Los amparos contra la reforma fiscal empiezan a inundar los juzgados federales.

Hasta ayer se habían registrado alrededor de 250 demandas, solo en el Distrito Federal y Monterrey, pero la cifra crecerá conforme las nuevas leyes sean aplicadas a los contribuyentes según se informa en una nota del periódico Reforma.

Por ejemplo, Walmart cuestionó la aplicación del IVA en alimentos para mascotas y el peso por litro de refresco, mientras que Sabritas y las productoras de dulces Ferrero de México, Gélita México y Productos Rochin, van contra el IEPS de 8 por ciento a los alimentos con alto contenido calórico.

En Monterrey, las embotelladoras Arca Continental y Bebidas Mundiales ya también impugnaron el impuesto a los refrescos, mientras que el gravamen a los alimentos chatarra es motivo de amparos por parte de corporaciones como Tiendas Chedraui y Grupo Herdez, entre otras.

Al menos 9 empresas del sector químico, entre ellas Bayer, están cuestionando la aplicación del IEPS a los plaguicidas, que va de entre 6 a 9 por ciento según el "peligro de toxicidad aguda" del producto.

Incluso más de 20 gasolineras en el DF y Monterrey aprovecharon la reforma para cuestionar el IEPS a los combustibles, que se aplica desde hace años.

Los amparos contra el IVA y el IEPS tienen pocas posibilidades de prosperar, por los criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia en la materia, y aún en caso de ser otorgados, las empresas no obtendrían reembolsos, ya que los consumidores son quienes los pagan.

La Ley Aduanera es la que hasta ahora ha provocado más inconformidades.

La obligación de almacenar gratuitamente mercancías de comercio exterior ha sido impugnada por 20 empresas, entre ellas Aeroméxico, Varig, Lufthansa y la mayor parte de las terminales portuarias del País.

Ni la facturación electrónica obligatoria se salva. La semana pasada fue impugnada por seis asociaciones ganaderas de Oaxaca que la ven como un obstáculo para sus labores.

Los amparos alegan violaciones a principios Constitucionales de libertad de trabajo, equidad y proporcionalidad tributaria y a tratados internacionales, así como a reglas de la Carta Magna sobre libre competencia económica y no aplicación retroactiva de la ley.

Empresarios piden tregua fiscal a Peña Nieto

Los empresarios exigen al gobierno federal que el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, a firmarse en febrero de 2014, sea una tregua fiscal por cinco años y dé estabilidad a los inversionistas para evitar una escalada de amparos en contra de la reforma hacendaria.

“Si en la propuesta del Pacto Fiscal se llega a una puntos satisfactorios para los (empresarios), seguramente no habría necesidad de los amparos y recursos legales“, dijo Juan Pablo Castañón Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Según otra nota del diario 24 Horas, el dirigente empresarial dijo que en la zona fronteriza del país se trabaja en la presentación de un amparo colectivo en contra de la homologación del impuesto al valor agregado (IVA), que pasó de 11% a 16%.

“Buscamos que no se estén cambiando las reglas de juego cada año, sino una estabilidad fiscal a fin de que a inversión nacional y extranjera tenga certidumbre en el mediano plazo”, comentó Francisco FuntanetMange, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

“Nosotros vemos con buenos ojos el Pacto Fiscal, pero ojalá de los tres años propuestos del pacto fiscal sea por cinco años o todo lo que resta del sexenio para que dé certeza a los inversionistas”, manifestó el empresario.

El representante de los industriales recordó que hubo temas de las reforma hacendaria donde la industria estuvo de acuerdo y en otros se mostró en desacuerdo.

Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció durante su estancia en Davos, Suiza, que en febrero próximo  dará a conocer el Pacto Fiscal con el sector privado.

“Nosotros pensamos que debe incluir la sensibilidad del sector con la idea de que algunas cosas que no van en el sentido correcto se puedan corregir y también la parte del gasto y de la estabilidad macroeconómica que son fundamentales”, afirmó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Apenas se ha iniciado el diálogo, ya tuvimos los primeros acercamientos, vamos a trabajar sobre la visión que trae el gobierno federal”, agregó.

El tema de un pacto fiscal no es una cosa nueva, “lo venimos platicando desde el año pasado, antes de que saliera la reforma, es decir desde mediados el año pasado”, manifestó el líder de Coparmex.

La Ley fiscal, con todo y los decretos de finales de diciembre de 2013, deja temas pendientes como la deducibilidad de las prestaciones sociales, impuestos a los dividendos, la depreciación de las inversiones, la deducción de los impuestos a los intereses, impuestos a la industria minera, así como el impuesto especial a productos y servicios (IEPS) a bebidas y alimentos, apuntó Castañón.

En tanto, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, aseguró ayer que los impuestos establecidos en la Reforma Hacendaria no cambiarán en los próximos tres años, pues se busca dar a las familias, empresarios y trabajadores certidumbre para el gasto, la inversión y la creación de empleos.

“La Reforma Hacendaria no se modificará. Ha sido aprobada, es la ley, y al gobierno corresponde ejercerla. Sin embargo, en las próximas semanas se presentará el pacto fiscal, que será un acuerdo en materia tributaria para ofrecer certidumbre a los contribuyentes”, dijo Videgaray, luego de finalizar una reunión plenaria con senadores del PRI y del PVEM en Mérida, Yucatán.

En conferencia de prensa, informó que, por primera vez en nueve años, el gasto corriente del gobierno disminuyó 0.3% en términos reales. “Es fruto del programa de austeridad y racionalización del gasto”, aseguró el funcionario según otra nota del periódico Excélsior.

Este dato fue reportado también en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2013, que dio a conocer anoche Hacienda, en el que se destaca que la economía registró un alza de 1.3% durante el año pasado.

También se informó que el déficit del sector público en 2013 totalizó 46 mil 700 millones de pesos, cantidad equivalente al 0.3% del PIB y 0.1 puntos menor que el autorizado por el Congreso de la Unión para ese año.