Oaxaca.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) terminó cediendo y otorgó su anuencia para aceptar el traslado a penales locales a 2 de los 5 docentes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que estaban recluidos en el penal federal del altiplano.

Othón Nazariega, Efraín Piccaso Pérez, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Abel Jiménez,- todos profesores- fueron detenidos en octubre pasado por las fuerzas federales por delitos como terrorismo, secuestro y ataques a las vías generales de comunicación-, y podrían alcanzar penas de entre 3 y 40 años de prisión.

Lilia Ortiz, integrante de la Comisión Política de la sección 22 de la CNTE, explicó que un juez de distrito ordenó el traslado de los profesores a penales de esta capital; sin embargo, en un principio hubo una negativa de autoridades penitenciarias locales para permitirlo, argumentando que no existía las condiciones de seguridad y espacio en los diferentes reclusorios.

Afirmó que los detenidos pueden enfrentar sus procesos en penales regionales de Oaxaca.

"No pueden ser tratados como narcotraficantes, ni como reos peligrosos cuando su único delito es de conciencia", dijo.

Precisó que las autoridades de Oaxaca podrían ser llevadas a juicio por incurrir en desacato judicial.

En tanto el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca Jorge Ruiz confió que en un primer momento cuando fueron notificados por un juez del amparo para reubicar a los 5 profesores recluidos en cárceles federales a penales locales, se respondió que no había espacio.

"Se respondió a la resolución argumentando que era imposible cumplirla cuando lo que no había era espacio en las cárceles de Oaxaca para los reclusos.

Pero hemos revisando la situación y hemos logrado dar cauce para que 2 de los 5 docentes puedan ser reubicados en penales locales para que cumplan su condena.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), los 5 profesores en mención tienen librado en su contra el auto de formal prisión.

Abel Jiménez está acusado de delitos del fuero común como robo y asaltos y otros delitos federales por los que podrían alcanzar sentencias de hasta 40 años de prisión sin derecho a fianza.

Othón Nazariega es señalado por robo agravado, delitos contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, por la toma de las instalaciones estratégicas, robo de libros de texto gratuitos y daños a instalaciones de la Octava Región Militar en la ciudad.

Juan Carlos Orozco Matus, dirigente sectorial de Salina Cruz, presenta cargos por motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional en la toma de las instalaciones de la Junta Distrital Electoral en Tehuantepec y de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz.

Por su parte, Efraín Picaso Pérez, representante del sector estatal de Valles Centrales, también fue aprehendido por su probable participación en el robo de libros de texto gratuitos.