Oaxaca.- La fracción parlamentaria del PT presentó a la presidencia de la Mesa Directiva de esta  63 legislatura una iniciativa  con proyecto de decreto para reformar parcialmente los artículos 59 y 79,y una adición al artículo 113, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con el objeto de devolver al Congreso local la atribución para designar a los administradores municipales en los casos de no verificación de una elección, o bien en donde habiéndose realizada la elección ésta fuera declarada nula o inválida.

El diputado y coordinador de la fracción del PT, Jesús Romero dijo, “Como ya es del conocimiento de la opinión pública, y por supuesto de los diputados y diputadas aquí presentes, en el mes de julio de este año, la 62 legislatura, por iniciativa de la fracción parlamentaria del PRI, y  en un apresurado proceso que careció del más mínimo decoro político e institucional, aprobó abrogar  la atribución que ya tenía este Congreso para designar a los encargados de la administración municipal”.

Indicó que esta medida no solamente se asestó un duro golpe al equilibrio y división de poderes al trasladar tal atribución  en el jefe del poder ejecutivo, sino que al concentrar en una sola persona una facultad que se procesaba y consensaba en un cuerpo colegiado convalidó el retorno a prácticas autoritarias que se pensaban ya superadas.

Consideró que ante un escenario incierto en las elecciones de sistemas normativos internos, a la fracción parlamentaria del PT le preocupa enormemente la probabilidad de que se incremente notablemente el número de administradores en los municipios indígenas, precisamente  en esa franja de nuestro territorio oaxaqueño que ancestralmente los ciudadanos y ciudadanas  han electo a sus autoridades municipales por usos y costumbres.

“Y subrayo incierto porque a escasas dos semanas de que se separe la última página del calendario electoral el Consejo General del IEEPCO todavía debe calificar poco más de 100 elecciones”.

El legislador informó que a la fecha en municipios tanto de partidos políticos como de sistemas normativos internos existen 12 en donde quienes gobiernan y desgobiernan  son administradores municipales. Atajando que  esta cifra podría hasta triplicarse para 2017, pues desde la Secretaría General de Gobierno se pretende  promover, a través del PRI, que esta legislatura le expida un cheque en blanco para colocar a sus incondicionales en cargos que están fuera de todo control normativo y constitucional.

“Recordemos que los administradores tienen un mandato temporal, no más allá de los 90 días, y se han designado con un objetivo específico que ha sido el de procurar restablecer el orden y la paz social en los municipios y trabajar, en coordinación con las autoridades electorales, para convocar a elecciones extraordinarias”.

El legislador dijo que sin embargo, en los hechos estos señores han actuando en sentido contrario a lo que señala la ley: valiéndose de múltiples argucias, llevando como cómplices a caciques y funcionarios públicos venales, sometiendo en ocasiones a la autoridad electoral y corrompiendo a líderes comunitarios se han perpetuado en sus cargos. “Y lo más lamentable y doloroso: aprovechando los vacíos legales de nuestra Constitución y de la propia Ley Orgánica Municipal, se han dedicado a saquear las arcas municipales, fundamentalmente  los recursos federales provenientes de  los ramos 28 y 33”.

“Y como no le rinden cuentas a nadie, ni a los ciudadanos de los municipios que administran ni tampoco a la Secretaría de la Contraloría y tampoco al poder legislativo, los administradores se han convertido desde hace ya un buen tiempo en el símbolo aldeano  de la corrupción y la impunidad”, indicó.

Por lo anterior, el coordinador de la fracción parlamentaria del PT propuso en su iniciativa de ley que nuevamente sea el Congreso el conducto legal y político para designar a los “encargados de la administración municipal”, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, pero siempre y cuando estos funcionarios municipales cumplan con requisitos adicionales a los ya establecidos en las leyes en la materia, como el hecho de que su permanencia en el cargo será dentro de un plazo improrrogable de 90 días al término del cual deberá ser sustituido por otra persona.

Asimismo, el PT propuso como otro requisito que los candidatos a postularse, o ser postulados por terceras personas para el cargo de administrador municipal, no se desempeñen  como servidores públicos; tampoco que en los últimos cinco años a la fecha de su designación  hubiesen ocupado un cargo de elección popular o desempeñarse como dirigentes de un partido político.

“Es un hecho incontrovertible que la principal motivación de quienes han fungido como administradores municipales ha sido el de resolver sus problemas económicos de por vida, malversando o disponiendo para fines personales los recursos  federales provenientes de los ramos 28 y 33”, señaló.

Finalmente dijo que la iniciativa de ley propuesta por ellos, es que los administradores no dispongan de los recursos públicos asignados a los municipios y que sus sueldos y demás apoyos económicos y materiales que requieren para el desempeño de su cargo los aporte el gobierno del estado.