Oaxaca.- Un juez federal ordenó  la liberación  del activista Damián Gallardo y otros 8 profesores integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se encuentran presos desde hace 8 meses en penales federales acusados de cometer el plagio de dos niños, sobrinos del Presidente Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutíerrez Candiani, al existir violaciones graves al debido proceso en los expedientes penales integrados por el ministerio público federal dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Magistrada del Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito en Jalisco, determinó violaciones a garantías procesales de Damián Gallardo Martínez y siete coprocesados, al resolver el recurso de apelación 241/2013, interpuesto por la defensa y por ello deben ser puestos en libertad.

Según el Presidente de la Liga por la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (LIMDH), Isacc Torres Carmona, la resolución ordena la revocación del Auto de Formal Prisión de fecha 28 de mayo de 2013, y la reposición del proceso, hasta antes de la diligencia de declaración preparatoria, toda vez que la Juez penal federal, no respetó las reglas constitucionales que rigen el procedimiento, en perjuicio de los acusados, pues la juez federal no hizo saber las garantías que otorga el artículo 20 constitucional a los procesados, no hizo saber a los procesados los hechos delictivos que se les imputan, ni los nombres de quienes supuestamente los acusan, ni las personas que declaran en su contra.

Dijo que la juez del proceso, omitió dar vista a los defensores y procesados, el material probatorio aportado por el Ministerio público federal en la etapa de investigación, ello con el fin de garantizar el principio de equilibrio que debe regir el proceso; en resumen, la Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federal con sede en Puente Grande, Jalisco, no se cercioró del cumplimiento de todas y cada una de las formalidades esenciales del procedimiento durante la pre instrucción, quedando acreditado, que violó en perjuicio de los inculpados, las reglas del procedimiento penal.   

Torres Carmona, afirmó que dicha resolución confirma lo que a lo largo de estos ocho meses, hemos venido denunciando tanto a la opinión pública, como ante las instancias de gobierno y organismos autónomos de defensa de los derechos humanos en el país, evidenciando a su vez, la política de criminalización de la protesta social y de procuración de justicia basada en la creación de “chivos expiatorios”.

Indicó que como consecuencia de lo ordenado por el Tribunal Unitario, el Juez Sexto en materia de procesos penales del Salto, Jalisco el día de hoy tiene que respetar todas y cada una de las graves violaciones a derechos humanos, lo que pone en evidencia la consigna con la actuó el Juez Sexto vulnerando las garantías del debido proceso y garantías judiciales.

Torres Carmona afirmó que  a partir de hoy se inicia el término para resolver la situación Jurídicas y en consecuencia el Juez Sexto deberá dictar auto de libertad para los implicados, de lo contrario se estaría cometiendo graves violaciones a  los derechos humanos, cometiéndose graves responsabilidad lo que pondría en entre dicho el reconocimiento que hizo la ONU al poder Judicial Federal.

Indicó que el Comité de familiares y Amigos de Damián Gallardo Martínez y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMEDDH, A.C. Oaxaca,  Exigirá al gobierno de Oaxaca y al Gobierno Federal, el restablecimiento del Estado de derechos sustentado en el respeto irrestricto a los derechos humanos y la libertad inmediata de Damián Gallardo Martínez, Leonel Manzano Sosa, Mario Olivera Osorio, lauro Grijalva Villalobos y Sara Altamirano Ramos.

Adelantó que  la detención de los docentes se asemeja al caso de la francesa Florence Cassez que fue liberada por la SCJN por encontrarse que hubo graves omisiones en su proceso.

Según su versión, a los implicados se les  montaron escenarios y se sembraron pruebas para incriminarlos en un delito que no cometieron.

Claves

Los detenidos son Mario Olivera Osorio que pertenece a la comisión organizadora del Frente Único de Lucha Social (FULS), que suple la fuerza de movilización que tuvo en la revuelta social del 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y ya que aglutina a poco más de 100 organizaciones civiles y colectivos sociales.

A su vez Lauro Grijalva es director de una escuela primaria en la agencia municipal de Santa Cruz Tagobala y Sara Altamirano fue precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Jalapa del Márquez.

Los tres de los indiciados, junto con otros 5 más fueron detenidos en una colonia popular de la Ciudad de Oaxaca saliendo de una reunión sindical, por personas encapuchadas, que los subieron a camionetas sin placas.

 “Se trató de un levantón, extrajudicial, por que quienes los arrestaron no se identificaron, ni presentaron la orden del juez donde se les implicaba en el delito que se les está imputando”, mencionó Isacc Torres Carmona Presidente de la Limedh.