Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconoció la pertinencia del veto que efectuó el Poder Ejecutivo del estado al decreto 1360 de la LXII Legislatura estatal, mediante el cual se integraba al Código Civil del Estado la alienación parental como violencia familiar y causa de pérdida de patria potestad.

La Defensoría señaló que en la redacción de dicho decreto del Poder Legislativo evidencia una falta de técnica legislativa y de la perspectiva de derechos de la infancia, para normar la conducta del llamado “Síndrome de Alienación Parental”. Este supuesto síndrome se basa en una teoría del psicólogo Richard Gardner, cuestionada por la comunidad científica.

El organismo defensor consideró que el fin legítimo que debe orientar a la ley en esta temática debe encontrar su fundamento en el interés superior de la infancia; es decir, en la dignidad de la niña o niño, su protección personal y en el efectivo goce y vigencia de todos sus derechos que le permitan su desarrollo integral.

La Defensoría expuso que el objeto de la creación de la norma que define el “síndrome de alienación parental” no está armonizado con el principio del interés superior de la infancia, de conformidad con los artículos 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ni con una interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

De acuerdo con estos principios, el Estado debe actuar con mayor diligencia, cuidado y responsabilidad cuando se trata de niñas y niños, y debe tomar medidas especiales basadas en el principio del interés superior de la infancia, detalló el organismo defensor.

A la letra –cita el organismo defensor–, el artículo único con que la LXII Legislatura estatal pretendió reformar el artículo 336 Bis B del Código Civil para el estado de Oaxaca dice: “Comete violencia familiar en la forma de alienación parental el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores”.

El Decreto 1360 del Poder Legislativo estatal también pretendía reformar los artículo 459 fracción IV y 462 fracción IV y adicionar los artículos 429 Bis A y 429 Bis B del Código Civil para el estado de Oaxaca a fin de incluir el supuesto síndrome derivado de la debatida teoría de Richard Gardner.

La institución autónoma añadió que la reforma en la que se regula el citado “síndrome de alienación parental”, no explica la necesidad ni el beneficio para las niñas o los niños, además de que las conductas de manipulación o inducción tendiente a una desaprobación o crítica son categorías subjetivas que tampoco están definidas en la norma.

La Defensoría advirtió que el objeto de la alienación parental –es decir, el rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio– son categorías subjetivas que pueden ser producidas por un evento distinto a la manipulación o inducción de un progenitor, lo cual conduciría a que la propia norma no pueda generar lo que busca (la vida en familia, convivencia, pleno desarrollo con identidad de ambos padres), y con ello atenta contra el armónico desarrollo físico y emocional de la niña o niño.

Asimismo, el organismo Defensor advirtió que el Decreto 1360 no presenta un equilibrio y proporcionalidad entre la norma y su consecuencia, ya que la sanción que se prevé es la pérdida de la patria potestad, con lo cual impediría a la niña o el niño convivir con alguno de sus progenitores, lo que contraviene el deber del Estado de guardar la unidad de la familia, la corresponsabilidad de ésta con el Estado y con la comunidad, para lograr la protección de los derechos de las niñas y niños.

Con esto se dejaría de observar el principio convencional de menor separación de la familia, de conformidad con los artículos 5, 9, 18 y 20 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece el derecho de la niña o niño a ser separado de su familia únicamente cuando ello sea necesario para su protección, es decir, que la medida de separación debe utilizarse de manera excepcional, y debe estar fundada y motivada, mas no debe considerarse la regla general, detalló la Defensoría.

En cuanto a que la norma defina al concepto de alienación como “transformar la conciencia”, presupone que la capacidad del niño de pensar por sí mismo es inválida, concluyó la Defensoría del Pueblo de Oaxaca.