Oaxaca.- En México hay al menos 30 focos rojos por la disputa de terrenos entre comunidades indígenas y empresas mineras extranjeras que pueden representar un brote de insurgencia e insurrección civil, advirtió el Comisionado Nacional para el Diálogo Con los Pueblos Indígenas, José Martínez Veloz.

El ex diputado federal, dijo que se dialoga y se interviene mediante la vía del amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para revocar los permisos de uso de suelo en poder de las empresas, a fin de devolverlas a los verdaderos poseedores de la tierra, previa consulta abierta con las comunidades.

Paralelamente se hará valer la jurisprudencia para que todas las determinaciones que emita la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), sobre el derecho de las tierra de los pueblo se ejerza en el país, sin objeción.

“Lo que estamos construyendo ahora es la ley de consulta indígena, que fue una recomendación de la ONU, para que nunca más haya un ex presidente que entregue a extranjeros lo que pertenece a los pueblos indígenas de México.

Ocurrió en los sexenios de los ex mandatarios Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, pero ya no ocurrirá en el régimen del Presidente Enrique Peña”.

Según Martínez Veloz, durante los últimos tres sexenios, se entregaron como “estampitas navideñas” a las grandes trasnacionales un total de 96 millones de hectáreas del país, correspondientes a la mitad del territorio nacional a empresas mineras extranjeras y nacionales.

Sabemos que algunos ya han hecho uso de los terrenos, otros están en vía, pero lo cierto es que en cada sitio donde se otorgó, hay conflictividad social”.

Indicó que se tienen identificados un total de 30 focos rojos, entre ellos Oaxaca con el caso de la mina de San José “El Progreso”, Baja California, Puebla, Veracruz, Chiapas, San Luis, Potosí, Durango, Nayarit, Morelos, Tlaxcala y Chihuahua.

Dijo que con la ley de consulta indígena se busca generar protocolos de diálogo para evitar los conflictos, utilizando la vía legal, valiendo el recurso de amparo, o la revocación de la misma concesión si no hay acuerdo de por medio de los pueblos.

Detalló que en el país existen registrados hasta el año pasado 857 proyectos de explotación y extracción distribuidos en 16 estados, destacando Sonora con 206, Chihuahua con 120, Durango con 97, Sinaloa con 85 y con 66 Zacatecas.

"El principal problema es que estas empresas no ven como socios a los pueblos indígenas, sino como un estorbo, y explotan gravemente a los trabajadores y las zonas de asentamientos, por lo que se busca ahora que los pueblos sean los socios de las empresas en la ejecución de los grandes proyectos de explotación sustentable de los recursos naturales.

"Es necesario dignificar a los pueblos indígenas para que tengan beneficios de la extracción de minerales, porque en la mayoría de los casos las mineras dejan deshechas las zonas y hacen más difícil la vida para estas comunidades", precisó.

Martínez Veloz, afirmó que se busca construir un país donde todos ganen y nadie pierda. “Ya no podemos tener un país pisoteando los derechos de los pueblos indígenas”.