Oaxaca.- Esta mañana, sujetos desconocidos rociaron con keroseno un automóvil Seat estacionado en una céntrica calle de San Sebastián Tutla, y posteriormente le prendieron fuego.

Al lugar arribaron elementos del H. Cuerpo de Bomberos para apagar el siniestro.

El automóvil Seat modelo Cordova y cuya propiedad acreditó Marifer Reyes Matías, se encontraba debidamente estacionado sobre la calle de Guerrero esquina con Constitución de San Sebastián Tutla.

Así también la Secretaría de Seguridad Pública ha enviado una partida de elementos provistos con equipo anti motines, ante cualquier posible enfrentamiento.

Es de precisar que la ola de protestas y confrontaciones son derivadas de la resolución emitida por el Tribunal Federal Electoral con sede en Xalapa, Veracruz, donde se invalida la elección por sistema normativos.

Ampliación

Oscar Rodríguez

Un negocio y un vehículo fueron incendiados como consecuencia del conflicto postelectoral que prevalece en el municipio de San Sebastián Tutla, donde hay una  disputa por el control de la alcaldía municipal, confirmó la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

De acuerdo con la dependencia, sujetos desconocidos, hicieron estallar bombas molotov para generar el incendio de un auto particular marca SEAT, estacionado en la esquina de las calles Constitución y Guerrero del citado municipio, así como el negocio con razón social “APIS Muebles de Oaxaca”, ubicado en Avenida Camino Nacional, esquina Unión en esta demarcación.

En el lugar de los hechos también se encontraron diversos casquillos percutidos de diversos calibres.

Derivado del ataque resultaron dos personas lesionadas, que han sido identificadas como José Juan Avendaño Hernández y Felipe Florencio Martínez Reyes, quienes ya reciben atención médica.

El director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), Luis Sánchez, precisó que se iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, precisando que el atentado fue motivado por el conflicto postelectoral que priva en la comunidad.

Sin embargo el funcionario condenó los hechos porque se trata de acto inadmisible que no puede ni debe ser concebido como un acto legítimo de expresión de inconformidad, sino como un grave delito que atenta contra la paz social y debe ser investigado, perseguido  y castigado con todo el rigor de la ley.