México.- El juez Sexto de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México falló a favor de una niña que demandó el incumplimiento de las autoridades de Oaxaca de separar de su cargo a maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que interrumpieron clases por 12 días en 2015.

Así lo informó Juan Alfonso Mejía López, director general de Mexicanos Primero, organización civil que acompañó esta demanda.

Durante la conferencia “Justicia por Oaxaca. En defensa de ciclos escolares completos”, Claudia Aguilar, titular de un despacho de abogados que ha trabajado “pro bono” para presentar éste y otros tres juicios de amparo relacionados con el derecho a la educación de los niños en Oaxaca, explicó que la demanda se centró en cuestionar por qué el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) no aplicó el Artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el sentido de separar de su cargo a los profesores que falten más de tres días injustificadamente.

Al respecto, el juez determinó que “autoridades del IEEPO fabricaron constancias de un supuesto curso de capacitación que habrían tomado los maestros paristas”, lo cual es falso y fue considerado por el impartidor de justicia como “una ofensa a la autoridad”.

En ese sentido, el amparo –recién ganado y que hasta la fecha no se ha cumplido— exige a las autoridades federales que vigilen el cumplimiento de las autoridades locales, en el sentido de atender lo establecido en la ley y separar de su cargo a los maestros faltistas.

A su vez, Juan Alfonso Mejía explicó que este amparo, junto con los otros dos ganados anteriormente, no busca que los maestros sean separados de sus cargos, aunque la consecuencia obvia es que así debe de ser, porque la ley es clara en señalar esa consecuencia al faltar a clases.

Entre los tres amparos (que se refieren a tres distintas escuelas y amparan a tres alumnos diferentes), podría haber entre aproximadamente entre 120 y 180 maestros involucrados, aunque reconoció no tener la cifra precisa.

Sin embargo, se dijo optimista por este fallo, pues con ello se abre un camino dentro del marco del derecho, para que las familias puedan exigir con efectividad el derecho a la educación de sus hijos y termine así la ilegalidad que, insistió, “no es normal”.