SAN RAYMUNDO JALPAN, Oax.- La coordinadora de la fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Estado, Antonia Natividad Díaz Jiménez propondrá sancionar a quienes se aprovechen de la necesidad mediante falsas promesas o documentos apócrifos.

La legisladora presentará en la sesión ordinaria de este jueves la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 382 Bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca para que tales conductas se castiguen con pena de presión de 4 a 8 años.

Al respecto, la diputada señaló que en los últimos años han crecido los llamados “delitos de cuello blanco”, que se caracterizan porque los delincuentes utilizan el engaño como medios para despojar de su patrimonio a las víctimas.

En nuestro estado, refiere la iniciativa, diariamente dan cuenta los medios de comunicación cómo estos delincuentes se aprovechan de la necesidad de muchos oaxaqueños.

Esta propuesta busca perseguir a quienes falsamente ofrecen conseguir alguna plaza en el sector público o privado; concesiones o permisos para el servicio público de transporte de pasajeros o visas o permisos de trabajo en el extranjero.

Díaz Jiménez apunta que la falta de oportunidades laborales, la pobreza de nuestra comunidades, el alto índice migratorio de nuestro estado, son factores que aprovechan estos delincuentes para obtener indebidamente un lucro económico.

Lamentó que sea la gente más vulnerable la que resulta afectada; sin embargo las denuncias que se han presentado no prosperan debido a que los jueces han determinado que no se configura el delito de fraude al argumentar que está al alcance de de todo ciudadano a evitar este tipo de engaños.

A pesar de todo el perjuicio que han ocasionado, no existe ninguna persona que haya sido sentenciada por este tipo de delitos, lo que provoca que con total impunidad se repitan estas conductas, ya que los delincuentes saben que no van a ser castigados.

Dicha iniciativa, señaló la legisladora, forman parte de un proceso permanente de actualización de nuestras leyes, además que es deber de los legisladores hacer una revisión del catálogo de delitos para incluir las conductas que lastiman al tejido social.