San Raymundo Jalpan, Oax.  El Congreso local analiza reformas legislativas para lograr la ampliación de garantías y oportunidades para sectores vulnerables como lo son personas con discapacidad, niños, niñas, y las comunidades indígenas y afromexicanas.

Una de las iniciativas con proyecto de decreto impulsada por la diputada, Migdalia Espinosa Manuel, plantea reformar el Artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Oaxaca, para promover la accesibilidad en los espacios laborales considerando los ajustes razonables y el diseño universal.

Así como promover e impulsar la evaluación y certificación de competencias laborales o de formación para el trabajo de las personas con discapacidad, a fin de que puedan acreditar conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes requeridas para realizar una determinada función o actividad.

De esta manera, el poder legislativo se apega a lineamientos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual México forma parte, y que en su Artículo 27 establece que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar, en igualdad de condiciones que las demás.

En otra propuesta se proyecta modificar el Artículo 104 y adicionar los artículos 106 Bis, 106 Ter, 106 Quater, 106 Quinquies, 106 Sexies y 106 Septies, a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, para crear el Banco de Datos e Información Sobre Casos de Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Con esto la congresista, Maritza Escarlet Vásquez Guerra, busca que se cuente con una herramienta que permita contar con información pública, confiable y oportuna sobre los casos y delitos de violencia sexual infantil, y así facilitar los diagnósticos que sirvan como base para delinear políticas públicas con perspectiva de infancia, que coadyuven en la erradicación de este delito.

Así se fortalecería la acción de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, encargada de la efectiva protección y restitución de sus derechos a través de antecedentes que contengan los hechos de los que se tenga conocimiento.

En el rubro de derechos políticos y electorales, la representante popular, Elisa Zepeda Lagunas, impulsa una iniciativa para expedir la Ley que crea la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Oaxaca, cuya función será prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electoral ante las controversias que se ejerzan.

Dicha Defensoría, se plantea sea un órgano auxiliar del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, por lo que el nombramiento de la persona titular, deberá ser resuelto por el Pleno del Tribunal.

Las iniciativas anteriormente señaladas, fueron admitidas por la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura Local y turnadas para su estudio y, en su caso, dictamen por las Comisiones legislativas correspondientes.