México.- La Procuraduría General de la República obtuvo del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal la orden de formal prisión en contra de Carlos Ambe Buzali y Pedro Vega Jiménez por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

 La investigación que dio origen a la causa penal fue iniciada el 6 de septiembre de 2013 por la Procuraduría General de la República, en atención a la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de una red integrada por ocho personas morales y diecisiete físicas, entre los que se encuentran Carlos Ambe Buzali y Pedro Vega Jiménez.

 Según los elementos que obran en las averiguación previa, estas personas se dedicaban a la creación y desarrollo de empresas para realizar operaciones y servicios inexistentes, con el objeto de emitir facturas a empresas o personas físicas que requerían dichos documentos para simular actos de comercio que justificaran ingresos provenientes de actividades ilícitas.
 
El Ministerio Público Federal logró reconstruir la ruta del dinero empleado en estas simulaciones, la cual comenzaba cuando las empresas creadas por Carlos Ambe Buzali recibían los recursos provenientes de actividades ilícitas, supuestamente a cambio de la prestación de un servicio o la venta de un producto que en realidad jamás eran otorgados.
 
Lo importante de dichas transacciones consistían en la expedición de facturas emitidas por las empresas dirigidas por Ambe, con las que se introducía el dinero de origen ilícito al sistema financiero, dándole apariencia de legalidad.
 
Posteriormente, estos recursos eran devueltos a la empresa o persona que presuntamente había pagado los servicios o productos inexistentes, a través de una serie de traspasos entre cuentas aperturadas en el territorio nacional y en el extranjero.
 
El señor Carlos Ambe Buzali, quien se ostentaba como director general de las empresas involucradas, cobraba un porcentaje por la realización la citada operación.
 
Esta indagatoria ha logrado revelar una enorme red de personas físicas y morales dedicadas al lavado de dinero y ha arrojado diversas líneas de investigación, entre ellas, las relativas a otros delitos como la evasión fiscal, por lo que la Procuraduría General de la República  solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se presenten las querellas correspondientes.
 
Cabe destacar que el lavado de dinero es una práctica socorrida por grupos criminales que no sólo sirve para disimular el origen de los capitales que en ellas se emplean, sino que también genera ganancias que pueden ser utilizadas para refinanciar los delitos de los cuales provienen.
 
Es por ello que la determinación del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, constituye un avance importante en la desarticulación de esta red dedicada al lavado de dinero, que no sólo responde a una acuciosa investigación por parte de la PGR en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que refleja también una acción decidida del Gobierno Federal para enfrentar al crimen organizado de manera efectiva, vulnerando su capacidad de acción a través de la merma de su poderío económico.