La convocatoria para la licitación de dos cadenas de televisión abierta contempla que la concesión será otorgada por un plazo de 20 años y deberá contar con el aval de la Unidad de Competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de canales de transmisión para la prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital, a efecto de formar dos cadenas nacionales en los Estados Unidos Mexicanos, por un plazo de 20 (veinte) años”, es el objeto del Acuerdo de la licitación IFT-1 publicado por el IFT en el Diario Oficial de la Federación.

El acuerdo es el primero en su tipo, ya que en el país no se había llevado a cabo una licitación en materia de televisión, según se informa en una nota del periódico El Universal.

“Esta licitación es la primera en realizarse en México en materia de televisión y en el sector la última realizada se trató de las licitaciones de radio en 1921”, mencionó Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones.

Este jueves, en sesión extraordinaria, el instituto aprobó la convocatoria para licitar dos cadenas de televisión abierta a nivel nacional y las bases se subirán al portal del IFT a más tardar el domingo.

En la convocatoria se respetó el programa que contempla 246 canales a licitar y que fue dado a conocer en enero pasado por el regulador.

En el programa de licitación y adjudicación de frecuencias, publicado por el regulador a finales de enero, se prevé la licitación de 246 frecuencias en 153 localidades, las cuales tendrán que competir con las 438 estaciones afiliadas con las que cuentan Televisa y TV Azteca, 258 y 180, respectivamente.

A unas horas de que venciera el plazo constitucional del 9 de marzo para cumplir con sus obligaciones establecida en la reforma en telecomunicaciones, el regulador desahogó este y otros pendientes.

De acuerdo con fuentes del IFT, son nueve las empresas que se han acercado al regulador para exteriorizar su interés de participar en el concurso.

Para avanzar en el proceso, el IFT solicitó en forma previa una opinión, no vinculante, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los montos de contraprestación; además de que se ha confirmado que no será una subasta simultánea ascendente, debido a que el factor económico no puede ser el predominante.

Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de la SCT, ha estimado que las dos nuevas alternativas de televisión deberán implicar inversiones por alrededor de 200 millones de dólares, es decir, 100 millones de dólares cada una.

Las empresas interesadas en participar en la licitación deberán solicitar la opinión en materia de competencia económica de la unidad encargada del tema.

“Para participar en la licitación a que hace referencia la presente convocatoria, los interesados deberán obtener opinión favorable en materia de competencia económica por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (el “Instituto”) en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica”, indica el texto.

Para ello, se deberá seguir un instructivo que el instituto dará a conocer a más tardar el domingo 9 de marzo en su página de internet y deberá entregarse el 16 y 17 de junio de 2014 en la Oficialía de Partes del IFT.

En el caso de las actuales televisoras, Televisa y TV Azteca, sus concesiones estarán vigentes hasta 2021.

Telcel-Telmex y Televisa agentes preponderantes

Por otro lado, el pleno del IFT aprobó el procedimiento para declarar a una empresa de telecomunicaciones y otra de radiodifusión como agentes económicos preponderantes.

El organismo precisó que la razón social de tales compañías se dará a conocer una vez que sean debidamente notificadas.

Según otra nota del periódico Excélsior, en forma previa, el IFT ya había dado aviso a Telmex– Telcel y a Grupo Televisa de que se encontraban bajo tal supuesto.

Anoche fuentes de tales empresas coincidieron que no harían comentario alguno y no precisaron respecto de si ya habían recibido o no tal notificación.

De la misma forma, los integrantes del pleno del regulador cumplieron con otro de los mandatos que le impuso la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia.

Ésta se refiere a la revisión de la forma adecuada en el uso  de los títulos de concesión vigentes, y con ello se cumplió, además, con otra de las obligaciones que es la conformación de un Registro Público de Concesiones, con lo que por vez primera en México cualquier persona podrá conocer quiénes poseen un permiso para operar  radio, televisión y telecomunicaciones en el país.