Corporativos como Bonafont y Jumex interpusieron amparos contra el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, (IEPS) contemplado en la Reforma Hacendaria, pero otros como Coca Cola de México, Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Bimbo y PepsiCo los promoverían en los próximos días, anticiparon fuentes cercanas a los procesos.

Entre los impuestos que han generado mayor inconformidad se encuentra el IEPS de 8% a alimentos con alto contenido calórico y de un peso por litro a refrescos y bebidas azucaradas, así como por las reformas a las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De acuerdo con despachos de abogados podrían ser cientos e incluso miles de amparos presentados por empresas de diferentes sectores, aunque consideraron muy alta la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga la mayoría de estos procedimientos y se resuelvan en contra de las empresas.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, el administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Óscar Molina Chie, dijo que independientemente de los amparos que obtengan las empresas por los impuestos, éstas deberán realizar el pago de sus contribuciones.

“Desde los pagos provisionales vamos a estar monitoreando, donde veamos que no enteran el pago del IEPS, por bebidas azucaradas o alimentos con alto contenido calórico, vamos a hacer requerimientos para que presenten sus declaraciones y sí tienen algún argumento por el cual no hacen el pago realizaremos auditorías, pero hasta ahora tenemos información de que sí lo van a hacer”, precisó.

“Habrá cientos o miles de amparos, pero ya no prosperan como en años anteriores cuando eran muy efectivos, porque normalmente se cometían errores de forma y en los últimos años se han hecho reformas más inteligentes”, explicó José Luis Elizondo, del bufete Elizondo Cantú.

Para el abogado, cualquier empresa podrá interponer el recurso, pero pocos prosperarán, ya que la Reforma Hacendaria tiene un objetivo no sólo de recaudación, sino un fin extra fiscal que es recortar gastos erogados por el sector público.

Luis Carbajo, especialista de la firma Baker & McKenzie Abogados, explicó que la duración de los amparos en primera instancia es de un año y en caso de que el SAT opte por un recurso de apelación podría durar hasta dos años y medio.

Los plazos para presentar los amparos vencerán en las primeras semanas de febrero, por lo que las compañías que están decididas a utilizar este recurso legal se encuentran en las labores para inconformarse, anticipó Juan Francisco Torres, especialista de BSTL Abogados.

“Dentro de los 15 días hábiles siguientes a primera vez que la persona acata lo que dice la ley, se debe impugnar; en el caso de las bebidas o los alimentos con alta densidad calórica, el proceso inicia cuando emiten una factura por venta de uno de estos productos”, agregó el socio del área fiscal del despacho de abogados Basham, Ringe y Correa, Gerardo Nieto.

Para Alejandro Calvillo, director general de “El Poder del Consumidor”, la cantidad de amparos será elevada, debido a que agrupaciones como el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) enviaron a empresas “machotes” o formatos previamente elaborados de demandas de amparo para ser llenadas.

“Sabemos de la línea dura de Jaime Zabludovsky (de ConMéxico) y en un momento estuvieron pasando un ‘machote’ de amparo a las empresas y habrá que ver si recurren a esto”, puntualizó el experto.

Detecta el SAT facturas falsas por 46 mil millones de pesos

El valor de las facturas apócrifas presentadas por los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para comprobar gastos y solicitar devolución de impuestos durante los ejercicios fiscales de 2007 a 2009 totalizó 46 mil millones de pesos, reveló Fernando Martínez Coss, líder de facturación electrónica del órgano fiscalizador de la Secretaría de Hacienda.

“Durante esos ejercicios, de 2007 a 2009, tenemos más de 46 mil millones de pesos en documentos apócrifos que el SAT identifica en los contribuyentes”, reveló el funcionario, al dar a conocer resultados de un estudio elaborado por el Colegio de México (Colmex) de manera conjunta con el propio SAT, para cuantificar la defraudación fiscal por esa vía.

Sin embargo, advirtió que esa estimación es solamente “la punta de Iceberg” de lo que podría ser un problema mayor, pues podría haber muchos más  documentos apócrifos que no fueron detectados por la autoridad fiscal en esos y otros ejercicios fiscales que no formaron parte del estudio realizado por el Colmex y el SAT.

Según otra nota del periódico Excélsior, el funcionario federal también reveló que la facturación con comprobantes impresos en papel tiene otros costos que perjudican directamente a las empresas, porque de acuerdo con otros estudios se sabe que el almacenamiento de ese tipo de documentos durante un periodo de cinco años vale por lo menos 12 dólares.

“En un proceso fiscal, en el que estamos hablando de cinco años de almacenamiento, y en un proceso mercantil, que dura diez, llega a costar más de doce dólares al sector empresarial”, lo que movió a este sector a exigir a autoridad fiscal avanzar hacia una nueva forma de facturación menos costosa, más simple y más efectiva.

Y fue así como se tomó la decisión de aprovechar las ventajas que ofrece el desarrollo tecnológico, para avanzar de manera gradual en la sustitución de comprobantes fiscales impresos por una factura electrónica digital que hoy conocemos como el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), a través del cual se reducen costos y se brinda seguridad jurídica al contribuyente.

“Esto lleva a la administración tributaria a establecer un estándar y llega a combinar la norma tributaria con elementos tecnológicos y nuestro país crea lo que hoy se denomina el estándar de factura electrónica que técnicamente conocemos como Anexo 20, que distingue a México de los modelos de Chile, Brasil y países nórdicos, que son también punta de lanza en el tema”.

Sin embargo, dijo, lo que hace la diferencia es que el modelo mexicano de factura electrónica asegura lo que calificó como neutralidad e interoperabilidad, características que abonan a la simplificación, porque el resultado es la creación de un documento digital que es fácilmente operable en diferentes sistemas y máquinas.

Cuando arrancó este proceso andábamos en un promedio de 35 mil transacciones, hoy estamos en un promedio de 20 millones de transacciones diarias; y sin duda, hacia adelante,  la simplificación nos permitirá generar proceso más ágiles.