Oaxaca.- El Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Horacio Antonio Mendoza manifestó su beneplácito por la aprobación de la Ley de Tortura en la Cámara de Diputados Federal, y aseveró que se requiere la armonización de la misma, en la entidad.

Luego de la aprobación de la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por la Cámara de Diputados Federal; el legislador perredista declaró que es un gran avance para el País en materia de Derechos Humanos.

“El hecho de que se haya aprobado esta ley, permite que se garanticen y respeten los Derechos Humanos en nuestro País, pero sobre todo que se sancionen las violaciones, y se emitan castigos ejemplares a quienes incurran en este tipo de delitos”, reiteró.

Antonio Mendoza, refirió que esta ley contempla castigos que van de 10 a 20 años de prisión para los servidores públicos y entre 6 y 12 años para los particulares, además de que la pena puede aumentar si la víctima es menor de edad, adulto mayor, persona con discapacidad, indígena, afrodescendiente u otro sujeto con mayor vulnerabilidad.

En este sentido, el Vicecoordinador Parlamentario del PRD recordó que el pasado 15 de febrero presentó ante el Pleno del Congreso Local, una iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Estado de Oaxaca, con el afán de hacer coincidir el trabajo legislativo local y federal.

 “Estamos en espera de que en el siguiente período ordinario de sesiones el pleno vote a favor esta iniciativa, es fundamental su aprobación ya que Oaxaca es uno de los Estados con mayores violaciones a los Derechos Humanos, además, estaríamos armonizando la legislación Estatal y Federal, lo cual es un gran paso”, reiteró Horacio Antonio.

El diputado local, refrendó su compromiso por salvaguardar los Derechos Humanos de los oaxaqueños, impulsando siempre leyes para beneficio de la entidad, “al aprobarse esta ley en el Estado, podremos estar seguros de que se está trabajando por una impartición de justicia real y en total apego a la ley, o que representaría un avance en la creación de medidas específicas de atención, asistencia y reparación del daño para dar certidumbre de que se están protegiendo y respetando los derechos de las víctimas”, subrayó.