~~Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ofreció promover medidas cautelares al ex diputado local petista y ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa y a favor de los integrantes de la organización COMUNA, que han sido blancos de amenazas de muerte, y uno de sus miembros fue asesinado por sujetos desconocidos en la ciudad de Oaxaca.

El titular del organismo Arturo Peimbert Calvo, afirmó que se les ha notificado a los agraviados que pueden sujetarse al protocolo de protección cautelar, luego de las diferentes amenazas que les han sido conferida a su persona.

En tanto, en conferencia de presan y luego del asesinato del activista Ignacio García, los miembros de COMUNA, advirtieron que están en la mira, por su participación activa en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y por ser quienes constantemente están exigiendo castigo contra los responsables de los crímenes cometidos durante la revuelta social del 2006.

“El asesinato en contra de nuestro compañero Ignacio García es un claro mensaje de que estamos en la mira, por que fuimos de la APPO y decidimos no olvidar, a quienes cometieron los asesinatos de varios activistas” dijo César Mateos Benítez, integrante de la dirigencia colectiva de la organización.

Acompañado por los también dirigentes Efraín Solano Linares, Gilberto López Jiménez y Horacio Sosa Villavicencio, recordó que ellos, junto con Flavio Sosa Villavicencio e Ignacio García Maldonado, fueron activos participantes en el movimiento social de 2006, por lo que fueron incluso detenidos, acusados de distintos delitos que no cometieron, con la intención de desintegrar a la disidencia social.

“Las violaciones a nuestros derechos humanos, documentadas por la CNDH, continúan impunes; los perpetradores no han sido identificados ni castigados, lo que implica, de sí, riesgos para nuestra seguridad, y la posibilidad de que se cumplan las amenazas recientes, como ya ocurrió en el caso de nuestro compañero Ignacio García Maldonado”, expuso.

Señaló que las autoridades están obligadas a identificar a quién interesa cerrar el capítulo del movimiento social de 2006 y 2007 sin mayor investigación, “borrarlo de la historia, y que no exista quien permanentemente les recuerde la deuda de un gobierno criminal hacia el pueblo de Oaxaca”.

En razón de lo anterior, además de una investigación auténtica, profunda y eficaz que tome seriamente en cuenta la vertiente política como origen del asesinato de Ignacio García Maldonado, a nombre de su organización demandó al gobierno del estado instalar y facilitar el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, con el fin de esclarecer los crímenes cometidos por el Estado contra el movimiento social oaxaqueño de 2006 y 2007.

Pidió también investigar lo necesario para identificar y castigar a quienes resulten responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos desde el gobierno en contra de las y los activistas de esos años, “sea mediante la reformulación de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social, para hacerla operativa, o a través de algún otro mecanismo”, pues esa instancia no ha dado resultados hasta ahora.

“A la fecha no se han esclarecido los más de 20 asesinatos, las desapariciones forzadas, las violaciones, la tortura, los golpes, las detenciones arbitrarias y los procesos judiciales por consigna cometidos contra las y los participantes en el movimiento social de 2006 y 2007, crímenes documentados tanto por observadores civiles nacionales y extranjeros como por instancias públicas, como la propia CNDH”, dijo.

Para fortalecer la perspectiva de 2006 como origen del asesinato de García Maldonado, señaló que esa misma mañana fueron encontrados restos de cuerpos frente al domicilio de un defensor de derechos humanos que también destacó por sus acciones a favor del movimiento social de 2006, y que contribuyó a la visibilidad internacional del conflicto en Oaxaca. “El mensaje es claro: estamos en la mira y el centro del asunto es 2006”.

Aceptó que ante la escalada de amenazas de muerte en su contra; explicó que el sábado la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca les anunció el inicio del trámite para la emisión de medidas cautelares a su favor, por lo que esperan conocer los términos para decidir si se acogen a ellas.

Agregó que de momento no buscarán protección del gobierno federal dada la posibilidad de que este caso se quiera aprovechar política y electoralmente para atacar al gobierno de Gabino Cué; “confiamos en que nuestras autoridades locales darán a este caso la relevancia que tiene y actuarán en consecuencia”, dijo.

En los últimos tres años han sido asesinados un total de 20 activistas ligados con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y con diferentes organizaciones sociales, entre ellos Ignacio García, Beatriz López Leyva, Catarino Torres Pereda, Heriberto Pazos Ortiz, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, Bernardo Vásquez Sánchez, Nicolás Estrada Merino y Arturo Pimentel Salas, entre otros.

Respecto de los asesinatos el procurador general de Justicia de Oaxaca (PGJO) Héctor Joaquín Carrillo, dio a conocer que hay avances en las investigaciones de los crímenes, aunque afirmó que muchos están relacionados con venganzas de tipo personal.

Sin embargo no descartó agotar la línea política en los mismos, particularmente en aquellos donde los implicados fueron activistas del movimiento social del 2006.