Oaxaca.- Para fortalecer la lucha contra la corrupción, el coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIII Legislatura, Juan Mendoza Reyes, presentó iniciativas para expedir la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como para fortalecer las tareas de investigación de la Fiscalía General del Estado.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados y en sesión ordinaria, el legislador señaló que “uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país y que limita el desarrollo económico y social, es la corrupción”.

De ahí que resaltó, la Fracción Parlamentaria del albiazul promueve un nuevo esquema para mejorar los procesos de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, que se suma a la iniciativa presentada recientemente para eliminar el fuero de los servidores públicos.

“Acción Nacional propone la reforma a la Constitución del Estado para establecer la facultad de este Congreso para nombrar al Fiscal Especial Anticorrupción y al Fiscal Especial para la Atención de delitos Electorales”, indicó.

La iniciativa, sostuvo, pugna porque los fiscales cuenten con la autonomía de gestión e independencia necesarias para que puedan realizar sus tareas con imparcialidad.

Y es que de esta manera, apuntó, se daría seguimiento a las pautas establecidas a nivel federal, ya que los fiscales Anticorrupción y en Materia Electoral son nombrados por el Senado de la República.

Asimismo, el coordinador presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

En este sentido, explicó, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, tiene por objeto instituir un sistema y sus respectivos mecanismos, para superar aquellas prácticas que inhiben la consolidación del Estado de Derecho.

El Sistema Nacional Anticorrupción --entendido como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción--, requiere el establecimiento de la legislación secundaria que lo regule en el orden estatal.

En consecuencia, concluyó, con la procedencia de esta iniciativa se garantiza que cualquier servidor público ejerza con responsabilidad y apego irrestricto a derecho el encargo para el cual fue electo o designado.