estado de México o Oaxaca, con un amplio número de distritos electorales, no puede tener la misma cantidad de consejeros que estados como Tlaxcala, Nayarit o Colima, cuya cifra de distritos electorales es significativamente menor.

El grupo de trabajo de senadores, diputados federales e integrantes del gobierno federal, entre ellos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, se ha reunido con frecuencia para avanzar en la construcción del entramado legal  para regular la reforma constitucional en materia electoral.

Colocaron en los primeros planos de avance lo que será la Ley General de Organismos y Procedimientos Electorales, que también está propuesto que se llame Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que contendrá todo lo referente a las funciones del INE, como sus facultades de atracción de las elecciones estatales .

También, la forma en que los ahora Organismos Públicos Locales, antes Institutos Estatales Electorales, deberán sujetarse a los lineamientos que marque el Consejo General del INE.

Las propuestas del PRI, PAN y PRD se sujetan al texto constitucional en el sentido de que el INE atraerá los procesos electorales cuando existan anomalías de gravedad y que esa decisión deberá tomarse por el Consejo General con el voto de al menos ocho de sus integrantes.

Pero ni el PAN ni el PRD abundan en detalles en sus propuestas respectivas de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aunque sí mencionan los actos anticipados de campaña y la propaganda excesiva.

El PRI, en su iniciativa de Ley General Electoral plantea que el INE tendrá facultad de atraer los procesos sancionadores especiales y aclara que la solicitud para que el instituto organice las elecciones en un estado y haga a un lado al órgano público local deberá contar con el aval de al menos dos partidos políticos que no estén coaligados.

En lo referente a la integración de los plenos de los Organismos Públicos Locales, las propuestas de esos tres partidos establecen que estarán formados por un presidente y seis consejeros, y apegados al texto constitucional plantean que durarán en sus cargos siete años y no tendrán oportunidad de reelección.

Sin embargo, en la discusión el grupo de trabajo ha llegado a la conclusión de que el número de consejeros estatales no puede ser igual en todos los casos.

El argumento es que dejar la cifra en siete consejeros estatales para entidades federativas con un alto número de votantes implicará una carga de trabajo diferente a la de estados con una cantidad de votantes considerablemente menor.

Hoy, el equipo técnico reportará los avances logrados en materia de instituciones, procedimientos electorales y partidos políticos, para que por la noche se reúnan senadores, diputados federales y representantes del gobierno federal, porque el objetivo es que el próximo viernes esté aprobado en el Senado el paquete completo en materia  electoral.

Frenarán propaganda encubierta

PAN y PRD apuestan por un control rígido de la relación entre los medios de comunicación y los actores políticos, para poner freno a lo que llaman el engaño electoral más recurrente en las campañas políticas.

En el marco de la discusión de las leyes electorales, la izquierda y la derecha coinciden en que no deben repetirse esquemas “engañosos” de propaganda electoral disfrazada de información periodística.

Excélsior informó el viernes que el PAN quiere controlar el “exceso” de entrevistas a los candidatos electorales.

Para el caso del PRD, que también fue un promotor de la reforma constitucional que incluyó causales de nulidad electoral por rebase de topes de gastos de campaña, el uso de propaganda encubierta y la utilización de dinero de procedencia ilícita, sus definiciones no son tan puntuales como las de los panistas.

Los perredistas dicen que se entenderá por “propaganda gubernamental encubierta: cualquier expresión en los medios de comunicación que, pretendiendo ser una noticia, por la descontextualización, la repetición innecesaria, o por su falta de objetividad se convierta en un mecanismo de difusión de un servidor público”.

En su propuesta dice que “los sujetos obligados no pueden adquirir, a título oneroso o gratuito, publicidad con cualquier medio de comunicación social que sea presentada como noticia por parte del emisor de última instancia, así como el pago directo o indirecto por entrevistas de servidores públicos o por cobertura informativa de eventos oficiales de cualquier clase”.

Sin embargo, en la exposición de motivos de su paquete de iniciativas, los perredistas aclaran que uno de los avances más importantes de la reforma constitucional es precisamente la inclusión de la compra de publicidad encubierta como causal de nulidad electoral, porque argumentan que durante las recientes campañas electorales federales ha sido evidente que algunos candidatos utilizaron mecanismos para promoverse, vía la presentación de supuestas notas informativas.

Los panistas, de acuerdo con la iniciativa presentada por el senador Fernando Torres Graciano, han detallado lo que debe entenderse por propaganda encubierta que es comprada o adquirida por los candidatos o sus partidos políticos en radio, televisión, diarios, semanarios, revistas, tanto del área política como de otros ámbitos.

Crean la Ley General de Delitos Electorales

Sin Pacto por México de por medio, el gobierno federal y las dirigencias del PRI, PAN y PRD acordaron derogar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

La razón: la transición del IFE al INE convirtió en obsoleto el reglamento que sanciona las elecciones. Así, los tres partidos con mayor representación y el gobierno federal acordaron crear la Ley General de Delitos Electorales (LGDE).

Este reglamento estará incluido en el paquete de leyes complementarias de la reforma político-electoral, junto con dos más: la “Ley General de Organismos y Procedimientos Electorales” y la “Ley General de Partidos Políticos”.

Legisladores federales que participan en las pláticas confirmaron al diario 24 Horas que en un primer momento el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, aceptó estos cambios con reticencias, pero al final terminó accediendo a las peticiones plasmadas por la oposición.

Pero aunque la nueva LGDE contendrá la distribución de competencias federales y estatales, se prevé que las entidades conserven sus propios códigos, además de que se mantendrá vigente el capítulo de delitos electorales en el Código Penal Federal.

Por este motivo, agregaron los legisladores consultados, desde la última semana de marzo trabajan de manera ininterrumpida en la sede de la Segob en el diseño del paquete de las leyes secundarias que considera los tres nuevos ordenamientos legales.